"No nos han regalado nada". El avance en derechos laborales "es fruto de la lucha que durante muchos años hemos mantenido las empleadas del hogar", afirma Constanza Cisneros, una de las trabajadoras de este sector que durante años han luchado por que España reconociera la flagrante discriminación laboral que ha rodeado a este colectivo durante más de una década. Once años ha tardado nuestro país en dar los primeros pasos para ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de estas trabajadoras. El pasado mes de junio, el Parlamento inició los trámites para ratificarlo. El proceso está aún pendiente de la votación en el Senado, pero se trata, como reconocen las propias trabajadoras, de un paso burocrático.

El segundo gran avance, el más profundo, llegó este martes en forma de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y anunciado en rueda de prensa por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Supone el mayor paso adelante en la equiparación de derechos de estas trabajadoras, que desde hace años se han organizado para hacer presión política y para dar a conocer una realidad que algunos califican como una esclavitud en pleno siglo XXI. Hasta este martes, las trabajadoras del hogar en nuestro país no tenían garantizados los derechos laborales más básicos. A partir de este mismo martes, tendrán acceso al seguro de desempleo, una reivindicación histórica y una línea roja para las organizaciones que han constituido. También podrán cobrar del

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en el caso de que las familias se declaren insolventes, o tener reconocidos sus derechos en riesgos laborales. Un paquete de medidas que las equiparan al resto de trabajadores de nuestro país. 

"Estamos muy contentas por la aprobación de estas medidas", afirma Carolina Elías, presidenta del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). "El Real Decreto contiene cuestiones fundamentales porque lo urgente es acabar con la discriminación en relación a las prestaciones a la Seguridad Social y contiene varios cambios que lo facilitan", añade.

Elías, que insiste en reivindicar que los cambios son fruto de la lucha constante y organizada de los colectivos de estas empleadas, resalta la importancia también de que las medidas aprobadas por el Gobierno elimine el despido por desistimiento. Una figura "muy anómala", tal como ha explicado la Ministra de Trabajo, que se aplica a directivos de alta dirección y por la que no hay que explicar las causas del despido más allá de alegar la pérdida de confianza.

Las medidas afectarán a unas 390.000 trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres

Las medidas afectarán a unas 390.000 trabajadoras que en estos momentos están dadas de alta en la Seguridad Social, tal como explica Elías, "pero aún deja fuera a un grupo de entre 200.000 y 300.000 que permanecen en la economía sumergida por estar en una situación administrativa irregular". 

Un largo camino para conseguir derechos

"Nosotras no solo planchamos o limpiamos, sino que también cuidamos y dentro de este contexto hemos planteado nuestras reivindicaciones. Porque los derechos no son solo para nosotras, sino también para poder dar cuidados de la mejor manera posible y ahora sabemos que poniendo la lucha y el cuerpo se logran", afirma Cisneros. Esta trabajadora y activista recuerda que a lo largo de los últimos cuatro años se han reunido con diputados, organizaciones de la sociedad civil, políticos y con todo aquel que pudiera apoyar sus reivindicaciones. Explica que la gran unión entre distintas organizaciones de empleadas del hogar se inició de forma rotunda en 2018, cuando el entonces Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PNV y Ciudadanos, presentó la conocida como enmienda 6777, por la que retrasaba la equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar, que debían haberse aprobado en enero de ese mismo año. 

"Pero nos dejaron fuera", explica Cisneros. "En esa protesta ya nos conocíamos las organizaciones de las distintas comunidades autónomas y nos organizamos en una interterritorial, con conexiones con organizaciones internacionales. Nosotras fuimos las que planteamos documentos y presión para la regularización que ha conseguido los cambios de hoy". 

Durante su alocución tras el Consejo de Ministro, Yolanda Díaz tuvo un reconocimiento especial para la importante labor de estos colectivos: "Le quiero dar las gracias a las mujeres que trabajan en estos colectivos. Gracias a las asociaciones con las que hemos trabajado esta norma", dijo la ministra.

A partir de hoy, afirman las organizaciones de trabajadoras del hogar, toca conocer la letra definitiva del decreto y, sobre todo, estar pendiente de su seguimiento y que los derechos conquistados no se queden en un cajón como papel mojado. "Pedimos que nos tomen en cuenta también en la implementación de estos derechos, porque nadie como nosotras conocemos lo duro que es este trabajo y podemos aportar en la mejora de sus condiciones", añade Cisneros. Una de las reivindicaciones a partir de hoy es que el Real Decreto se convierta en ley. Pero no es lo único que queda por avanzar.

"La ley de extranjería nos persigue y criminaliza"

Tal como explican las distintas organizaciones, el grueso de las trabajadoras del hogar está realizado por mujeres migrantes, que suponen en torno al 80% de estas trabajadoras. Una de las principales reivindicaciones de este movimiento de cara al futuro es la erradicación de la ley de extranjería. 

"Mientras no se cambie esa ley las trabajadoras del hogar vamos a seguir precarias. Nos expulsan de nuestros países por el expolio que realiza el norte global. Llegamos principalmente desde América Latina y desde África endeudadas por este motivo y damos nuestra vida en el trabajo pasando grandes sacrificios y muchas vulneraciones de derechos. Tenemos que mantener a nuestras familias y nos metemos en casas como internas por 400 o 500 euros al mes principalmente en la economía sumergida por no tener papeles. Muchas dormimos a los pies de las personas a las que cuidamos, por lo que no solo nos centramos en reivindicar nuestros derechos, sino también en que haya cuidados dignos", relata Cisneros. 

Esta trabajadora recuerda que bajo esa ley, para tener documentos que les permita trabajar legalmente tienen que transcurrir tres años cotizando a la Seguridad Social, pero durante esos tres años no pueden trabajar por estar en situación administrativa irregular. Una pescadilla que se muerde la cola que arroja a muchas de estas mujeres a emplearse como internas por poco sueldo y en condiciones de semiesclavitud en muchos casos.

"Tenemos que hacer malabares para trabajar y tener un contrato de trabajo, lograr una tarjeta de residencia, una tarjeta sanitaria o incluso enviar a nuestros hijos a la escuela. Si nos quedamos sin empleo antes de esos tres años y no aportamos a la Seguridad Social perdemos los derechos adquiridos y volvemos a empezar. Antes al menos nos atendían en urgencias. Pero ahora en lugares como Madrid, la situación se ha vuelto muy dura porque a las migrantes nos han sacado de los registros. Antes del verano a una compañera embarazada y a punto de parir no la quisieron atender y vivimos una situación de negación de la salud y de los servicios públicos".

Tal como resaltan las empleadas del hogar, la lucha no ha acabado. No se trata solo de fiscalizar la aplicación de los nuevos derechos recién adquiridos, sino de ampliarlos. 

Otra área de mejora urgente, afirman, es la situación de las trabajadoras internas. En este punto no hay consenso entre las distintas organizaciones. Algunas creen que es necesario abolir el trabajo de internas. Otras no. Sin embargo hay un hecho que todas comparten: mientras no se modifiquen o eliminen los requisitos de contenidos en la ley de extranjería, esta forma de trabajo no podrá ser abolido. "Esta ley nos persigue y nos criminaliza", concluye Cisneros que afirma, al igual que otras consultadas, que las trabajadoras del hogar seguirán poniendo el cuerpo y la vida en la pelea.