"Prohibir el aborto causa muertes": por qué blindarlo en la Constitución tras el ataque de PP y Vox

Probablemente sin quererlo, el PP ha vuelto a abrir el debate del aborto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aceptó una propuesta de Vox para informar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo del síndrome post aborto. Un síndrome inexistente según la comunidad científica. Por eso, Pedro Sánchez ha propuesto blindar el derecho al aborto en la Constitución. ¿Por qué es necesario hacerlo?

En un contexto europeo donde las fuerzas ultraconservadoras vuelven a cuestionar el feminismo, proteger el aborto en la Constitución es afirmar que sin derechos reproductivos no hay igualdad real, y sin igualdad no hay democracia. Pero no va a ser tarea fácil porque para hacerlo se necesita una mayoría cualificada de tres quintos, sin embargo, el PP ya ha asegurado que votará en contra de la iniciativa. Una vez más, alineándose con la ultraderecha.

Esta no es la primera vez que la derecha intenta modificar o atentar contra la ley del aborto. En 1937, España fue pionera en la despenalización del aborto, pero la llegada de la dictadura franquista supuso un retroceso para este derecho -y muchos otros- de las mujeres.

Más recientemente, cuando en 2011 Mariano Rajoy ganó las elecciones, designó como ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien tuvo la intención de eliminar la Ley de plazos aprobada por Zapatero el año anterior. Quería volver a la ley de 1985 que solo contemplaba el aborto en tres casos: si el embarazo era fruto de una violación, si suponía un peligro físico o psicológico para la mujer o en caso de malformación fetal acreditada por informes médicos.

La última reforma de la ley de aborto la hizo en 2023 el Gobierno de coalición, con Irene Montero como ministra de Igualdad. La normativa devolvió la autonomía que el Gobierno de Rajoy había quitado a las menores de 16 y 17 años. Ahora, no necesitan el permiso de sus tutores legales para interrumpir un embarazo.

El plazo de aborto se mantiene igual, es decir, aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Sin embargo, se añadió una prórroga entre las semanas 14 y 22, entre las cuales sigue siendo posible abortar por causas médicas.

A la práctica, poco menos del 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos, según datos del Ministerio de Sanidad. Destacan casos como el de la Comunidad de Madrid, donde tan solo el 0,5% de los abortos se practican en centros públicos.

La desigualdad territorial del acceso al aborto es otro de los temas a tratar. Una de las causas es la falta de registro de médicos objetores del derecho al aborto, lo que impide una redistribución territorial de los recursos para garantizar el acceso público a la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de esta estrategia de refuerzo de los derechos, Pedro Sánchez ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de las Comunidades Autónomas que no cumplen con las medidas necesarias para regular el Registro de Personas Objetoras establecido en la Ley Orgánica 2/2010.

A la práctica, la reforma Constitucional propuesta por el Gobierno no serviría para resolver este problema estructural, pero sí que establecería un marco más sólido para exigir la igualdad de acceso en todo el territorio.

Hoy, con el PP y Vox en las instituciones, la ofensiva sobre derechos sexuales y reproductivos se ha reactivado. Hablamos de ello con Marisa Kohan, periodista experta en temas de género e identidad. También del peligro real de un retroceso en materia de aborto, como ha pasado en Estados Unidos o Argentina, y de las repercusiones que esto puede tener sobre las mujeres.