Trabajadoras del centro que vigila a maltratadores denuncian "situaciones bochornosas" por dejar el servicio en manos privadas

Trabajadoras del centro Cometa, servicio que gestiona el sistema de control telemático para agresores y víctimas de violencia de género con orden de alejamiento, se han pronunciado a fin de expresar su preocupación en una carta pública. En ella, han señalado su malestar por el uso político de una situación tan "delicada" como es la protección a las mujeres que sufren violencia machista: "Queremos denunciar el uso interesado y partidista que se está haciendo sobre los fallos del sistema". "Es absolutamente bochornoso", asevera el comunicado, "contemplar cómo mienten unas, haciendo afirmaciones categóricas sobre que todo está bien y todo son bulos" y "cómo manipulan otros, utilizando a una víctima muerta para relacionarla con fallos en el servicio, cosa absolutamente falsa".

Las empleadas han lamentado haber sido testigos directas de las consecuencias de la externalización del servicio a entidades privadas, cuya prioridad -afirman- es la rentabilidad: "Llevamos un año y medio siendo testigos de las consecuencias de migrar un servicio (...) que acaba perdiéndose en la externalización a través de empresas privadas cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios". No en vano, presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales ya reclamaron en marzo de este año 2025 -tal y como ha informado el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- la "ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa" y alertaron de "fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados".

Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que desconocen quiénes son las autoras del comunicado, por lo que no van a hacer valoraciones al respecto. Mientras que desde Securitas han querido destacar, en el mismo sentido, que "la misiva no lleva membrete ni firma de ningún trabajador ni de sección sindical alguna. La dirección de Securitas agradece la profesionalidad, implicación y compromiso de todos los trabajadores y las trabajadoras de la sala Cometa".

El escrito afea la fórmula bajo la cual tuvo lugar la transición al nuevo sistema, que derivó en las ahora conocidas incidencias y que se prolongaron durante más de un trimestre. Habla de "una migración para la que ni siquiera se planteó un piloto, sino que se hizo directamente y que afectaba a más de 4.500 parejas". Y critica, además, la falta de control público sobre los datos, advirtiendo que ha sido su manejo por parte de intereses privados lo que ha derivado en las situaciones "bochornosas" confirmadas en los últimos días.

"No somos capaces de entender cómo un servicio que forman tan pocas personas no ha sido o pueda ser absorbido por la Administración Pública, al menos para controlar la parte operativa y tener contacto directo con la recopilación, tratamiento y gestión de los datos y de la información de forma directa, sin que dicho traslado de información esté viciado por intereses privados", cuestiona el comunicado. Aunque Igualdad ha confirmado que los datos ya son de propiedad pública, el departamento de Ana Redondo también ha reconocido que por "falta de medios" el servicio no puede ser 100% público.

El contrato para la gestión de Cometa cambió de manos tras un proceso de licitación en 2023. La única oferta presentada fue la de la UTE formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, que empezó a operar el servicio el 8 de febrero de 2024. El cambio de proveedor estuvo marcado por los mencionados errores que tuvieron lugar en la migración de datos, de los que se hizo eco la Fiscalía General del Estado en su última Memoria anual. Unos fallos que afectaron a la continuidad del servicio. Hasta el momento, sin embargo, ni Igualdad ni el Ministerio Público han facilitado el número exacto de mujeres que pudieron verse afectadas. Securitas tampoco ha respondido a las preguntas sobre el alcance de la incidencia.

En la carta, las firmantes recuerdan que la responsabilidad última es tanto de Igualdad, como de las empresas adjudicatarias: "Queremos hacer hincapié en esto y en la nefasta gestión interna de una empresa que ralentizó la aceptación de los fallos, desacreditando lo que los operadores trasladaban, y, por tanto, la búsqueda de soluciones. Así como no evitó, e incluso fomentó, la salida de trabajadores con experiencia que abandonaron el servicio (...) después de porcentajes de bajas por salud mental absolutamente insostenibles".   

El comunicado hace especial énfasis en un ambiente laboral en el que señalar los fallos que están teniendo lugar en el servicio ha dado pie a "un clima de absoluta vigilancia por parte de la empresa": "Cualquier crítica es entendida como ataque".

Precisamente, la Sección Sindical de CCOO ha emitido una nota informativa en la que confirma que ha presentado una queja formal ante la empresa por el trato y las presiones que sufren los trabajadores de la Sala. El sindicato subraya que las dificultades que están saliendo a la luz estos días no se deben al personal, sino a "una mala gestión, y un modelo de supervisión basado en la intimidación y el señalamiento individual". De modo que ambos documentos coinciden en que los problemas actuales de Cometa tienen su raíz en la externalización y en una gestión deficiente. 

"La degradación y pérdida de confianza en Cometa tiene que ver con un sistema cuya tecnología no se pensó para el perfil de la persona a la que iba dirigida, tanto el software como el hardware y el propio sistema de control. También, aunque esto viene de largo, con una medida que se ha puesto de manera indiscriminada sin analizar cada caso y adaptar su implantación a la situación, cuando en muchos casos su utilidad es mínima y puramente revictimizante (pueblos pequeños, usuarios que viven a menos distancia de la orden o víctimas que no se autoreconocen como tal y no están preparadas psicológicamente)", insisten las trabajadoras.

Público se ha puesto en contacto con Vodafone y Securitas para preguntar por su valoración sobre el comunicado de las trabajadoras de Cometa, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.