La Fiscalía del Estado alertó en 13 ocasiones desde 2009 sobre incidencias y deficiencias en el sistema de pulseras para maltratadores
La Fiscalía avisó en sus cuatro últimos informes anuales sobre "la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa para decidir sobre la formulación de denuncia".
Madrid--Actualizado a
El funcionamiento de las pulseras telemáticas de maltratadores ha estado en el punto de mira en los últimos días después de que la Fiscalía General del Estado revelara que los fallos en el llamado centro Cometa ocasionaron "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones de agresores. En su Memoria Anual correspondiente a 2024, el Ministerio Público alertó de "múltiples fallos" detectados con estos dispositivos telemáticos", señalando "la potencial desprotección de las víctimas". El problema se remontaría al cambio de gestión del servicio en marzo de 2024, cuando pasó de estar en manos de Telefónica -que lo subcontrataba a Securitas Direct- a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Vodafone y Securitas.
Lo cierto es que, según los datos recabados por Público, problemas alertados en este último informe de la Fiscalía también se pusieron de manifiesto en las memorias correspondientes a 2021, 2022 y 2023. Asimismo, desde la implementación del sistema de seguimiento telemático, en 2009, la Fiscalía ha alertado de otras incidencias y deficiencias en nueve ocasiones más (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018).
No se hacen alusiones al funcionamiento de este sistema en las memorias de 2009 y 2019, mientras que en la de 2020, con motivo de la pandemia, la Fiscalía recordó la elaboración de "dos guías de actuación", una de ellas "facilitando información sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de control y la actuación del sistema Cometa". A continuación, Público detalla las menciones, incidencias, deficiencias y problemas del sistema de pulseras incluidas por la Fiscalía en hasta 13 memorias anuales desde 2009 hasta 2024.
2010: escasa implantación y varias deficiencias técnicas
La Fiscalía recogió que, pese a tratarse de un mecanismo de "indudable efectividad" en orden a la protección de las víctimas de violencia de género y ante "la escasa implantación de tales medios (248 a primeros de abril de 2010), la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer remitió un oficio a todos los fiscales delegadas solicitando un informe sobre si "se ha apreciado alguna deficiencia en su funcionamiento que haya determinado la no solicitud de su imposición".
En este capítulo, el Ministerio Público distinguió entre "deficiencias imputables a la actuación de los usuarios, deficiencias técnicas y otras causas". Los casos expuestos en la primera se referían a la "batería baja al no efectuar las oportunas recargas, alejarse del dispositivo GPS o pérdida GPS, falta de atención del usuario a las llamadas del centro al teléfono o GPS, se quita el brazalete, desatención de la víctima a las normas de funcionamiento, y por las circunstancias del imputado y/o la víctima (indigentes, sordomudos, discapacidad)".
En cuanto a las deficiencias técnicas, el informe detalló las siguientes: "Suena la alarma sin motivo continuamente; incorrecta instalación, la pulsera pierde el contacto con la piel, falta de cobertura en algunas poblaciones o 'zonas oscuras'; la disponibilidad de los técnicos (no siendo posible, en algunos casos, la instalación en fines de semana)". Por último, la Fiscalía apuntó otra problemática, relacionada con la necesidad de que para volver a instalar una pulsera a un imputado, hacía falta una "nueva orden judicial".
2011: sin informes sobre las alarmas a la Fiscalía
El informe de 2011 se hace eco de "mejoras en el sistema": "Se adquirieron por la empresa unos dispositivos adicionales que permiten la amplitud de la separación entre uno y otro mecanismo de 7 a 80 mts". O "en relación con la alarma por señal de cobertura baja, se han efectuado unas modificaciones en el brazalete y unidad Trak 2, con un módem GPS y GSM de mayor potencia, con lo que se ha conseguido reducir las alarmas por este motivo en un 71,5 por 100".
También, "a fin de evitar el retraso detectado en la remisión de informes que el Centro Cometa ha de remitir a los Juzgados en los supuestos de alarmas, se procedió a la semiautomatización de los informes y a la contratación de más operarios por parte de la empresa, consiguiendo que el plazo máximo de remisión de tales informes sea de 72 horas".
Asimismo, se recoge el compromiso tras la petición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista, que planteó "la necesidad de valorar el mantenimiento de estos mecanismos durante toda la ejecución de la pena de alejamiento en base a que el riesgo tiende a diluirse a medida que pasa el tiempo sin acercamientos ni contactos". Por otro lado, la Fiscalía adoptó las medidas precisas para que se procediera a incorporar en los informes los datos de identificación de los técnicos del centro Cometa.
A 27 de junio de 2011, con un 32% de los mecanismos instalados (a esa fecha, lo era para controlar medidas cautelares en las que la distancia de prohibición de aproximación era inferior a 500 metros –distancia mínima para garantizar una adecuada protección a la víctima–), "no se estaban remitiendo los informes sobre las alarmas a la Fiscalía". "Para dar estricto cumplimiento a lo allí acordado, se comunica que la remisión de tales informes se efectuará a partir del mes de agosto, lo que así se hizo", se señalaba en la memoria de ese año.
2012: problemas con la instalación múltiple y mejoras del sistema
El informe de 2012 señaló que la instalación de varios dispositivos para proteger a la víctima de violencia de género y a otras personas (sus hijos, familiares,...) acordada por los jueces "conlleva que el imputado o condenado tenga que portar tantos dispositivos como víctimas a proteger", debiendo tener dos dispositivos por cada víctima. Esta situación "llega en ocasiones al absurdo de que no sea posible la instalación, pues el número de brazaletes a instalar es superior a cuatro y sólo se pueden instalar en muñecas y tobillos. Por otra parte, la instalación múltiple puede afectar a la adecuada gestión de alarmas y alertas".
En 2012, también se constató un "estancamiento" en la implementación del sistema durante el año, con 781 dispositivos. "Se nos informó también de la necesidad de abordar diferentes mejoras del sistema, entre ellas, la de diferenciar en los informes si la alarma se ha producido por GPS o por GSM e incorporar en los informes la identificación de ambos usuarios y no sólo por el nombre del imputado/condenado".
Un problema recurrente en el sistema, según las memorias de 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
En las distintas memorias de la Fiscalía correspondientes a 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se constataron incidencias relacionadas con aquellas situaciones en las que "sólo la víctima es portadora del dispositivo por hallarse el investigado/condenado en prisión o en paradero desconocido, o aquellas otras en las que lo porta el investigado pese a que no lo hace la víctima, por razones diversas como puede ser su voluntad de no llevarlo".
Por otro lado, en el año 2013 se efectuaron "diversas mejoras relativas a la emisión de informes y al GSM", utilizado como sistema de apoyo en los supuestos de llamada perdida. El informe señalaba que se siguió trabajando sobre el Protocolo con Instituciones Penitenciarias con el fin de "resolver los problemas relacionados con la recuperación por parte del Centro Cometa de los dispositivos que se retiran al usuario que entra en prisión; con las comunicaciones que deben hacerse al Centro Cometa y al órgano judicial que acordó la instalación del mecanismo; y, en cuanto a la determinación del lugar en el que se ha de instalar el dispositivo a los presos puestos en libertad".
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En la memoria de 2014, el Ministerio Público alertó además de que, "desde el año 2011, se reciben en esta Fiscalía constantemente informes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista sobre las incidencias de especial gravedad o cuando concurren especiales circunstancias para realizar un seguimiento adecuado del funcionamiento de los dispositivos y facilitar, a través de la inestimable colaboración de los fiscales delegados, la solución más adecuada a las deficiencias comunicadas".
En 2016, para "facilitar la prueba de los delitos de quebrantamiento de usuarios de los dispositivos", el Ministerio Público incluyó el oficio del fiscal de Sala "por el que se hacía saber que se pueden solicitar al Centro Cometa la remisión vía correo electrónico de los mapas o pantallazos en los que se comprueba la localización del investigado respecto de las zonas de exclusión fijas o móviles de la prohibición (dado que en la remisión vía fax se dificulta la interpretación al recibir la información en blanco y negro), así como cualquier otra información relevante".
En 2017, el informe valoró "positivamente" la tendencia creciente en la instalación de dispositivos desde finales de 2016, estando activos a fecha 30 de mayo de 2017 un total de 946, "constatando que el 19% de los instalados se corresponden con penas y/o medidas de alejamiento a distancia inferior a 500 metros, recordándose las dificultades de funcionamiento de los dispositivos a esa distancia".
2018: mejoras y necesidad de simplificar los procedimientos
En el informe de 2018, la Fiscalía recogió el nuevo contrato suscrito con la entidad gestora (Telefónica) para la adquisición de los dispositivos por un periodo de dos años y seis meses. También se informó de la mejora de las prestaciones técnicas de los nuevos dispositivos, así como del protocolo de renovación de los ya instalados.
Asimismo, "se planteó una vez más la necesidad de simplificar los procedimientos de comunicación de incidencias para evitar una duplicidad de actuaciones y la necesidad de reforzar la formación de Jueces y Fiscales sobre este tipo de dispositivos telemáticos". Al respecto, se subrayó que la propia Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia "están desarrollando dichos cursos para los Fiscales". También, se abordó "la posibilidad de regular la instalación de los dispositivos en el seguimiento de medidas de seguridad".
2021, 2022, 2023 y 2024: problemas reiterados
En los cuatro últimos informes de la Fiscalía, correspondientes a 2021, 2022, 2023 y 2024, se destaca el aumento del uso de estos dispositivos. También, se expresaron de manera reiterada "los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa para decidir sobre la formulación de denuncia".
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Asimismo, las memorias de 2022, 2023 y 2024 informaron sobre el aviso de varias fiscalías, en las que denunciaban "lo gravoso que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos". Otra reflexión realizada en los informes de 2021, 2023 y 2024 es la "indiscutible utilidad" de los dispositivos como instrumento para proteger a las víctimas, "resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo telemático de control".
Por último, en el informe de 2024, objeto de la polémica actual, la Fiscalía hizo referencia a un denominador común, relacionado con "el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento a consecuencia del cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos". La memoria subrayó que dicha "anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM [Juzgado de Violencia Machista] como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios".
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