Esther López Barceló es Responsable de Memoria Democrática de IU

Rafael Escudero Alday es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III 

Hoy es 20 de noviembre. Hace 41 de la placentera muerte del dictador. Día en que todas miramos a ese monumento a la infamia levantado en el valle de Cuelgamuros, en la sierra de Madrid, simbolizando aún hoy, la apología del fascismo que asoló España durante cuatro décadas. Erigido para "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada" (art. 1 del Decreto de 1 de abril de 1940), el interior de su basílica alberga las tumbas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del dictador Francisco Franco. Ambos en ubicación preferente y destacada con relación al resto. En capillas laterales se encuentran los restos de más de 33.000 combatientes en la Guerra Civil; los "caídos" a que hace referencia el nombre oficial del monumento. Conviene advertir que, aunque el propósito inicial del monumento fuera que en él descansaran solo los caídos del "bando nacional", en 1958 se modificaron sus objetivos fundacionales para trasladar allí también a los del "otro bando". Al provenir de fosas comunes, muchos de estos últimos no están ni tan siquiera identificados, de la misma forma que sus familiares nunca fueron informados de su traslado al valle. Lamentable paradoja que el mausoleo del criminal albergue junto a él los restos de quienes fueron asesinados en su nombre.

Es injustificable que en democracia, se permita la existencia de este monumento en las condiciones actuales, que son las propias de un lugar de exaltación franquista por excelencia. Que el Valle de los Caídos se mantenga intacto como un lugar anclado en el pasado es la materialización más paradigmática de que la impunidad del franquismo permanece. De entrada, porque se encuentran allí restos de personas sin identificar, a pesar de que su exhumación viene siendo reclamada por sus familiares desde hace ya muchos años. Un derecho que está vetado para los allegados y descendientes de los republicanos trasladados al valle que han de vivir con la amargura de que personas no católicas vivan enterradas bajo una gigantesca cruz y a pocos metros del dictador. Un nuevo insulto a su memoria y otro factor de revictimización que el Estado español debería reparar cuanto antes.

Este Valle de la Ignominia está además sufragado con fondos públicos, dado que la propiedad y mantenimiento del monumento compete a Patrimonio del Estado

Este Valle de la Ignominia está además sufragado con fondos públicos, dado que la propiedad y mantenimiento del monumento compete a Patrimonio del Estado. Que sea el Estado español -es decir, sus contribuyentes- quienes financiemos la tumba del dictador es el colmo de esta sinrazón, de esta anomalía democrática inédita en el resto de Europa. El inmenso valor simbólico que tuvo el Valle de los Caídos para el franquismo no parece ser óbice para que los sucesivos gobiernos habidos desde 1975 no se hayan planteado qué hacer con el mismo o qué sentido darle desde la perspectiva de los valores democráticos. Es más, ni tan siquiera se han atrevido a dar una solución a los familiares de quienes allí se hayan enterrados en contra de su voluntad tras ser asesinados por el régimen.

En 2007 la llamada ley de memoria histórica abordó la cuestión del mausoleo de Franco. Su art. 16 señala que se regirá por la normativa aplicable a los cementerios y lugares de culto, prohibiéndose la realización en él de actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra Civil o del franquismo. Como puede apreciarse, el tratamiento del lugar resulta acorde con la filosofía general que preside esta ley: parcial e insatisfactorio. El legislador se centra en su carácter de cementerio y lugar de culto católico, ignorando (deliberadamente) todo lo que supone como símbolo del franquismo. De todas es sabido que el valle no es ni se representa tan solo como una basílica, sino que encierra y exalta toda una simbología profundamente contraria a la que debería promoverse desde el Estado constitucional que dice ser el Estado español. Así, la ley optó por mantener el lugar tal y como se concibe desde su inauguración en 1959, sin cuestionar su existencia ni tan siquiera abordar un planteamiento alternativo al que tuvieron los franquistas. También en este punto, la ley de memoria histórica sigue la filosofía de falta de memoria democrática y olvido a las víctimas que desde la Transición preside nuestra convivencia.

De todas es sabido que el valle no es ni se representa tan solo como una basílica, sino que encierra y exalta toda una simbología

En el Valle de los Caídos lo simbólico excede la forma y se halla además en la propia historia de su construcción, a manos de batallones de presos antifranquistas que como mano esclava levantaron la tumba de quien les oprimía. Así pues, consciente de la insatisfacción que generó esta respuesta legal, el gobierno de Rodríguez Zapatero intentó maquillar la cuestión encargando a una comisión de expertos la realización de un informe con propuestas sobre el futuro del valle. Su creación se pospuso a mayo de 2011, con la legislatura casi agotada, y su informe se hizo público en noviembre de ese mismo año, ya con el gobierno socialista en funciones tras la victoria electoral del PP justo unos días antes. Que las recomendaciones del informe -algunas de ellas sumamente oportunas, como la del traslado de los restos del dictador al lugar que designara su familia- cayeran en saco roto, era algo fácilmente predecible, dado el desprecio que el PP ha mostrado siempre hacia la memoria histórica, por un lado, y los derechos de las víctimas del franquismo, por otro. Cuesta pensar que el gobierno socialista que trabajó con este calendario no fuera consciente de esto último.

En los últimos tiempos, quien ha dado una buena clave sobre cómo abordar el futuro del valle ha sido Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su informe de julio de 2014 -emitido tras su visita a España en enero de ese mismo año- recomienda su "resignificación", de manera tal que deje de ser un sitio de exaltación franquista, como es ahora, para convertirse en un lugar de dignificación de las víctimas y de promoción de la verdad y la memoria. Un lugar, añade el Relator, con función educativa y explicativa donde las víctimas -y no los "caídos"- ocupen un lugar central.

En suma, a la hora de plantearse el futuro del conjunto monumental, conviene distinguir dos momentos con objetivos diferentes. Con respecto al primero, sus medidas estarían fundamentadas en el imperio de la ley y derecho a la reparación de las víctimas. Se trata de medidas que deben abordarse con carácter previo e ineludible a cualquier actuación posterior y sobre las que, además, existe un cierto consenso entre víctimas y entidades memorialistas. En primer término, la retirada de la tumba del dictador (y de las flores allí siempre presentes). Igualmente, la retirada de toda la simbología franquista que pueda quedar en todo el recinto, tanto en el espacio de culto católico como en el que no lo sea. Ello afecta también a la posición preeminente que la tumba de Primo de Rivera ocupa en la basílica. Este último, por cierto, llevado allí en peregrinación sagrada desde Alicante, en cuyo cementerio yacía.

Es injustificable que en democracia, se permita la existencia del Valle de los Caídos en las condiciones actuales

Téngase en cuenta que el art. 15 de la ley de memoria histórica obliga a la retirada de toda la simbología exaltadora del franquismo, sin distinguir si esta se encuentra en propiedad pública o privada. De ahí que este mismo artículo prevea que las administraciones puedan retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que así no lo hagan. Así, lo dispuesto en este artículo se aplica también a todo el recinto, dado que se trata de un espacio público, abierto al público y sostenido con fondos públicos. De negarse, la comunidad benedictina allí presente podría ser sancionada con la retirada de la aportación económica que reciben del Estado. Hay mecanismos legales para terminar con toda esta exaltación franquista; lo que no hay, ni ha habido, es voluntad política para ponerlos en práctica.

En segundo lugar, y para satisfacer el derecho a la reparación que el Derecho internacional reconoce a las víctimas, urge la realización de un estudio científico integral sobre el estado en que se encuentran los restos de quienes fueron llevados allí sin aquiescencia ni tan siquiera conocimiento de sus familiares. Sus peticiones de identificación y exhumación deben ser atendidas sin más dilaciones ni excusas por parte de los poderes públicos. En ningún caso está justificado que, de ser posible material y técnicamente, permanezcan un minuto más en un lugar de culto de una fe que no profesaban y bajo una cruz que no reconocían. Mientras así no se haga, el Estado español vulnera sus obligaciones internacionales en materia de reparación a las víctimas de la dictadura.

Una vez realizadas estas medidas es cuando, en una segunda fase, puede ponerse en marcha la resignificación del lugar. Será entonces el momento de debatir el tenor de las posibles medidas (museo, centro de interpretación, memorial) y, en suma, si resulta posible cambiar por completo el sentido a un monumento que estructuralmente se concibió y nació como lugar de memoria franquista.

Pero mientras lo primero no se haga, mientras la ley se vulnere y los derechos de las víctimas sigan ignorados, lo único que veremos en el valle de Cuelgamuros es una gigantesca cruz asociada a esa ideología totalitaria y deshumanizadora que fue el franquismo. Mientras no se haga nada, la impunidad prevalecerá. No sólo la cruz y el mausoleo seguirán anclados a un tiempo oscuro e infame, sino que será el síntoma de que miles de personas siguen siendo víctimas de un régimen que ya no existe o no debería existir. Otro año más, en 20 de noviembre seguimos denunciando que la infamia aún perdura. De nosotras depende que no sea para siempre.