2018 y el fin de la Justicia

Por Luis Suárez, miembro de La Comuna.

El año en que la justicia posó en cueros

Que la justicia estaba desnuda lo sabíamos ya antes de 2018, aunque fingíamos que la veíamos cubierta con una púdica sábana o toga y cegada con una venda como en sus representaciones mitológicas y artísticas.

En realidad, estaba en pelota picada, pero nadie lo reconocía en voz alta, sólo en susurros. Y carecía de venda, tenía los ojos bien abiertos y mirando siempre al poder, un ojito puesto en el gobierno, el otro enfocando al dinero.

Este año recién acabado ha sido cualquier cosa salvo tranquilo para una justicia sometida a un protagonismo muy por encima de sus capacidades interpretativas; ha sido sin duda esa forma de llamar la atención y quedar en evidencia la que nos ha permitido descubrir o reconocer abiertamente su carencia de ropaje, o, digamos, de respetabilidad.

Sin túnica que cubra sus (des)vergüenzas, nuestra justicia se ha mostrado en toda su penosa corporeidad. Y no es únicamente que hayan brillado por su ausencia atributos inexcusables en una justicia verdadera como la defensa de derechos humanos y la independencia, es que a nuestra judicatura este año le han tenido que afear la conducta sus homólogos europeos, y no una, sino varias veces.

La judicatura triunfa en su particular eurovisión (premio al ridículo)

Le tiraron de las orejas, por ejemplo, con relación al ya viejo proceso de 2011 a Arnaldo Otegui. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentenciando: ‘se vulneró el derecho de los acusados a un juicio justo por la falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo’. En este caso, como en tantos otros, cuando la justicia de verdad se ha abierto paso entre el fango de chapuzas legales, ya es demasiado tarde para arreglar el estropicio.

Aquí abro paréntesis para hacerme una pregunta retórica: ¿no serán los tribunales cuando actúan contra derecho plenamente conscientes de ello, pero sepan al mismo tiempo que el daño que quieren infligir será irreversible cuando se quiera desfacer, confiando por otra parte en que sus poltronas no peligrarán, pues nunca serán expedientados por sus compinches (perro no come perro)?

Siguiendo con los repasos del hermano mayor, es decir, los tribunales europeos, más varapalos han caído a cuenta de la persecución en que se han empeñado contra los representantes catalanistas. El caso de Puigdemont puede considerarse de traca, no se había visto un ridículo semejante desde hacía mucho, hasta llegar a recordarnos la imagen de la servil ‘justicia’ franquista.

Lo más lamentable quizás en este caso fue comprobar el cierre de filas judicial alrededor del inefable Llarena tras ser vapuleado por sus homólogos alemanes, haberse envainado su eurorden y ser a su vez encausado desde Bélgica. El corporativismo sale al quite exigiendo al gobierno que le respalde y le pague una defensa tan cara como imposible.

¡Qué chiquillada! Cuándo se enterarán de que el personal togado, por mucho que se adorne con puñetas almidonadas, no es merecedor, en principio, de más respeto que cualquier otro gremio; que el respeto se gana, no se exige. Y que sus desaguisados los deben pagar sus autores, no nuestros impuestos.

También les han enmendado la plana en procesos abiertamente represivas, violadores de derechos básicos como el del rapero Valtonyc. La justicia belga (de nuevo) denegó su extradición al considerar que los delitos por los que fue condenado en España están amparados bajo la libertad de expresión.

Una justicia reaccionaria, misógina y clasista

Probablemente la justicia nunca pueda abstraerse plenamente de las creencias de los jueces, pero nuestros tribunales han dictado algunas sentencias que son abiertas declaraciones ideológicas antidemocráticas. Por citar solo un par de ellos: Alsasua y ‘la manada’.

En el caso Alsasua, la Audiencia Nacional se ha empecinado, contra pruebas y razones, en convertir una pelea de bar en un delito de atentado y odio, imponiendo penas de cárcel del todo escandalosas. Y en el de ‘la manada’, el tribunal (Audiencia de Navarra en este caso) se ha negado contra viento y marea a reconocer el delito de violación, en una interpretación misógina de la ley, que supone la desprotección de las mujeres ante agresiones machistas grupales de este tipo, o al menos el tratamiento benévolo de los criminales.

Nuestra judicatura también ha tenido tiempo en este año tan ocupado de mostrar su clasismo, y lo ha hecho desde sus ‘más altas instancias’, en concreto el Tribunal Supremo, que nos ha proporcionado uno de los más bochornosos reality-shows vividos en tiempos recientes, al desdecirse y fallar (literalmente) a favor de la banca y en contra de la ciudadanía, en el asunto de los impuestos de las hipotecas.

Independencia judicial, versión PP

¿Sería posible empeorar aún más la imagen de nuestra ‘justicia’? Difícil parece, pero sí, ha sido posible. El año ha concluido con un episodio esclarecedor protagonizado por Ignacio Cosidó, exdirector de la policía, actual senador del PP, presunto integrante de las cloacas del estado (la ‘policía política’ se montó bajo su dirección), del cual se han difundido unos mensajes en los que alardea del control de su partido sobre los jueces del Supremo.

‘Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España’, explicaba candorosamente Cosidó, refiriéndose a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en sus mensajes, que se distribuían sin recato al conjunto de senadores y senadoras de dicho partido.

En breve: descaro de políticos y sumisión de jueces; órganos y cortes judiciales cortadas a la medida del poder.

Como aderezo, otros ‘fallos’ judiciales por lo que aparenta ser simple desidia (o no tan simple): véase el caso del expresidente murciano, Pedro A. Sánchez, cuyo sumario por corrupción se ha cerrado sin haberse practicado ninguna prueba gracias a la inacción de la magistrada de turno, con la ayuda de una ley de enjuiciamiento criminal promovida por Rajoy y aprobada en 2015, que (nada inocentemente) redujo los plazos de instrucción.

¿Y qué hay de lo nuestro?

Pero déjenme hablar también de lo ‘nuestro’, aquello que nos toca más directamente a las víctimas del franquismo, y en general a la causa contra la impunidad de los crímenes de aquel régimen, esa espesa vergüenza que enturbia nuestra democracia.

Este año ha habido algunos muy tímidos avances en las deudas de justicia, en concreto en materia de bebés robados (una primera sentencia sin consecuencias prácticas por la prescripción del delito), pero la nula colaboración de los tribunales en el acceso a la justicia se ha mantenido en general impasible. Valga como ejemplo el sistemático archivo de las querellas que hemos presentado ante múltiples juzgados territoriales contra torturadores como J.A.G. Pacheco (‘Billy el niño’).

En lo que se refiere a la también reiterada y negada exigencia de la nulidad de procesos y sentencias de los tribunales franquistas, la Fiscalía General del Estado ha rechazado anular el proceso y condena a muerte del presidente catalán Lluis Companys (fusilado el 15 de octubre de 1940), alegando que dicha sentencia era ‘inexistente’, demostrando así que el oficio de fiscal no está reñido con el de cómico.

Nuestra judicatura ha mostrado en este sentido una unánime insensibilidad en materia de derechos humanos, y de paso nos ha brindado alguna muestra de su pedigrí franquista. Y aquí, este repasito de puntillas sobre el annus horribilis de los tribunales vuelve a su punto de partida, es decir, a la causa general contra el ‘procés’.

Autorretrato de fiscal neofranquista

El escrito de acusación presentado en noviembre por la fiscalía, en su desesperada búsqueda (invención) de una violencia a todas luces inexistente, no se le ha ocurrido mejor prueba (majadería) que la utilización por Jordi Cuixart de la expresión '¡no pasarán!’ el 20-S.

¡Qué fiel autorretrato de un fiscal neofranquista sobre paisaje de camposanto, banderas al viento y paredón!

Pues, eso, a ver si en 2019 levantamos un buen NO PASARÁN frente a la tropa judicial y sus tropelías.