El final de las fiestas ha venido marcado en Andalucía por la provocación de su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, al pintarse la cara de negro (blackface) para encarnar a Baltasar en la cabalgata de Sevilla. Si innecesario era asumir cualquier representación real, más aún lo era la de este rey en concreto, volviendo a empapar de racismo un acto que lleva décadas señalado por la comunidad negra.  

Cualquiera que conozca a Moreno Bonilla no espera de él ningún acto de humildad, como podría haber sido representar el papel de paje real. Entre ese extremo y convertirse en Baltasar, indignando e insultando a la comunidad negra, hay un abismo. El presidente andaluz no tenía ninguna necesidad de encarnar ese personaje; si no podía contener sus ganas irrefrenables de tener protagonismo ese día, podría haber optado al menos por Melchor o Gaspar, pero no, prefirió rozar el ridículo mientras faltaba gravemente al respeto de una parte de la ciudadanía con un gesto racista. 

Si el Manual de Convivencia que vende Moreno Bonilla consiste en ignorar los sentimientos del prójimo, no debería servir ni para calzar un sillón cojo. Este es el quid de la cuestión: lo que revela el blackface del presidente andaluz es su total ausencia de empatía, en este caso, con las personas negras, pero que en realidad se extiende a los colectivos que le son ajenos o, simplemente, que entorpecen su acaparamiento de poder.  

Durante esta legislatura, que entra en su recta final, la falta de empatía de Moreno Bonilla se ha evidenciado constantemente. Si cada masiva manifestación en defensa de la Sanidad Pública ha sido tachada de movimientos partidistas sin fundamento, la última ofensiva del PP andaluz al frente de la Junta de Andalucía ha sido criminalizar a las mujeres víctimas de la negligencia en el cribado de cáncer de mama. El gobierno de Moreno Bonilla ha revictimizado a estas mujeres para, después, tratar en vano de invisibilizarlas.  

Algo parecido ha sucedido con las víctimas de violencia de género, que han visto cómo las organizaciones que les prestaban auxilio han sido estranguladas financieramente por la Junta de Andalucía; se imponía el teléfono de violencia intrafamiliar para opacar la violencia machista y únicamente se ejecutaba el 44% del presupuesto destinado a combatir esta lacra. 

Los y las jóvenes también han sufrido la indiferencia, sino el desprecio, de Moreno Bonilla, con una gestión deficiente del Bono de Alquiler Joven, cuyos fondos venían directamente del Gobierno de España. La Junta de Andalucía únicamente tenía que distribuirlo y ni siquiera fue capaz de dimensionar la capacidad de la página web para hacerlo. Con la demora de más de un año en su entrega, obligó a jóvenes a solicitar préstamos bancarios o, incluso, a regresar con sus padres y madres. En lugar de asumir su responsabilidad, culpó al gobierno central, pese a que la práctica totalidad de comunidades autónomas sí cumplió con los plazos. 

Y si acceder a una vivienda –de compra o alquiler- es misión imposible en Andalucía no sólo para los y las jóvenes, éstos también tienen cada vez más complicado estudiar, subirse a un ascensor social que Moreno Bonilla quiere mantener en el sótano. Su asfixia económica a las universidades, mientras desvía dinero público a los centros privados de nuevo cuño que ni siquiera cumplen con los mínimos exigidos, se suma a la insuficiencia de plazas de Formación Profesional (FP) para quienes no quieren /pueden optar a estudios universitarios. De nuevo, el gran beneficiado de la falta de plazas públicas es la empresa privada, cuyos centros crecen como setas en Andalucía. 

El betún con que Moreno Bonilla tintó su cara la noche de Reyes bien pudo sacarlo de su propio corazón, pues también ignora a los colectivos en riesgo de exclusión. Después de haberse subido al carro de la criminalización del colectivo migrante, continúa mirando para otro lado ante los abusos que se cometen contra los y las temporeros, cuya explotación lucra a unos pocos empresarios y eleva el PIB andaluz.  

La empatía del presidente andaluz con quien menos tiene es nula, tal y como constata que el presupuesto destinado por la Junta de Andalucía a la Renta Mínima de Inserción Social se ha reducido un 79,8% en los últimos cuatro años, según denuncia el PSOE andaluz. A medida que el Gobierno de España ha mejorado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Moreno Bonilla ha recortado la Renta Mínima pese a ser compatibles ambas ayudas, de modo que, aunque la exclusión aumenta, las personas beneficiarias han pasado de más de 110.000 en 2020 a algo más de 14.000. 

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