El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está muy enfadado con el director del puto-podcast La Base, Pablo Iglesias, por su hiperbólica definición del empoderamiento de Isabel Serra, condenada cuando era activista en un juicio que apesta a lawfare y donde las declaraciones policiales (Policía Municipal, en este caso) están por encima del bien y del mal, o sea, de la ausencia de pruebas. Nadie las ha visto salvo la acusación, o eso dice.

A Serra, cuya condena fue ratificada por el Supremo en 2021, año y medio después de que la condenase el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le ha notificado la semana pasada este mismo TSJM que comienza ahora la ejecución de la pena de inhabilitación de un año y siete meses, es decir, tres años después de que fuera condenada. De esta forma, la líder de Podemos en Madrid queda inhabilitada a presentarse en ninguna lista electoral hasta 2025. Un lawfare redondo para cargarse a una candidata de Podemos.

El alcalde de Madrid, que amenaza con reprobar a Iglesias y advierte de que la Policía Municipal podría denunciarle, ha encontrado en el exvicepresidente una excusa perfecta para desviar el foco sobre este cuerpo policial y el presunto comportamiento corrupto de su cúpula en locales de intercambio de parejas, amaños de oposiciones y órdenes a agentes para que acudan con uniformes de gala a dar lustre a celebraciones privadas de altos mandos. De hecho, se trata en este último caso del comisario de la Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, y el intendente José Rodríguez Vacas, que se llevaron al funeral de la madre de aquel a cuatro agentes uniformados. Y "no es la primera vez" que lo hacen, denunció Marta Higueras, concejal del Grupo Mixto que ha denunciado y pedido comisiones de investigación sobre "las corruptelas" de la cúpula policial madrileña. Sin éxito, porque denunciar a Iglesias por ejercer su libertad de expresión, sí, pero investigar a un organismo policial que debe ser escrupuloso con el dinero público y su comportamiento, ya tal.

Hace demasiado tiempo que la sombra de la corrupción planea sobre los popes de la Policía Municipal de Madrid, pero ni al alcalde ni a su equipo parece interesarles lo más mínimo esclarecer esos comportamientos. El episodio del local de intercambio de parejas por parte del intendente Vacas, que según los responsables del local enseñó su placa de policía para entrar por sus santos mismísimos, no tiene desperdicio. Vacas acudió acompañado de su chófer y de un agente opositor del tribunal de cuyas pruebas formaba parte el propio intendente. Primero lo negó todo (ni iba a tomar una copa, sino a hacer una inspección, dijo, ni iba con el señor opositor), pero un vídeo de El Mundo le hizo tragarse el sapo y ser expulsado del tribunal: iba con el opositor y fue a tomarse una copa, además, saltándose las normas del local: solo parejas a partir de determinada hora. Vacas les llamó "puticlub", haciendo gala, además, de un nivel exquisito en el trato.

El alcalde ya ha defendido al comisario Morcillo (“Me parece un tanto apresurado, como se pretende desde la izquierda, pedir el cese del comisario Morcillo que, por cierto, lleva muchos años en la Policía Municipal”) y el intendente Vacas sigue en su puesto, pese a abandonar el tribunal de oposiciones. ¿Qué información maneja esta gente para que nadie toque un pelo del cargo que ocupan? ¿Qué intereses tiene el Gobierno municipal en no dejarles caer pese a las bochornosas publicaciones de prensa y los avisos constantes de la oposición sobre estas "corruptelas" indecentes, valga la redundancia? Estas preguntas nos las hacemos los periodistas y las ciudadanas que no queremos que nuestros impuestos acaben siendo utilizados para abusos de poder y "corruptelas", pero nadie nos responde. Sobre Pablo Iglesias, eso sí, todo lo que quieran y más.