En una situación de emergencia habitacional absolutamente transversal -no sólo para los y las jóvenes-, la declaración de más de 53.000 pisos turísticos ilegales fue más que bienvenida por la ciudadanía. De acuerdo a la ley, esos inmuebles no sólo han de ser automáticamente retirados de las plataformas de anuncios en internet, sino que la única manera legal de sacarles rendimiento económico es alquilarlos por larga temporada, es decir, para vivir. Miel sobre hojuelas… pero no. Llega la derecha, encarnada en el PP y el empresariado más rancio, y tira por tierra este posible alivio habitacional.

Andalucía es el mejor ejemplo de esta nueva indecencia política y social. De lejos, se trata de la Comunidad Autónoma con más registros obligatorios revocados, es decir, con más pisos turísticos ilegales, con 16.740. Se da la circunstancia añadida que prácticamente la mitad de esos pisos se encuentran en la provincia de Málaga, donde alrededor de medio millar de personas poseen cada uno más de 50 inmuebles urbanos. 

El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla debería estar agradecido de que sea el Gobierno de España quien le hace el trabajo, pero no. En su lugar, se niega a declarar ilegales estos miles de pisos turísticos alegando que se trata de un “atentado contra el turismo andaluz”, en palabras del consejero del ramo, Arturo Bernal. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPro) indican que todo se debe a un tema burocrático, volviendo a sonrojar a la Junta de Andalucía por su lentitud administrativa, que en el pasado otorgó los Bonos al Alquiler Joven con años de retraso. 

Sin embargo, desde que el Registro Digital Único fuera aprobado el año pasado ha habido tiempo más que suficiente para inscribirse correctamente; quien no cumplía los requisitos se ha quedado fuera. ¿Por qué mantenían esos pisos licencia turística hasta ahora? Sencillo, porque las otorga la Junta de Andalucía y, como hablan los datos por sí solos, ha sido demasiado laxa en sus criterios, bastando una simple declaración responsable del propietario para operar como piso turístico. 

Se ha primado el negocio sobre el derecho constitucional a la vivienda y, pese a las 10.000 licencias que revocó hasta el pasado mes de agosto, el gobierno de Moreno Bonilla ni ha estado ni está a la altura. Como cabía esperar, la Junta ha utilizado el comodín de las competencias autonómicas para declararse en rebeldía y reafirmar su poder soberano en cuanto a otorgar o retirar licencias turísticas. Efectivamente, esa es su competencia, pero dar vía libre a pisos turísticos ilegales no parece actuar de acuerdo a la ley. A todas luces se me antoja como un amparo al negocio del alquiler ilegal.

Al mismo tiempo, Moreno Bonilla también juega la carta del empleo, creando la ilusión óptica de que esos pisos turísticos ilegales generan puestos de trabajo dignos. No sucede de ese modo en la mayoría de los casos. Entenderán que, con más de 85.000 pisos turísticos en Málaga, sumando legales e ilegales, según el registro de la Junta de Andalucía, es raro quien no conoce a alguna persona que posea o gestione alguno de ellos. Pues bien, la mayor parte de las veces se trata de empleos precarios, sin contrato ni Seguridad Social y pagados en metálico. Suponen, además, una competencia desleal frente a los alojamientos turísticos que cumplen con la ley; como es el caso de los hoteles, sujetos a requisitos mucho más exigentes. En definitiva, este tipo de pisos turísticos ilegales son una lacra para los habitantes de una ciudad y para el propio turismo, al que daña desde dentro. 

El discurso de Moreno Bonilla y AVVAPro es el mismo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. El temor a una menor llegada de turistas por eliminar plazas turísticas y a la pérdida de dinero fácil parece tener más peso que el bienestar que puede procurar a las personas que habitan esas ciudades. En términos económicos, incluso, los beneficios de poner en el mercado más alquiler de larga temporada son exponenciales dado que reduce tiempos de desplazamiento, disminuye la contaminación, favorece la conciliación y dispara la productividad… pero unos pocos ganan menos, cierto. 

Claro está que para que se dieran estos beneficios sería necesario no volver a caer en la especulación en ese alquiler de larga temporada, declarando, por ejemplo, zonas tensionadas. Sin embargo, también en esto el PP se declara insumiso y prioriza el negocio al derecho a tener un techo digno, y se niega sistemáticamente a aplicar la Ley de la Vivienda, asegurando que es por ella por lo que los precios se disparan. Allá donde gobiernan, efectivamente, los precios de la vivienda, tanto de compra como alquiler, se han incrementado significativamente, con Málaga a la cabeza… pero, si no están aplicando la Ley de la Vivienda en esos lugares, ¿cómo es posible atribuirle el aumento de los precios?

El resultado es que el PP se ha convertido en defensor de especuladores y rentistas que, por otro lado, también aplauden medidas como las ayudas del PSOE al alquiler, que contribuirán a llenarles los bolsillos sin bajar los precios. La derecha ha sido determinante no sólo en convertir a nuestras ciudades en lugares imposibles para vivir, sino también imposibles para estudiar. Miles de estudiantes de toda España han de cambiar sus destinos de estudio o, incluso su carrera universitaria, porque ni siquiera con la beca más alta es posible costearse un alquiler en ciudades como Madrid o Málaga. 

“Vivienda” va a ser una de las palabras mágicas en todos los procesos electorales que se avecinan. Los mensajes se van a intoxicar, sembrados de medias verdades y mentiras atroces. El Proyecto de la Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, presentado hace tan sólo unos días, es una oda al ladrillazo. Por supuesto que es preciso construir más vivienda VPO para resolver la incompetencia al respecto de los gobiernos autonómicos y centrales, pero no es suficiente. Es indispensable intervenir el mercado, poner orden en esta suerte de lonja inmobiliaria en que los especuladores han convertido el parque actual de vivienda. El punto de partida para ello es anteponer el derecho a la vivienda al libre mercado y el PP no está por la labor.