Si hay una idea que se ha repetido hasta la saciedad durante esta legislatura es que tiene que ser "la legislatura de la vivienda". La dificultad del acceso a un techo atraviesa el país de cabo a rabo y las expectativas nulas de que se apliquen las soluciones necesarias para destensionar el mercado enfadan a la población, que ha salido a la calle a borbotones para protestar por un derecho que se le ha arrebatado. Consciente de la preocupación que representa para grandes sectores de la ciudadanía, el Gobierno se ha acostumbrado a presentar, cada cierto tiempo, paquetes de medidas de choque.

Ha ocurrido esta semana. Este mismo lunes, en la reunión interparlamentaria del PSOE, Pedro Sánchez anunció tres iniciativas enfocadas a los jóvenes: ayudas al alquiler con opción a compra de alrededor de 30.000 euros, ayudas de hasta 10.800 euros para comprar vivienda rural y un seguro para dar seguridad a los propietarios frente a posibles impagos.

Son tres medidas que no han podido caer peor entre los aliados del Gobierno. Ni siquiera Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo y, por lo tanto, más prudente a la hora de arremeter contra su compañero de Consejo de Ministros, ha escatimado en críticas. 

"La solución no pasa por más ayudas de este estilo", explican fuentes de los de Yolanda Díaz en conversación con Público: "La vivienda no es un problema solo de los jóvenes y este tipo de medidas solo infla aún más la burbuja y llena aún más el bolsillo de rentistas y especuladores. Ya ha pasado en otras ocasiones".

"Basta ya de bizums a caseros", ha aseverado Alberto Ibáñez, de Compromís, en la misma línea. "En 2024", ha insistido el valenciano, "España dejó de ingresar 720 millones solo por las deducciones fiscales a los caseros sin contar las ayudas públicas al alquiler, que también terminan en manos de los caseros". "Es dinero público para la especulación", ha lamentado Aina Vidal, portavoz de Comuns también en la Cámara Baja.

Se quejan de que en ningún momento de la legislatura se haya tenido la valentía de intervenir verdaderamente el mercado de la vivienda; de ir al tuétano del problema. "El Ministerio de Vivienda no puede proponer recetas que ya se ha demostrado que no solo no funcionan, sino que empeoran la situación", insisten en Sumar. "Hace falta valentía e innovación".

También Ione Belarra se ha despachado de forma dura con el Ejecutivo. "Las medidas parecen del PP", ha deslizado antes de dibujar una metáfora alrededor de la cuestión: "Tenemos un mercado inmobiliario que tiene cáncer y las recetas que propone el Gobierno son agua con sal". "La especulación", ha resumido la secretaria general de los morados, "se frena prohibiendo a los fondos buitre que compren en España". Para Belarra, el problema es que el PSOE "tiene demasiados lazos con la patronal". Los morados, de hecho, ponen como condiciones para hablar sobre Presupuestos generales prohibir la compra de vivienda que no sea para residir y bajar un 40% los alquileres.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, se pronunció en unos términos similares a través de la red social X. "Si subvencionas la demanda sin intervenir el mercado", remarcó, "alimentas el bucle eterno de la especulación".

La distancia que separa hoy por hoy en materia de vivienda a Sánchez de sus aliados es abismal y los paquetes de medidas que propone —"parches", según le achacan— van minando cada vez más la confianza de que pueda avanzarse algo en una legislatura condicionada sobremanera por el peso de partidos como Junts o PNV en la cámara, contrarios a la intervención del mercado. 

¿Qué dicen los expertos?

No son medidas ni útiles ni urgentes. Y, desde luego, no van a solucionar el problema central en torno al que se articula la crisis habitacional: el acaparamiento y el uso especulativo de la vivienda. Por partes. ¿Qué pasa con la ayuda de 30.000 euros al alquiler con derecho a compra? "Se ha intentado dar un golpe efectista con la cantidad, que es lo que ha acaparado los titulares, pero la letra pequeña evidencia que es una medida de la que se va a favorecer muy poca gente y en muy pocas comunidades", explica Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda. ¿Por qué? Porque aplica exclusivamente a hogares que ya disfruten de la categoría de Vivienda de Protección Oficial (VPO). "Una figura jurídica que solamente se ha desarrollado en Navarra, Cataluña y Euskadi", matiza el letrado. Es decir, un porcentaje mínimo del parque de vivienda de nuestro país.   

Todo se entiende mejor mirando a los datos. Según el propio Ministerio de Vivienda, a lo largo del año pasado se construyeron 33 viviendas dentro de esta categoría. "Treinta y tres casas para más de 2 millones y medio de inquilinos que vivimos en riesgo de pobreza o exclusión social", denuncian voces del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Si esta es la solución central del gobierno más progresista de la historia y de la legislatura de la vivienda, mal vamos", valoran estas mismas fuentes.

Algo parecido ocurre con la tercera propuesta, la ayuda a la compra de vivienda en el ámbito rural. "No es ahí donde tenemos un problema de precios", comenta Palomo. Tampoco es  —asegura— la forma más efectiva de repoblar las zonas rurales. "Lo que hace falta es invertir en otro tipo de recursos: conexiones de transporte, hospitales, centros educativos…”, sigue el abogado. No es el único inconveniente. "Lo hemos visto muchas veces. Las ayudas directas a la compra lo que acaban consiguiendo es subir los precios. Si ofreces ayudas de 10.000 euros, solo consigues que el precio suba esos 10.000. Es una transfusión directa de dinero público a los propietarios", subrayan desde el sindicato.

Pero el verdadero peligro, señalan a Público los expertos consultados, viene con la segunda medida. El seguro de impago. "Que el riesgo de tu actividad comercial, de tu negocio, como es alquilar un inmueble, lo tenga que sufragar la ciudadanía… es directamente una barbaridad", señala Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Y una forma de comprarle el marco a la derecha y a ASVAL, el lobby de los fondos de inversión", puntualiza Palomo. Entrando de lleno en el terreno de la inseguridad. Del jaleado miedo a la 'inquiokupación'. "Es muy grave. Con esta medida, se está legitimando desde las instituciones la criminalización de los inquilinos. Y además sin ningún tipo de base, ya que el 92% de los contratos se pagan puntualmente", incide el letrado.

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No, el verdadero problema no son los impagos. Y no se arregla financiando con dinero público a los especuladores. "El problema son los precios", verbaliza Jacinto. "Que un casero te pueda subir de golpe el alquiler 500 euros o imponer una renta, con total normalidad, por encima del salario mínimo interprofesional. Eso es lo que condiciona el acceso de la gente a la vivienda y lo único que puede degenerar en un futuro impago", sostiene Palomo. En otras palabras, si alguien soporta una situación de inseguridad no son los propietarios. Son los inquilinos. Cláusulas abusivas, subidas improcedentes, amenazas de desalojo. "El gobierno está ignorando todas estas cuestiones, posicionándose del lado del rentismo. Y lo que es peor: intentando engañar a la gente con ayudas tramposas y que no buscan ofrecer ninguna solución al problema”, sentencian desde el sindicato.

Regular los precios y cambiar las reglas fiscales. Ahí está la clave. "Tenemos un sistema que ayuda a quien acapara pisos y los destina a usos especulativos. Pagan menos impuestos que cualquier otra actividad comercial y encima reciben este tipo de subsidios indirectos", critica Jaime Palomera, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y autor de El secuestro de la vivienda. "Si esta dinámica no cambia, los precios no van a parar de subir, generando una brecha cada vez mayor entre quienes tienen propiedades y quienes no", amplía el doctor en antropología económica. 

¿La solución? Darle la vuelta al mercado. Grabando el uso especulativo de la vivienda. "Las viviendas son para vivir, no para invertir. Hay que prohibir este segundo uso, y no solo a los extranjeros o no residentes. A todo el mundo", pone sobre la mesa Jacinto. Sin olvidarse del sistema hipotecario, totalmente desregulado. "Es otra forma de introducir chorros financieros constantes, hinchando más y más el precio de la vivienda", advierte Palomera. 

Una última propuesta: obligar a las comunidades a cumplir con la Ley de Vivienda. "Sobre todo con la declaración de zonas tensionadas, que es la forma de introducir una regulación efectiva de los precios y de desincentivar el negocio inmobiliario", defiende la letrada del CAES. Con un matiz. Solo será efectivo si se acompaña de la siempre pospuesta regulación del alquiler turístico y de temporada.

Ley del alquiler temporal

Precisamente, la ley del alquiler temporal es una de esas iniciativas que vive en un cuento de nunca acabar; que se enquistan y pasan a formar parte de las largas listas de quejas de los distintos grupos de izquierdas, pero que nunca acaban de avanzar ni ver la luz. 

Se trata de una ley que incluye limitar a nueve meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que exceda ese tiempo pasará a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrán las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renueve, aunque no alcance los nueve meses, pasará a considerarse vivienda habitual.

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Las izquierdas del Congreso insisten constantemente en que el Gobierno debe apretar para sacar adelante la iniciativa, que servirá para cortar una vía de abuso de los propietarios sobre los inquilinos, pero para ello sería necesario el apoyo de todos los partidos del bloque de investidura, algo particularmente difícil en una norma como esta, que ya tuvo muy difícil su admisión a trámite por el inicial voto en contra de Junts, aunque en un segundo intento terminó abriéndole la puerta del Congreso.

En este momento, la proposición de ley se encuentra bloqueada. Fue admitida a trámite en diciembre de 2024, pero lleva ya 14 ampliaciones del plazo de enmiendas.