Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ganó las últimas elecciones andaluzas por mayoría absoluta tirando de bandera verdiblanca. En la noche de su proclamación, sorprendió a propios y extraños que entre su auditorio las banderas de Andalucía ondearan mucho más que las de España. Aquello fue un espejismo. Pasado el ecuador de la legislatura, la realidad indica que el popular ni siquiera es capaz de cumplir con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, renunciando así a mejorar la vida de los y las andaluzas.

En plena polémica por la financiación autonómica a costa del todavía indefinido acuerdo con Catalunya –el llamado por la derecha como ‘cupo catalán-, Moreno Bonilla tiene sus miradas más puestas en Génova que en San Telmo. La pregunta es obvia, ¿le compensa a Andalucía renunciar a la mejora de su financiación a costa de desgastar al Gobierno de España? Dado que el propio presidente de la Junta de Andalucía ya ha admitido que "hemos llegado al tope financiero en sanidad, educación y servicios sociales”, no parece la idea más brillante.

Tras reunirse recientemente con Pedro Sánchez y salir, en sus palabras, “con las manos vacías”, Moreno Bonilla sigue anclado en su posición, sin plantear al Gobierno mejoras de financiación para Andalucía más allá de instarle a convocar una Conferencia de Presidentes Autonómicos. Tal es la cerrazón, con el consiguiente perjuicio para Andalucía, que Moreno Bonilla rechaza la quita de una parte de la deuda andaluza de 38.649 millones de euros que traería el fondo de nivelación que, paradójicamente, él mismo impulsó junto al socialista Ximo Puig cuando éste era presidente de la Generalitat Valenciana.

La ciudadanía andaluza ve cómo la calidad de sus servicios públicos cae en picado mientras las opciones de mejoras de financiación se van por el sumidero por culpa de su presidente. ¿Andalucía se rompe? No, ya está rota, pero la fractura no se ha producido de manera espontánea, sino por unas erráticas políticas del PP cuyo sentido de la equidad se ha ido por el mismo desagüe que los miles de millones rechazados.

Lo más indignante del asunto es que Andalucía tiene los instrumentos constitucionales para resolver la situación. Acostumbra a decir Moreno Bonilla que no tolerará que los y las andaluzas sean menos que los y las catalanas, pero negándose a aplicar el Estatuto andaluz es lo que él mismo provoca. Y es que tras la reforma aplicada en 2007, Andalucía disfruta de un techo competencial muy cercano al de Catalunya.

El artículo 181 del Estatuto andaluz es claro al determinar que la Agencia Tributaria de Andalucía (que ya existe), no sólo puede gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar los tributos propios, sino también “por delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía”. El mismo artículo expone, además, la creación de un consorcio con participación paritaria de la Administración Tributaria estatal y la de la Comunidad Autónoma.

A pesar de ello y siguiendo la estela de sus predecesores socialistas en el Palacio de San Telmo, Moreno Bonilla renuncia a aplicar el Estatuto andaluz, precisamente, cuando más falta hace, algo que en su ronda con el resto de partidos le ha reprochado la oposición andaluza en bloque. No sólo eso, sino que el popular ya ha manifestado su apoyo a tumbar la votación de aprobación del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 –postpuesta por el Gobierno- a pesar de que ello se traduciría en la pérdida de unos 1.100 millones de euros destinados a Andalucía.

La situación es mucho más crítica de lo que pudiera parecer. Al anunciado “tope presupuestario” que admite Moreno Bonilla se suman los regalos fiscales que continúa haciendo a las rentas más ricas y la dejación de funciones en materia de Sanidad en plena crisis por el Virus del Nilo. La misma semana que ha fallecido la octava víctima, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE), ha denunciado otro incumplimiento por parte de la Junta del Estatuto Andaluz.

Mientras que el ente provincial ha consignado 500.000 euros para ayudar a combatir este problema de salud pública que pese a no ser la provincia más afectada ya cuenta con seis municipios con contagios, Reyes afirma que la Delegación de Salud se limita a comunicar contagios a los ayuntamientos, darles instrucciones y desentenderse tanto de las competencias sanitarias como de los gastos derivados de las mismas. En su denuncia y en contraposición al proceder de la Junta de Andalucía, Reyes pone en valor los 250.000 euros que ha inyectado el gobierno extremeño a sus ayuntamientos afectados.

Desde las filas del PP sobrevuela la estrategia de volver a agitar las calles contra el ‘cupo catalán’ como ya hicieran con la Ley de Amnistía. En su argumentario, destaca que el acuerdo alcanzado con ERC para la financiación de Catalunya terminará perjudicando directamente a servicios como la Sanidad Pública andaluza… pero, ¿quién se va a creer tal cosa si, antes siquiera de que se apruebe ese cupo, ya hay que acudir personalmente a los centros de salud, aguantar colas de varias horas y, con todo, es probable que uno se marche a casa sin cita para el médico de Atención Primaria? Moreno Bonilla presume de andaluz y de defender a Andalucía, pero realmente solo lo hace a ratitos.