Arturo Ruiz: víctima de la transición y la amnistía

Por Manuel Ruiz, hermano de Arturo y miembro de La Comuna.

Cuando pienso en aquel 23 de enero de 1977 en el que un fascista asesinó a tiros a mi hermano pequeño Arturo, no deja de impresionarme el cúmulo de paradojas que atraviesan los sucesos de aquel mes nefasto y sus secuelas.

Los hechos de la llamada semana negra de la transición, de la que se cumplen 43 años, comienzan ese domingo 23. Al día siguiente, en la manifestación de protesta por el asesinato de Arturo, la estudiante Mari Luz Nájera es asesinada por un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios; esa misma noche se produce la matanza de los abogados de la calle Atocha: cinco personas asesinadas fríamente por un comando fascista (Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo, abogados laboralistas; Ángel Rodríguez, administrativo y Serafín Holgado, estudiante de Derecho). El día 26 se produce una movilización masiva en Madrid con motivo del entierro de los abogados. El día 28, se proclama el estado de excepción.

Arturo fue asesinado cuando participaba en una manifestación pacífica reclamando la amnistía para los presos políticos de la dictadura aún encarcelados que, tras los sucesivos indultos, medidas ‘de gracia’ y seudo-amnistías promulgados desde la muerte del dictador, se reducían a menos de un centenar, concretamente a 89 -la gran mayoría de ETA, acusados de ‘delitos de sangre’-, según El País que, a su vez, se basaba en datos del Ministerio de Justicia.

La exigencia de amnistía era percibida como un acto de justicia elemental tras la larga represión del franquismo. De hecho, en paralelo con las continuas manifestaciones, se estaban llevando a cabo negociaciones más o menos reconocidas entre representantes de la oposición y del gobierno de Adolfo Suárez –nombrado en julio del año anterior– para pergeñar una amnistía que permitiese salir a aquellos últimos presos. Nunca imaginamos que la amnistía, que fue promulgada poco después, sería el instrumento de una monumental injusticia histórica.

El historiador Santos Juliá, fallecido el año pasado, 2019, escribió: ‘Lo que la ley de Amnistía, promulgada por el Parlamento el 15 de octubre de 1977, puso a la misma altura los atentados y asesinatos de ETA, FRAP, GRAPO y MPAIAC y los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas. Y si hubo pacto, como es evidente en el debate a que dio lugar este proyecto de ley, fue con el propósito de sacar a todos los presos de ETA de la cárcel, en la cándida pero muy compartida creencia de que así se acababa con el terrorismo, y extender a cambio la impunidad sobre los actos de "violencia institucional”.

Un precio muy alto, podría pensarse, puesto que por sólo un puñado de acusados o condenados por delitos de terrorismo se renunciaba por ley y para siempre a someter a juicio a los funcionarios que durante la dictadura hubieran violado derechos fundamentales y a no convertir el pasado en arma de la lucha política del presente.’ (‘Las dos amnistías de la transición’, España siglo XXI, blog de tendencias21, abril 2010)

El mundo al revés, un supuesto acto de justicia, arrancado con la lucha y el sacrificio popular, convertido en el ingenio muñidor de la impunidad, es decir, de la no-justicia. Pero esta no es la única paradoja o decepción que trajeron aquellos hechos.

Arturo era un joven idealista –con 19 años él era entonces oficialmente ‘menor de edad’–, comprometido con la causa de la libertad y justicia. Sin embargo, él mismo sería víctima de una doble injusticia, primero la muerte y después la impunidad.

Para los más directos beneficiarios de la amnistía –es decir, ETA– a quienes esta ofrecía la ocasión para una inflexión histórica, no supuso en cambio sino la expansión y aceleración de la actividad terrorista, o si se prefiere de lucha armada, el inicio de los llamados ‘años de plomo’, especialmente en Euskadi. Una enloquecida y estéril dinámica que lastraría como un pesado fardo la vida política del país durante décadas, beneficiando en última instancia, paradójicamente también, a los nostálgicos del franquismo.

Y estos últimos, los franquistas con mando en plaza –políticos y altos funcionarios del régimen–, entonces en pleno transformismo como neodemócratas, a quienes la impunidad pretendía animar a un tránsito ideológico sincero, en realidad nunca renunciarían del todo a su ideario, nunca abominarían del régimen primero genocida y después dictatorial, nunca se caerían, al modo de Pablo camino de Damasco, del caballo franquista.

La mayoría de los franquistas de entonces, hoy ya lo sabemos, nunca se harían antifranquistas. La transición sin ruptura les permitió seguir cobijados por el estado y el poder económico; estos pasaron de la dictadura a la democracia sin un rasguño, sin pestañear. El neofranquismo seguiría contaminando con su veneno totalitario a la oligarquía financiera y empresarial, a la justicia, las fuerzas armadas, etc.

Entonces no lo sabía, pero el día que asesinaron a Arturo, la ilusionante transición albergaba en sus entrañas muchas mentiras y contradicciones como esas.

Se pueden discutir las interpretaciones, por supuesto, pero los hechos son los que son. Y, en relación a Arturo, son estos: Su asesino, José Ignacio Fernández Guaza, aún no ha sido juzgado, y fue ayudado a huir por el propio aparato del estado sin haber sido nunca detenido, a pesar de conocerse su paradero. Su cómplice, Jorge Cesarsky, tras ser detenido fue puesto en libertad por efecto de la amnistía, y se le permitió exhibirse en programas televisivos gracias a periodistas sin escrúpulos como Carlos Carnicero, contribuyendo a prolongar el escarnio y el dolor de nuestra familia. La familia hemos reclamado insistentemente la detención de ambos y la reapertura del sumario, pero la ‘justicia’ de este país se ampara en la prescripción de los hechos para denegarlo.

El caso de mi hermano es sólo otro más en la larga lista de crímenes impunes de la dictadura y la transición; la lucha de mi familia por la justicia está por ello incardinada en una lucha mucho más amplia contra la impunidad, que nos ha llevado a querellarnos ante la juez Servini en Buenos Aires y nos llevará a agotar todas las instancias disponibles. Confiamos en los repetidos pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos que han establecido el carácter de crímenes de lesa humanidad de aquellos como el asesinato de Arturo, crímenes que, por lo tanto, ni prescriben ni pueden ser amnistiados.

La actitud de las instituciones y de los medios a lo largo de los sucesivos aniversarios del asesinato de Arturo me ha demostrado que existen víctimas de primera y víctimas de categorías inferiores. Las de primera son las víctimas ‘del terrorismo’ –denominación ésta que injustamente solo se aplica a ETA–; las inferiores son las causadas por el franquismo y la extrema derecha, el ‘otro’ terrorismo, invisibilizado.

Se lo debemos a Arturo.

Tras 43 años, su vida y su sacrificio nos animan a no renunciar jamás al derecho a la verdad, la justicia y la reparación.