El pasado fin de semana, a las puertas del funesto 20-N durante el que se siguen celebrando misas homenaje al dictador Franco -como a la que asistió el líder del PP, Pablo Casado-, diversos medios progresistas fueron ciberatacados. Los efectos de esta agresión han sido evidentes durante tres días en La Marea, El Salto, AraInfo, La Última Hora, Kaosenlared... y en otros, como Público, consiguieron pararse a tiempo. Atacar a la prensa es atentar contra la misma democracia, vulnerando la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Es atacarnos a todas y todos.

Cualquier ataque a la prensa resulta deleznable y la extrema-derecha parece tener cierta predilección por atentar contra los medios de comunicación. Si antaño lo hacían asaltando las redacciones o atacándolas con paquetes bomba, ahora prefieren recurrir a la tecnología y lanzar ciberataques. En 1978 una bomba en El País mataba a una persona y malhería a otras dos; un año antes, la revista satírica El Papus también era víctima de un ataque bomba que se cobraba la vida del conserje y dejaba un rastro de dieciséis heridos y la destrucción por completo de la sede.

Han cambiado los métodos, pero a la extrema-derecha continúa atragantándosele la libertad de prensa. Ya lo demostró Vox el pasado verano, cuando a través de sus redes sociales señalaba al director de El Jueves por unas viñetas que no eran de su agrado. Este odio contra el derecho a la información, esa aversión contra los profesionales que dan noticia de lo que la ultraderecha pretende ocultar ha de encontrar una contundente respuesta social y del Estado.

Cualquier ataque a la prensa, sean los citados por parte de esos grupúsculos fascistoides o de los que en el pasado perpetró ETA contra redacciones de medios como El Correo o amenazando de muerte a diversos periodistas suponen retrocesos en nuestra democracia, máxime si no encuentran su merecido castigo.

En los últimos años parece haberse normalizado que la extrema-derecha nos amenace de muerte a los periodistas a través de redes sociales, que utilicen internet para desmontar las redacciones, como ha sucedido ahora con medios alojados en Nodo50 como La Marea, El Salto, etc. o a finales de 2019 con la Cadena Ser, cuyo ataque informático tuvo un coste de cerca de 15 millones de euros.

Esa naturalización de la violencia contra quienes no añoramos tiempos pretéritos, contra los profesionales que, en muchos casos, arriesgan su propio patrimonio movidos únicamente por su vocación informativa, ha de cortarse de raíz, comenzando por una acción real y efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuyo seno, pese a la cantidad de manzanas podridas que no se sacan del cesto, seguro que hay profesionales que estarán a la altura.

Desde la Plataforma de Medios Independientes (PMI),a la que pertenecen La Marea, El Salto o Público, entre otros, ya se ha solicitado que "se investigue el caso". La salud de una democracia se mide también por el estado de su prensa y cuando ésta es sistemáticamente atacada -y últimamente lo es por el mismo perfil de agresor- no es posible hablar de democracia plena.