La Junta de Andalucía saca pecho por el número de autónomos en la comunidad andaluza. 2025 se cerró en esta región con más trabajadores por cuenta propia (592.000) que personas desempleadas (583.000). Sin embargo, no hay tantos motivos para la autocomplacencia que destila el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, pues la precariedad de este colectivo evidencia la necesidad del autoempleo y los falsos autónomos; ni siquiera es cierto que Andalucía lidere el ranking de autónomos.

Convenientemente retorcidas, las estadísticas siempre dicen lo que uno quiere. Moreno Bonilla lo sabe muy bien y las tergiversa a conveniencia, ocultando información si ésta perjudica su discurso. Dado que Andalucía es la comunidad autónoma con más población, parece lógico que cuente con mayor número absoluto de autónomos. Sin embargo, cuando se pone en relación exclusivamente con la población en edad de trabajar, la cosa cambia, ocupando la 14ª posición . De hecho, con 104,2 autónomos por cada mil habitantes en edad de trabajar, Andalucía se encuentra, incluso, por debajo de la media nacional (108,4).

Esto no es lo más sangrante, pues quien siga de cerca la gestión de Moreno Bonilla, ésta es una experta en la manipulación estadística. Lo peor es que, tal y como denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) apoyándose en datos de la Agencia Tributaria, 137.610 autónomos en Andalucía sobreviven con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes , es decir, más de un 23% del total del que presume Moreno Bonilla. De este número, más de 86.000 son autónomos con actividad económica frecuente y única viviendo por debajo del umbral de una vida digna. Eso no lo cuenta el presidente andaluz cuando se pavonea de sus estadísticas.

Cantidad no es calidad. Bien lo sabe el colectivo de autónomos, aunque haya representantes, como el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, que se empeñen en ignorarlo. Por mucho que el discurso neoliberal insista en ensalzar el emprendimiento, a lo que realmente asistimos es a una burbuja de autónomos, abocados en muchos casos a esa elección, bien como autoempleo ante la ausencia de salidas laborales, bien obligados a convertirse en falsos autónomos.

De los cerca de 21,8 millones de trabajadores y trabajadoras con que España terminó 2025, algo más de 3,4 millones son autónomos, es decir, un 15,6%. UPTA denuncia cómo más de un millón de estos empleados por cuenta propia declara rendimientos de trabajo inferiores de los 900 euros mensuales, de los cuales 795.413 sobreviven con rendimientos iguales o por debajo de 670 euros mensuales, lo que supone más del 20% del total de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

Son cifras insoportables. La precariedad campa a sus anchas en este colectivo, mientras las diferentes Administraciones autonómicas continúan con sus cantos de sirena con tarifas planas para seguir maquillando sus cifras de desempleo como hace Moreno Bonilla, que ansía alcanzar los 600.000 autónomos. Esta avalancha de incentivos para comenzar a trabajar por cuenta propia contrasta con la desprotección y carencia de coberturas que se obtienen cuando se salta al RETA.

A ello se suma, además, la errática política del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lejos de aliviar la carga económica, intentó incrementarla el año pasado con una subida de cuotas que finalmente pudo evitar la presión social. En la mayoría de los casos, ser autónomo es una cuestión de supervivencia sin red de protección. Ni siquiera se está exento de pagar la cuota cuando se está de baja y no se perciben ingresos. Dicho de otro modo, además de sufrir una enfermedad y detener la actividad –lo que puede acarrear pérdida de clientes-, se entra en números negativos.

En 2025, uno de cada tres autónomos (el 32,1%) vio descender su actividad en relación a 2024. Aun así, la fiscalidad asfixia a este colectivo, tal y como se insistió a finales del año pasado en el Foro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, compuesto por la Agencia Tributaria y las Federaciones y Asociaciones representantes del colectivo de autónomos. En aquel espacio se apostó por rebajar el IRPF al autónomo de modo que se ahorrara de media 650 euros en el tramo estatal y 1.400 euros en el autonómico, compensando esta pérdida de ingresos al erario público con un incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20% al 25-27% para empresas con facturación superior a cuatro millones de euros. ¿Tan descabellado es que quienes más ganan más paguen?

A esta demanda se suma, además, la exención del pago de IVA cuando se ingrese menos de 85.000 euros. Más allá de la cifra de facturación de corte, lo cierto es que incluso quienes ingresan por debajo de 670 euros mensuales han de adelantar el pago del IVA aunque no hayan cobrado siquiera las facturas. En este sentido, se convierten en una suerte de financiadores del Estado quienes menos músculo económico tienen para ello.

Por si esto fuera poco, la burocracia también tensiona al autónomo, sin que la Administración se muestre sensible al respecto. Así se desprende de la improvisación del intento de puesta en marcha de Verifactu, que de no ser por los cambalaches entre PSOE y CiU para salvar la aritmética parlamentaria, habría supuesto un trastorno a los autónomos para, meses después, volver a sufrir otro varapalo burocrático con la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece de la que, inexplicablemente, el Gobierno no ha elaborado todavía el reglamento.

Por otro lado, el hecho de que a finales del año pasado naciera la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos debería interpelar a las asociaciones que dicen representar a los trabajadores por cuenta propia. De sentirse realmente representados, los autónomos no habrían alumbrado esta plataforma que llenó las calles en noviembre.

Dicho todo esto, no todos los 3,4 millones de autónomos son iguales. Abordar la desprotección e indefensión de estas personas exige conocer al colectivo, distinguir entre quienes son trabajadores en solitario, a comerciantes de barrio o empresarios con una actividad más potente. Esta heterogeneidad es una debilidad a la hora de exigir unas mejoras que no han de aplicarse como café para todos. Su demanda y aplicación puede y debe realizarse con un enfoque más quirúrgico, con especial sensibilidad con quienes no se aferran a la épica, sino a la mera supervivencia.