Durante demasiado tiempo, cuando se ha hablado de los autónomos, se ha hecho desde un relato que no explica la realidad. Un relato construido desde las derechas, asumido también por buena parte de la izquierda institucional, que presenta al autónomo como un pequeño empresario, un emprendedor que triunfa o fracasa según su esfuerzo individual. Como si fueran ajenos a la realidad económica y social de su entorno.

Este relato es falso. Y es profundamente injusto.

El autónomo, antes que nada, es clase trabajadora. Lo repito: clase trabajadora. No es un eslogan, es una descripción material de su vida. Son furgonetas, comerciantes, freelance, campesinas, profesionales de todo tipo que viven exclusivamente de su trabajo.

Si no trabajan, no ingresan. Pero pase lo que pase, siempre pagan.

Trabajadores sin derechos  

Durante años, hemos consolidado dos categorías dentro de la clase trabajadora: los asalariados, con convenio, vacaciones y prestaciones, y los autónomos, que viven con una inseguridad crónica. Sin horarios claros, sin una red de protección real, con pensiones de miseria.

Un autónomo que no llega al salario mínimo no es un emprendedor con mala suerte. Es un trabajador pobre. Y un sistema que trata igual a quien ingresa millones y a quien no llega a fin de mes no es justo: es una trituradora de derechos y de igualdad.

El sistema castiga a los de abajo  

El 85 % de los autónomos ha cotizado históricamente por la base mínima. No por elección, sino por supervivencia. El sistema lo permitía, pero también los condenaba a una pensión de 942 euros, muy por debajo de los 1.487 euros del régimen general.

Esto es el resultado de una arquitectura institucional pensada para asfixiar a quien menos tiene y blindar a quien más ingresa. Por ejemplo: un autónomo que gana 6.000 euros paga unos 600 euros de cuota; un asalariado con ese sueldo aporta casi 1.900 euros.

También está la trampa de las lagunas de cotización: un asalariado recibe compensación en meses sin trabajo; un autónomo, si no puede pagar, arrastra un cero que le reduce la pensión de por vida.

Una expresión que oímos a menudo: "Pago como si tuviera un Ferrari y recibo como si tuviera un patinete". No es una broma.

El paro de los autónomos —el famoso cese de actividad— es una ficción burocrática. Seis de cada diez solicitudes se deniegan. Se exigen pérdidas del 75 %, demostraciones imposibles y montañas de papeles. Y cuando llega, a menudo es tarde: el negocio ya ha caído.

Si enferman, dejan de facturar y deben seguir pagando. Durante los primeros 60 días de baja, no hay cobertura real. La realidad es que miles de personas trabajan con fiebre, lesiones o dolor. Esto no es libertad económica: es precariedad forzada.

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El 65 % de los autónomos ingresa en torno al salario mínimo o menos. Hablamos del albañil, la peluquera, el transportista, la traductora o el músico que factura 250 euros y paga 200 euros de cuota.

Muchos trabajan 10 o 12 horas al día, seis días a la semana. Sin vacaciones, sin derechos laborales, sin seguridad. Y con un relato oficial que los trata como empresarios privilegiados.

TRADE y falsos autónomos: la explotación legalizada  

El sistema ha encontrado una vía barata para desregular: convertir trabajadores en proveedores. Así nacen los TRADE (trabajadores autónomos económicamente dependientes) y los falsos autónomos.

Hay más de 300.000 personas que deberían ser asalariadas. Pero se las obliga a facturar. La mayoría no elige: es esto o nada.

La protección legal de los TRADE es papel mojado. Los derechos no se cumplen. Y las inspecciones llegan tarde, si es que llegan.

 Fiscalidad: el gran elefante en la sala  

Un autónomo puede pagar hasta un 45% de IRPF. Una gran empresa tributa un 25% o menos.

Pero la injusticia crece cuando la base imponible no refleja la realidad: si no puedes deducir alquiler, herramientas, internet o vehículo, tributas sobre una cifra inflada.

Proponemos dos cosas: rebajar 5 puntos de IRPF a las rentas bajas y medias y ampliar los gastos deducibles. Que se tribute por lo que realmente se gana.

También es necesario que las grandes empresas paguen más. Porque si los pequeños sostienen el sistema, el sistema no puede seguir castigándolos.

En resumen, los autónomos no piden privilegios. Piden lo que es justo:

• Cotizar por ingresos reales, con cuotas simbólicas para quienes no llegan al salario mínimo.

• Paro real.

• Protección en caso de enfermedad.

• Prestaciones iguales a las de los asalariados por maternidad, paternidad y cuidados.

• Cuota cero en casos de enfermedad grave.

• Pensión digna para quien ha cotizado toda la vida.

• Y voz propia en los espacios de decisión.

Desenmascarar esta mentira no es un capricho ideológico. Es una obligación democrática.

Porque no podemos seguir permitiendo que cientos de miles de personas paguen como ricos y cobren como pobres, trabajen enfermas para no hundirse y lleguen a la vejez con pensiones indignas.

El autónomo es, sencillamente, un trabajador. Y como tal, debe tener derechos. No se trata de darles nada. Se trata de cumplir, con años de retraso, el contrato social que se les ha negado.