Una macrourbanización amenaza el paraíso natural de Cabo de Gata: "Es un delito ambiental"

El macroproyecto de una urbanización en Cabo de Gata vuelve a amenazar el parque natural. Con las ruinas todavía presentes del hotel El Algarrobico –cuya demolición se encuentra ahora en manos de la Justicia europea–, los vecinos denuncian la construcción de 323 viviendas en el enclave. La Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar advierte de riesgos asociados al consumo de agua, la alteración del suelo y la transformación del paisaje. Las primeras consecuencias ya han tenido lugar: PACMA ha documentado la destrucción de dos ejemplares de azufaifo, un arbusto calificado como especie protegida en Europa.

El Ziziphus lotus o azufaifo es un arbusto caducifolio endémico del territorio iberoafricano. En concreto, se encuentra en las provincias de Murcia y Almería, así como en el norte de África y la península arábica. Sus hojas llegan a contactar con las aguas subterráneas y son propios de climas predesérticos del sureste árido español. También conforman el tipo de hábitat 5330. Este, según una evaluación sobre su estado de conservación del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), "debe ser considerado prioritario".

La directiva hábitats de la Unión Europea establece que la consideración de prioritario de un entorno busca "privilegiar la rápida puesta en marcha de medidas tendentes a su conservación". La destrucción de dos ejemplares de azufaifo ha llevado a PACMA a presentar una denuncia ante el Servicio de Protección de Naturaleza (SEPRONA) a fin de paralizar los trabajos de la macrourbanización.

El parque natural del Cabo de Gata-Níjar es de las últimas joyas vírgenes del depredado litoral español.  A lo largo de sus 63 kilómetros de costa y 49.500 hectáreas en la provincia de Almería, sobrevive un excepcional ecosistema plagado de valores geológicos, antropológicos, ecológicos, históricos y paisajísticos. Es el primer parque natural marítimo-terrestre de Andalucía y su secular aislamiento lo ha mantenido a salvo de la devastadora ola de cemento que ha transformado la costa andaluza en las últimas décadas.

El texto de la denuncia, a la que Público ha tenido acceso, recoge que "la zona a urbanizar que ocupa un total de 12,43 hectáreas alberga dos hábitats de interés comunitario". Además, argumenta que "la Junta de Andalucía no es competente para autorizar la destrucción o desprotección de hábitats de interés comunitario, ya que están protegidos por la Unión Europea".

La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía responde a este medio que "el marco administrativo y ambiental en el que se encuadra la urbanización" tiene un planteamiento y tramitación "anteriores a la actual normativa ambiental". A este respecto, la ampliación del núcleo urbano "obtuvo Declaración de Impacto Ambiental favorable en el año 1998" y añade que "no se establecieron condicionantes ambientales específicos para el desarrollo de este sector. Posteriormente, el Plan Parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de Almería en 2006".

Un impacto ambiental "enorme"

Los Amigos del Parque por su parte han iniciado una recogida de firmas para detener la construcción de este macroproyecto. "El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es un espacio de extraordinario valor ambiental, paisajístico y cultural, protegido por distintas figuras legales, entre ellas su inclusión en la Red Natura 2000 y la presencia de hábitats de interés comunitario", afirma la organización.

La organización subraya que en la zona a urbanizar existen dos hábitats de interés comunitario (HIC): el 6220* y el 2260. El primero es de carácter prioritario, es decir, amenazado de desaparición. Cuenta con pastizales de gramíneas donde se localizan muchos endemismos y especies protegidas. El segundo se refiere a tomillares y matorrales en dunas y arenas litorales, prioritario en Andalucía.

El coordinador provincial de PACMA en Almería, Eduardo Milla, alerta en declaraciones a este medio que "el impacto medioambiental sería enorme" si el proyecto de 323 viviendas y más de 12 hectáreas llegara a término. El animalista destaca que la destrucción de los dos ejemplares de azufaifo "constituye un delito ambiental". Por este motivo, la formación está esperando "la investigación de los hechos y la paralización cautelar de las obras".

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Sobre esta cuestión la Consejería de Medio Ambiente afirma que "la dirección del espacio natural emitió informes en diciembre de 2006 y en 2008, basados en muestreos de vegetación sobre el terreno, análisis cartográficos oficiales y la consulta de las bases de datos de flora amenazada de la Junta de Andalucía". El Gobierno andaluz sostiene que en dichos muestreos "se constató que el sector se localizaba en áreas urbanizables según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y se concluyó que la actuación no afectaba a hábitats de interés comunitario ni a las especies que motivaron la inclusión del espacio en la Red Natura 2000, incluidos los hábitats prioritarios asociados al género Ziziphus".

En cuanto a la paralización de las obras y la realización de una nueva evaluación de impacto ambiental, la Junta contesta que "el gabinete jurídico provincial ha determinado recientemente que el Plan Parcial, aprobado en 2006, no debía someterse a Evaluación Ambiental Estratégica, al tratarse de una figura de planeamiento anterior a la entrada en vigor de dicha exigencia normativa". Asimismo, afirman que tras el inicio de las obras hace unas semanas "personal técnico del Parque Natural y Agentes de Medio Ambiente se personaron en la zona para comprobar el replanteo de las actuaciones y garantizar que se respetan los condicionantes ambientales establecidos en su día, con el objetivo de conservar la vegetación existente en la medida de lo posible y minimizar el impacto paisajístico y ecológico".

Por su parte, los Amigos del Parque lamentan en un comunicado cómo "las protecciones con las que cuenta este espacio natural no sirven para protegerlo del ladrillo, sino que más bien han servido como reclamo para el mismo". La asociación critica que este tipo de proyectos "suponen esquilmar el territorio y tienen como consecuencia el deterioro de un espacio natural protegido que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO".

Impacto sobre las vidas de los vecinos

El coordinador provincial de PACMA pone de relieve que estas obras no redundarán necesariamente en el bienestar de la población de Cabo de Gata. Milla indica que "el pueblo tiene una estacionalidad grandísima". Su economía y sus tasas de empleo crecen entre junio y septiembre, con la afluencia turística del verano. Sin embargo, "no va a traer la inversión que necesita la localidad de más dinamización". Aunque pertenece al Ayuntamiento de Almería, "se encuentra a 28 kilómetros. No llega el autobús urbano y, en general, de lo que siempre se quejan los habitantes del pueblo es de la falta de servicios urbanos".

Los vecinos también sufrirán mayores problemas de sequía debido al aumento del consumo de agua que se espera de esta afluencia turística adicional. Amigos del Parque hace hincapié en que este es "un recurso natural muy escaso" en la provincia almeriense. Esta presión antrópica –la causada por el ser humano– también puede tener consecuencias sobre la depuradora, según apuntan tanto la asociación como PACMA. Milla remarca que esta "no daba abasto a todos estos últimos años".

Amigos del Parque también apunta a "un mayor tráfico rodado, mayor demanda de servicios e infraestructuras públicas y mayor masificación en la zona". A la vista de las últimas novedades, la organización insiste en que la prioridad de un espacio de alto valor ecológico como Cabo de Gata debe ser las "medidas conservacionistas" por encima de los "intereses particulares de promotores inmobiliarios".