La demolición de la urbanización de lujo de Valdecañas, ¿a un paso por el golpe 'final' del Constitucional?
La experiencia de un proceso enrevesado en los tribunales amenaza con prolongar el enfrentamiento de ecologistas con las administraciones locales y regionales de PSOE y PP, y los propietarios del 'resort'.
El periplo judicial que ha marcado la historia de la urbanización de lujo en la Isla de Valdecañas (Cáceres) podría estar a un paso de zanjarse ante un eventual tercer y último pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya ha rechazado por unanimidad los dos recursos de amparo planteados por la Junta de Extremadura y los propietarios.
Si bien, la experiencia de un largo proceso enrevesado en los tribunales, con más de una decena de resoluciones judiciales (la mayoría confirmando la ilegalidad de la operación que rodeó el complejo y ordenando su demolición), amenaza con prolongar el enfrentamiento de las organizaciones ecologistas con las administraciones locales y regionales de PSOE y PP, y los propietarios del resort.
En 2011, el TSJ de Extremadura anuló el proyecto. Después, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad en 2014 y ordenó la reposición de los terrenos a su estado natural. En 2020, el TSJ extremeño decidió una ejecución parcial (implicaba conservar el hotel, las viviendas y el campo de golf), alegando, entre otras razones, la imposibilidad material de demoler todo lo construido y el impacto socioeconómico negativo. Sin embargo, tras el recurso de Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo ordenó demoler en 2022 todo el complejo al entender que los intereses medioambientales y la legalidad prevalecen sobre los económicos o sociales.
En junio de 2023, el Constitucional optó por suspender la orden del Supremo mientras se pronunciaba sobre el fondo del recurso, al considerar que el derribo de todo lo ya construido "ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse". Antes, en noviembre de 2022, el tribunal de garantías admitió a trámite los tres recursos planteados contra la sentencia del Supremo que dio la razón a Ecologistas en Acción.
"Parece que ya no hay más allá del Constitucional y no es así", traslada a este medio Ricardo Balmori, portavoz de la Comunidad de Propietarios de La Isla de Valdecañas, un complejo turístico y de ocio ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas. El recinto –y aquí es donde reside el conflicto– es un espacio protegido por la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Tras la reciente desestimación por parte del Pleno del Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia que decretaba la demolición del complejo (dictada en febrero de 2022 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo), los propietarios advirtieron la posibilidad de "interponer los recursos pertinentes".
Un par de semanas antes de esta resolución, anunciada el pasado 8 de octubre, el tribunal de garantías hizo lo propio con el recurso de amparo interpuesto por la Junta de Extremadura bajo la tutela del exdirigente socialista Guillermo Fernández Vara, que murió recientemente.
Según el Constitucional, la sentencia del Tribunal Supremo no incurre en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Al contrario, lo que se resuelve son las cuestiones vinculadas a la manera de proceder a "la reposición de los terrenos a su estado anterior", sin que lo decidido modifique o altere el fallo de las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declararon la nulidad del proyecto y ordenan dicha reposición.
Frente al rechazo al recurso de amparo, la actual administración regional, liderada por la popular María Guardiola, recordó a través de un comunicado la existencia de otros recursos en vía jurisdiccional. Actualmente, se encuentra pendiente de resolución un tercer recurso de amparo planteado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, pero las distintas partes consultadas por este medio avanzan que acabará desestimado, como los dos anteriores. ¿Será el fin de la batalla judicial?
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Un complejo construido en una zona protegida y 18 años de litigio
Los grupos ambientalistas comenzaron su lucha desde el mismo momento en el que comenzó a idearse este proyecto. "Esto tiene un historial enorme, desde el año 2007", expresa en declaraciones a Público Julio César Pinto, coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura. "Nosotros defendemos la naturaleza y la Red Natura 2000". Dicha red consiste en una serie de áreas designadas por la Comisión Europea para reforzar en ellas la conservación de la biodiversidad. "Defendemos la naturaleza de que se pase por encima de ella y que se hagan cambios urbanísticos simplemente para favorecer negocios privados", remarca.
"Empezamos a pedir que se paralizasen los proyectos de obra cuando todavía ni siquiera habían empezado, en el 2011", cuenta Pinto. Pero el trámite tardó más de un año en realizarse y cuando recibieron la respuesta la construcción del complejo ya se había puesto en marcha. "Los poderes se empecinan para demorar todo hasta el final", lamenta. En un comunicado publicado el pasado mes de septiembre, la organización denuncia una "indefensión jurídica" que sufre "cuando se unen los intereses de los poderosos con una Junta de Extremadura empeñada en favorecerlos, incluso a costa de vulnerar su propia normativa".
"Nosotros solo somos culpables de haber cortado al poder, al pez gordo que es la Junta de Extremadura", reivindica Pinto. El activista pone de relieve que en este enfrentamiento, la narrativa dominante los ha villanizado. "Hacen ver que por nuestra culpa [los vecinos de la zona] no tienen negocios, cuando estos se pueden hacer de otra manera, que sea legal y no afecte a la biodiversidad". En este sentido, insiste en que "Extremadura es enorme y solo en torno al 20% forma parte de la Red Natura 2000", de manera que esta clase de complejos de lujo cuentan con una profunda extensión para desarrollar en el territorio extremeño esta clase de estructuras.
El estudio científico que avala la demolición del 'resort'
La lucha de los ecologistas está avalada por la ciencia. La Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC (EBD-CSIC) realizó en 2019 un informe en el que concluyó que la demolición del resort era la mejor manera de proteger el enclave. "La evidencia disponible sugiere que la isla contenía uno o más tipos de hábitats protegidos por la legislación europea", apunta el informe. Y de no haber iniciado la construcción del complejo, es muy probable que la isla estuviese cubierta actualmente por un bosque mediterráneo relativamente desarrollado. Todos estos valores merecían protección y una mejora ambiental mediante una gestión de conservación proactiva prescrita para todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000".
El análisis realizado por un instituto independiente también encuentra "carencias importantes" en la Evaluación de Impacto ambiental del complejo. "Los impactos se describían de manera demasiado genérica y no contemplaban todo el abanico de efectos directos e indirectos, especialmente en el caso de las aves", destaca el estudio de la EDB-CSIC. Además, "la pobre descripción del ambiente previo a las obras y el diseño del Plan de Vigilancia Ambiental no permiten identificar algunos impactos previsiblemente relevantes". Y añade: "Las medidas compensatorias no estuvieron dirigidas a compensar la pérdida causada en el lugar, no garantizaron la coherencia de la Red Natura 2000, ni fueron coetáneas al daño causado".
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El equipo científico también estudió los impactos que había tenido el proyecto sobre el enclave. "La construcción supuso la eliminación de más de la mitad de los árboles y arbustos nativos que se estaban regenerando naturalmente", registra la investigación. Además, aumentó la eutrofización del embalse, es decir, que las aguas se contaminaron por exceso de nutrientes. En la misma línea, se multiplicó por diez la frecuencia de brotes de cianobacterias, responsables del color verdoso que a veces adquieren las aguas y que se conoce como "sopa verde".
El instituto también esclareció desde la perspectiva científica qué sería más beneficioso para el territorio: mantener lo construido o demolerlo. Es decir, el quid del litigio que Ecologistas en Acción lleva en marcha desde hace casi dos décadas. La investigación concluyó lo siguiente: "Desde el punto de vista global, la huella ecológica de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del Complejo".
"Vía de ataque": la ley de la Junta de 2023
Frente a la impugnación de Ecologistas en Acción y la Asociación de Defensa de la Naturaleza de Extremadura (Adenex), la Junta de Extremadura, los ayuntamientos y los propietarios no se plantean ni por asomo la posibilidad de que acaben siendo demolidos –como así ordenó el Supremo– el hotel de 4 estrellas, las 185 casas (su valor alcanza el medio millón de euros), el campo de golf de 18 hoyos y otras instalaciones construidas y en funcionamiento (piscinas y playa artificial, atraques de barcos, y pistas polideportivas).
Los defensores del mantenimiento del complejo en los términos actuales reivindican la vigencia de la Ley 2/2023, de 22 de marzo. La ley "responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a numerosos territorios de la región cuya declaración como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) nunca se llegó a realizar de manera válida por el Consejo de Gobierno de la Junta", recuerdan desde la Administración de María Guardiola.
Esta norma, impulsada 16 años después de que el Gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra aprobara "el proyecto de interés regional (PIR) Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas", señala en su disposición adicional segunda la "concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden".
En este sentido, incluye las "construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, evidenciado según los informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar, quedan legalizados, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes de conformidad con los informes que emita la autoridad ambiental competente".
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Asimismo, este precepto estima que las razones imperiosas de interés público de primer orden se concretan, por un lado, "en la protección del medioambiente actual surgido y digno de protección legal, que se vería seriamente dañado al acometer la restauración a una situación ambiental fuertemente degradada".
Y, de otro lado, "en la necesidad de contener el proceso de despoblación y vaciamiento de los núcleos de población rurales del entorno y de promover condiciones para asegurar a sus habitantes una mayor igualdad de posibilidades y expectativas similares de futuro de carácter económico y social a las que tienen los habitantes de las ciudades, dado que con el mantenimiento del proyecto no solo se beneficia a la población de los municipios rurales concernidos sino al conjunto de Extremadura, evitando las externalidades provocadas por el proceso de despoblación y vaciamiento".
Tal como resumen fuentes jurídicas del anterior Gobierno extremeño, esta es la "vía de ataque" contra las resoluciones judiciales que han dictaminado la demolición del resort. Estas voces consideran que las distintas administraciones "no han sabido explicar al Poder Judicial" un proceso sobre el que "nunca hubo una advertencia de ilegalidad". "Se cruzó un activismo medioambiental que ha tenido su eco en las resoluciones judiciales", rematan.
Las posibles indemnizaciones, ¿otra batalla legal?
Por su parte, el alcalde de El Gordo, Pedro Gutiérrez (PP) defiende el mantenimiento del complejo, que ha permitido "dar la vuelta a la tortilla" a las cifras de población y desempleo. "Aquí siempre hace falta gente para trabajar. En el año 2000, éramos 322 habitantes, en la actualidad somos 414. El paro, en 2011, cuando se acabaron las obras y empezó el funcionamiento del complejo, era el 12%; actualmente estamos en el 4%. Decimos que hay que hacer algo de la España vaciada y resulta echamos para atrás algo así", afea el primer edil de la localidad a la que pertenece la parte construida del resort.
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Ricardo Balmori, portavoz de los propietarios (según sus cifras, el 90% de ellos hacen uso regular de las viviendas), defiende su actuación y reivindica su postura. "Sin entrar en qué hicieron mal, porque no lo hicimos nosotros, sino que alguien lo hizo, nuestra situación es una situación de resiliencia", subraya en unas declaraciones a Público.
En caso de que este asunto se resuelva y acabe con la demolición del complejo, Balmori subraya que la Junta de Extremadura estaría obligada a hacerse cargo de la costosa indemnización. Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (2011), el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones.
Sin embargo, fuentes del equipo jurídico del Gobierno extremeño liderado entonces por Vara destacan la improcedencia de las indemnizaciones contemplada ya en una sentencia del TSJ de Extremadura de 2021 (le dio la razón frente a la empresa promotora del hotel spa médico que iba a construirse). Además, "hay una primera sentencia que viene a decir que los propietarios sabían desde el principio la contingencia de este tema". En todo caso, estas voces advierten de que esta será otra pantalla: "La indemnización tendrá un proceso largo si el daño se produce", zanjan.
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