Ayuso o cómo la batalla ultra se libra en el cuerpo y los derechos de las mujeres

En Polonia, en Estados Unidos, en Hungría, o en Argentina, el avance del discurso de la ultraderecha siempre se libra sobre el cuerpo y los derechos de las mujeres. Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso desatada hacia posiciones ultras, no es una excepción.

Desde hace meses, la presidenta de la comunidad de Madrid ha ido siguiendo paso a paso la agenda y los discursos de la derecha más recalcitrante a nivel internacional. A principios del pasado mes de septiembre, la presidenta madrileña anunció que reconocería al "no nato" como miembro de la familia desde la detección del latido fetal, una terminología que utilizan los mal llamados grupos "pro vida" para oponerse al aborto a nivel global.    

En su batalla sin cuartel contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, Ayuso retuerce ahora el concepto de la objeción de conciencia de los médicos y el texto de una ley aprobada en 2023 que se niega a cumplir. "No voy a crear una lista negra de médicos", afirmó hace un mes, cuando el Gobierno le exigió que cumpliera con la ley. "Váyanse a otro lado a abortar", le dijo a las mujeres de su región. Desde entonces, Ayuso ha seguido elevando el tono de su confrontación contra el Gobierno central, afirmando que "sólo un dictador puede obligar a los médicos a hacer lo que no quieren" y se erigió en la adalid de la defensa de "la libertad ideológica, religiosa y de culto".

Una mentira, que aunque la repita mil veces, seguirá siendo una mentira. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no solo no recorta derechos a los médicos objetores, sino que los refuerza. De hecho, este apartado de la reforma de la ley en 2023 fue uno de los más debatidos y que más tiempo llevó elaborar. Finalmente, el Gobierno optó por trasladar a esta norma un texto casi idéntico al que se había utilizado ya en la ley que regula la eutanasia. En este caso, la Comunidad de Madrid no tuvo ningún problema en elaborar un registro similar de médicos en la sanidad pública madrileña que se negaba a realizar esta práctica.      

Lejos del discurso de Ayuso sobre la desprotección de los médicos, la ley establece claramente el derecho de los médicos a la objeción de conciencia a realizar abortos, pero afirma que este derecho personal, no colectivo, no puede obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos en que marca la norma. 

Tal como establece la ley, los datos de los médicos objetores no serán públicos y su utilización estadística servirá para asegurar que existan médicos dispuestos a realizar el aborto en los hospitales públicos, algo que hasta el momento no ocurre en un amplio número de centros sanitarios de nuestro país.

La Comunidad de Madrid lleva años siendo una de las comunidades en las que menos abortos se realizan en la sanidad pública. En los últimos años, más del 99% de los abortos que se practican en Madrid se hacen en clínicas privadas concertadas. La inexistencia de un registro oficial de médicos objetores al aborto, impide a la administración pública verificar si quienes se niegan a ofrecer este servicio sanitario en los hospitales públicos practican o no abortos en la sanidad privada.

En 2024 sólo el 0,4% de las interrupciones de embarazos registrados en la Comunidad de Madrid se realizaron en centros públicos. Esto ha llevado a diversas expertas a afirmar que hay comunidades autónomas en las que la objeción, más que un derecho personal, se ha convertido en un derecho colectivo, que abarca hospitales enteros y comunidades autónomas en su conjunto. 

 El aborto como arma política        

Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a realizar el registro de médicos objetores del aborto. El resto de regiones en las que el Partido Popular tiene mayoría, han accedido a cumplir con la ley. Parece pues, evidente, que lo que hace la presidenta Díaz Ayuso es utilizar los derechos de las mujeres de su región como un arma política. No sólo contra el presidente del Gobierno, a quien presenta como un "dictador" que obliga a los médicos a "hacer lo que no quieren", sino también contra su propio partido, en un intento de marcarle a Alberto Núñez Feijóo la agenda de debate.         

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Público / Europa Press

Pero nadie dentro del Partido Popular se ha atrevido a desautorizarla. De hecho, el presidente del PP ha dado en los últimos meses importantes volantazos al son de la letra que marca su presidenta madrileña. Si hace unas semanas Feijóo afirmaba que Madrid cumpliría con la ley para crear el registro de objetores, la negativa de Ayuso lo obligó a cambiar el guión y a afirmar que cuando llegue él al gobierno, "la lista será la contraria". Es decir, que creará un registro de médicos que sí estén dispuesto a realizar abortos. 

Visto lo visto, en muchas comunidades autónomas la lista permanecerá vacía. Y los médicos que lo deseen, podrán practicar abortos en las clínicas privadas, mientras se niegan a hacerlo en la sanidad pública. Eso sí, pagado con el dinero de nuestros impuestos.