Por Mario Martínez Zauner, miembro de La Comuna

Es de noche, una noche cualquiera en los años cincuenta. Un aura luminosa rodea una zona abandonada que conforma un barranco, no muy profundo, pero lo suficiente para permanecer en el olvido. De él emana la luminosidad del fósforo, proyectada por un conjunto de huesos que translucen su tragedia sin que nadie la contemple, excepto los animales nocturnos de la zona, que la rondan en busca de algún resto que mascar y roer.

Estamos en el Barranco de la Bartolina, una zona deshabitada entre las localidades de Calatayud y Terrer, en la provincia de Zaragoza. Allí los fuegos fatuos y las fosforescencias de los huesos expresan luminosamente la memoria de un exterminio masivo, el de al menos cuatrocientas víctimas del alzamiento franquista de 1936 y del terror que lo acompaña. Este pequeño lugar dibuja una de las metáforas más brutales de la guerra civil y su posterior recuerdo, que alcanza hasta nuestros días, desamparado. Una metáfora hecha de restos humanos, balas, tierra y escombros. La memoria de la violencia sepultada, y ya hoy, prácticamente irrecuperable salvo por los familiares que la sostienen.

En la región el golpe de Estado del 18 de julio triunfa desde el primer día: desde Zaragoza se envían telegramas a las capitales de provincia y localidades más grandes (Jaca, Huesca, Calatayud, Teruel) declarando el estado de guerra, y los cuarteles del ejército y dependencias de la guardia civil se suman inmediatamente. A ellos se unen voluntarios armados que recorren las calles de los pueblos y montan en vehículos para dirigirse a los localidades más cercanas, donde garantizan por la fuerza la adhesión a los sublevados. Por su parte los sindicatos con mayor presencia en la zona, CNT y UGT, se declaran en huelga general y tratan de interrumpir las comunicaciones ferroviarias, que son militarizadas, tal y como relata el poeta y novelista Ildefonso-Manuel Gil en su obra “Concierto al atardecer”. Pero la llegada de tropas y la presencia de la guardia civil permite asegurar la zona de Calatayud, así como las comunicaciones entre Zaragoza y Teruel, mientras pequeños grupos de falangistas empiezan a organizarse para crear “banderas” o agrupaciones locales dispuestas a cumplir sin miramiento las directivas de Mola: “eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Víctimas de esa consigna, los obreros organizados, pero pobremente armados, son rendidos con facilidad.

La feroz represión desatada en la región, que incluye otras localidades como Ateca o Daroca, se focaliza en el cementerio de Calatayud y en el Barranco de la Bartolina. Así lo documentan las obras del historiador Nacho Moreno en “La ciudad silenciada” y Julián Casanova en “El pasado oculto”, que a partir de los expedientes de Responsabilidades Políticas conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza reconstruyen el proceso de violencia social aplicado en la zona: detenciones, fusilamientos, tiros de gracia, registros, penurias e injusticias de todo tipo. Las cárceles de la zona se saturan a los pocos días, así que se improvisan fosas comunes en las cunetas, en “las fosillas” del cementerio y en un espacio tan propicio para fusilar y enterrar como el del barranco. Camiones llenos de prisioneros listos para ejecutar recorren la antigua carretera nacional, e incluso se instala un tendido eléctrico que permita seguir fusilando de noche, en una actividad frenética durante las primeras semanas de la guerra. Son ejecutados alcaldes, concejales de izquierdas, sindicalistas y cualquier sospechoso de simpatizar con la República. Entre ellos, Narciso Crespo Lozano y su primo Antonio, asesinados el 10 de agosto, y sus madres Petra y Lorenza, fusiladas por los falangistas tres días después por haber preguntado insistentemente por sus hijos. Sus cadáveres son paseados en una carreta por las calles de Almunia de Doña Godina, y luego conducidos al cementerio de Ricla para ser allí abandonados, lejos de los de sus descendientes.

Pasado el fragor del alzamiento la represión se irá espaciando, aunque siga activa hasta comienzos de los años cuarenta. A partir de entonces el barranco queda como una especie de no lugar, donde muchos saben que su familiar está enterrado pero muy pocos se atreven a acercarse. Es entonces la naturaleza quien no deja descansar los restos en paz, puesto que al ser una zona de riadas, los huesos allí enterrados emergen recurrentemente a la superficie, creando por las noches el efecto estremecedor de la fosforescencia. La única actividad por el día es la de algunos vecinos que se acercan clandestinamente para recuperar las balas empleadas en los fusilamientos y ganar dinero vendiendo su plomo. Y por si existiera alguna tentación familiar de ir allí a rezar o dejar flores, ya en los años cincuenta se lo pondrá aún más difícil la apertura de un local de alterne en las proximidades del barranco, disuadiendo por completo cualquier acto de homenaje a los allí enterrados.

Con los años, la acción de las lluvias torrenciales, así como otras operaciones humanas de excavación y remoción de tierra en el lugar, donde además se tiran y acumulan todo tipo de basuras y escombros, irán enterrando progresivamente los huesos de la guerra. Pero la acción más brutal de inhumación se produce ya a finales de los años noventa, cuando el ayuntamiento de Calatayud gobernado por el Partido Popular decide instalar en el barranco un vertedero municipal en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar, utilizando para sellarlo y compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva. Con ello, cualquier posibilidad de recuperar los huesos queda por completo impedida, por decisión de un alcalde, Fernando Martín Minguijón, cuya madre era una reconocida franquista. Los obreros de la empresa madrileña que realizan la tarea afirman haber encontrado allí varios huesos y cráneos mientras trabajaban, pero no tendrán reparos en devolverlos a la profundidad del vertedero para después sellarlo definitivamente.

En ese momento la reacción de los partidos en la oposición es escasa, y habrá que esperar hasta la intervención en 2007 del movimiento de asociaciones memorialistas encabezado por ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), con el apoyo de algunos representantes de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), de historiadores y arqueólogos, que acompañan a testigos todavía vivos de la masacre y a familiares esperanzados con la posibilidad de exhumar los huesos, identificar su ADN y poder así dar digna sepultura a sus familiares. El abandono de la zona les lleva a especular con que los restos de la fosa común se hallen dispersos, no solo en el vertedero, sino también en una zona cercana donde crece un campo con flora natural de tono amarillento, así como en un río cercano donde podrían haber llegado arrastrados por la riada. A la espera de contar con medios suficientes, se celebran allí homenajes muchos fines de semana y cada 14 de abril, hasta que en 2011 se realizan por fin una serie de sondeos arqueológicos que incluyen técnicas de prospección mediante georradar y detectores de metales con resultados negativos. Solo queda entonces explorar el vertedero, pero los técnicos han de explicar a los familiares que por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras los huesos están destruidos, y que el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros como pequeñas explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero. Los restos materiales de los fusilados en el barranco quedan así definitivamente sepultados con la basura municipal de Calatayud, en una terrible metáfora del tratamiento que se da en España a la memoria histórica. Aunque la batalla por su recuerdo y homenaje no termina ahí: varios familiares de los fusilados en las tapias del cementerio de Calatayud y enterrados en las “fosillas” (entre ellos, los descendientes de los hermanos Lapeña) comienzan a litigar para poder recuperar sus restos del Valle de los Caídos, que en 1959 se habían extraído, amontonado y tapado con una lona para luego ser guardados con palas en unas cajas en las que se trasladaron sin consentimiento hasta Cuelgamuros. Los descendientes de aquel expolio, integrados en ARICO, ponen en marcha en 2011 una solicitud para la concesión de un terreno donde albergar los restos que todavía pudieran encontrarse en el cementerio, así como los recuperados de la cripta y columbarios del Valle de los Caídos, y colocar un memorial en recuerdo de las más de cuatrocientas víctimas de la represión franquista documentadas en la ciudad y comarca de Calatayud. Los miembros de la asociación se manifiestan en repetidas ocasiones, despliegan pancartas con los nombres de los asesinados e impulsan iniciativas en el consistorio para la instalación del memorial, encontrándose con el rechazo del ayuntamiento dirigido por el PP.

Pero gracias a su insistencia finalmente logran que en 2012 la iniciativa salga adelante, aunque el alcalde se niega a incluir los nombres de los fusilados en el barranco alegando que no le incumben el resto de fusilados en la comarca, plasmando únicamente los nombres de los 115 vecinos de Calatayud. Los familiares de los trasladados al Valle de los Caídos y los parientes de los fusilados en el barranco han de seguir litigando y protestando para recuperar aquellos cuerpos y para incluir en el memorial la totalidad de los nombres de represaliados. Hasta que en febrero de 2019, y en virtud de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática aragonesa, ambas demandas encuentran un soporte legal y administrativo. Aunque como era de esperar, la Administración no reacciona de inmediato a la aplicación de la ley, y los familiares se encuentran aún a día de hoy a la espera. Por el momento, han solicitado a Patrimonio que considere el Barranco de la Bartolina un lugar de memoria democrática (la ley incluye todo “espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la guerra civil y la dictadura franquista”). Pero no han recibido respuesta, en la línea de la disfunción que sufre nuestro país entre lo legal y lo concreto, entre la Ley de Memoria Histórica y su aplicación práctica. Hasta el punto de que ha habido asociaciones que han tenido que pagar tasas por exhumaciones en Guadalajara o León, o que el propio alcalde de Madrid haya ordenado destruir un memorial de fusilados republicanos como el del cementerio de La Almudena.

La memoria republicana queda así, una vez más, a la espera de su dignificación. Mientras tanto, son las asociaciones y familiares quienes mantienen viva su llama con homenajes y manifestaciones, y al menos los restos ya destruidos del Barranco de la Bartolina tienen quien les recuerde, les lleve flores y honre su recuerdo, al otro lado del vertedero, donde crecen las hierbas amarillas.