Si algo no se puede reprochar al pueblo saharaui y a su legítimo representante político, el Frente Popular de Liberación de Saguia al-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), es no contar con una paciencia infinita. Estoicamente y desde los tiempos del Franco, este pueblo ha soportado traición tras traición por parte de los gobiernos de España, cuya sociedad civil siempre ha destilado más honestidad y ética que sus gobernantes.

Con el dictador aún en vida y un año después de que 17 hombres, entre ellos Brahim Ghali, el actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fundaran el Frente Polisario tras un congreso de 48 horas ininterrumpidas, España trató de engañar al pueblo saharaui con un estatuto de autonomía. Con un dictador viendo ya de lejos a la parca, aquello fue más obra de un pusilánime Arias Navarro, que siempre fue más obediente que emprendedor en la toma de decisiones. Hasta miembros del INE acudieron hasta el Sáhara Occidental para trata de elaborar un censo, mientras Arias Navarro, sumiso ante la presión, negociaba entre bambalinas la transferencia de los territorios a Marruecos y Mauritania.

El rey de Marruecos, Hassan II, no las tenía todas consigo y llegó a pedir el auxilio del Tribunal Internacional de La Haya, pero le salió el tiro por la culata. En octubre de 1975, este Tribunal avalaba el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y rechazaba cualquier tipo de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La Marcha Verde, que contó con el apoyo directo del secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, cobró más fuerza.

Y, de nuevo, otra traición. Esta vez del que ya ostentaba la jefatura de Estado en funciones, Juan Carlos I, que viajó hasta El Aaiún un 2 de noviembre y en sus arengas llegó a afirmar que “España cumplirá sus compromisos”, garantizando que España protegería “los legítimos derechos de la población civil saharaui”. A esas alturas, las órdenes a ciertos estamentos militares españoles de ir retirándose de sus puestos en el interior del Sáhara para dejar vía libre a Marruecos y Mauritania ya estaban dadas y Marruecos no tardaría en bombardear con napalm y fósforo blanco a la población civil saharaui, que huyó al desierto argelino del Sáhara. El 14 de noviembre de 1975 se firmaría los Acuerdos Tripartitos de Madrid que ratificaban la decisión.

Un año más tarde, un joven Felipe González anticiparía las sucesivas traiciones que el PSOE iría cometiendo, con el pueblo saharaui ya en democracia. El líder socialista viajó hasta los campamentos de refugiados y en un pomposo discurso gritó que “nuestro partido estará con vosotros hasta la campaña final”. González, reconvertido hoy en uno de los embajadores del régimen marroquí con sus tejemanejes de lobbista, se despachó a gusto afirmando que “el Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui” y lamentando que el gobierno español “no sólo ha hecho una mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios”.

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Con el alto el fuego en 1991 y, sobre todo, con la resolución de la ONU por la que en 1992 debía de haberse celebrado un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental parecía vislumbrarse esperanza para el pueblo saharaui, pero no sólo no se ha celebrado dicho referéndum, sino que las traiciones de los gobiernos de España se han sucedido.

Aznar, el pragmático

Aunque es cierto que los saharauis tienen a José Mª Aznar como el presidente menos dañino con su causa, la postura del conservador nada tuvo que ver con la defensa de sus derechos. Aznar instrumentalizó al pueblo saharaui para presionar a Marruecos, con el que sin duda alguna se vivió la peor época diplomática previa a la de estos días. Su estrategia fue la de no tomar partido por Marruecos abiertamente, más que la de apoyar al Polisario.

A pesar de ello, es cierto que en 2002 –año de la invasión del islote de Perejil- advirtió al presidente Bush de la inestabilidad que supondría en el Magreb una solución al conflicto que no contara con la bendición del Polisario. Un año más tarde, España avalaría en la ONU el Plan Baker que no daba una especial ventaja al pueblo saharaui, pues contemplaba un referéndum en el que votaran todos los colonos marroquíes que el reino alauita ha ido movilizando en el Sáhara Occidental desde 1999.

La hipocresía de Aznar se vería ya fuera de La Moncloa cuando a pesar de que en sus ochos años de mandato no había recibido al presidente de la RASD, sí lo hizo en 2008, llegando a aceptar la invitación de viajar a los campamentos de población refugiada. Esto es una tónica tanto en el PP como en el PSOE: cuando están en la oposición muestran más empatía por la causa saharaui pero, al llegar al poder, se desenvuelven mejor bajo la chilaba marroquí.

ZP se lía con los mapas

El caso de José Luis Rodríguez Zapatero no podía terminar bien. Estando aún en la oposición en 2001, el socialista posó en el despacho de Mohamed VI con un mapa de con un mapa de Marruecos que incluía las Islas Canarias y Ceuta y Melilla. Con esta tarjeta de presentación y recordando que al poco de asumir la presidencia en 2004 aseguró temerariamente que el conflicto saharaui quedaría resuelto en seis meses, ¿qué se podía esperar? Pues aceptar el plan de autonomía del que el reino alauita era el mayor beneficiado, entre otras lindezas.

En 2009 su gobierno, con Miguel Ángel Moratinos como titular de Exterior, tomó partido por Marruecos con la huelga de hambre de Aminetu Haidar, a la que Marruecos había devuelto a Canarias desde El Aaiún cuando regresaba de EEUU de recibir un nuevo reconocimiento -el premio Civil Courage, concedido por la Fundación John Train- por su labor humanitaria como activista. En cuanto bajó del avión fue despojada del pasaporte por Marruecos, subida al avión de vuelta a Lanzarote de otra compañía española.

Moratinos llegó, incluso, a ofrecer asilo o la nacionalidad española a Haidar, pero la activista ni quería renunciar a su nacionalidad saharaui ni quería acceder a dejar de vivir en su hogar, El Aaiún, pese a las continuas violaciones de DDHH por parte de Marruecos. Mohamed VI tuvo que ceder finalmente a la presión internacional de la sociedad civil, con apoyos como los de José Saramago entre muchos otros.

Un año más tarde, se produciría el terrible desalojo del campamento de Gdeim Izik, en el que activistas españoles fueron testigos de torturas, vejaciones, detenciones arbitrarias de ciudadanía saharaui… incluso la muerte de un joven con doble nacionalidad hispano-saharaui. Pese a la presión de diversas ONG, la titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, optó por comprar la versión de los hechos de Marruecos, ignorando las pruebas irrefutables de audio y vídeo y aceptando que, incluso a día de hoy, hay presos sin haber recibido un juicio justo. Fuera del gobierno, ya en 2015, Zapatero culminaría su buen talante como Mohamed VI viajando hasta la ciudad ocupada de Dajla a un foro marroquí.

Rajoy, sin justicia universal

Mariano Rajoy, por su parte, que siempre ha estado convencido de que el conflicto no tiene solución, pasará a la historia como el presidente durante cuyo mandato se bloqueaban las solicitudes de nacionales para la ciudadanía saharaui mientras se otorgaba la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados sefardíes originarios de España. Ya con Pedro Sánchez, en una inaudita sentencia del Tribunal Supremo se ha negado la nacionalidad a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1975, pese a ser considerada entonces la Provincia 53. Además, Rajoy también tiene en su haber conseguir acabar con la Justicia Universal, de modo que la causa que llevaba la Audiencia Nacional sobre el caso de genocidio saharaui a manos de Marruecos, se esfumó.

Sánchez olvida su responsabilidad

En la era de Pedro Sánchez, no sólo hemos asistido estupefactos a cómo Josep Borrell en 2018 cuando era ministro de Exteriores o la vicepresidenta Carmen Calvo este mismo año han negado que España sea la potencia administradora del Sáhara Occidental, contradiciendo no sólo a lo establecido por el Derecho Internacional y los autos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino al auto del que ahora es ministro del Interior y en 2014 magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que estableció que "las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia Administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de iure pero no de facto hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas".

El gobierno de Sánchez ha pasado de puntillas por el conflicto del Sáhara Occidental y cuando lo ha hecho, ha sido para perjudicarlo. Prueba de ello es cómo el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Unidas Podemos), se achantó y tras reunirse con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Hay Enhamed Salem y tuitear desde la cuenta de la secretaría "Nacho Álvarez se ha reunido hoy con Suilma Hay Enhamed Salem, la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. Le hemos expresado el compromiso para seguir cooperando en la ayuda a las personas con discapacidad y nuestra solidaridad con el pueblo saharaui", tuvo que borrar los tuits. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, abroncó a su homóloga española, Arancha González Laya, y ésta reculó de lo lindo, extendiendo el canguelo a sus socios de gobierno.

No podemos finalizar el artículo sin olvidar otra de las traiciones transversales a todos los gobiernos del PP y PSOE: los acuerdos de pesca con Marruecos que esquilman los bancos saharauis, sobre los que el Derecho Internacional niega cualquier potestad al régimen alauita. Así, desde 1977 hasta 1986, estos acuerdos han sido bilaterales entre España y Marruecos y, a partir de 1986 –cuando entramos en la Comunidad Económica Europea- hasta la actualidad, con la Unión Europea. Todos esos acuerdos violan el Derecho Internacional, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo dictaminó en 2018. Da igual, cuentan con la bendición del gobierno de España, del Borbón de turno –tanto Juan Carlos I como Felipe VI tienen una muy estrecha relación con Mohamed VI- como de la UE.

Demasiadas traiciones de los gobiernos de España al pueblo saharaui que continúa haciendo gala de que nosotros tenemos relojes y él el tiempo... pero todo tiene un límite.