La compañía Saudi Telecom Company (STC) Group se ha hecho con el 9,9% de Telefónica, justo un 0,1% menos del 10% que habilitaría al Gobierno la activación de la acción de oro, esto es, el veto a la operación. La compañía, en manos del régimen saudí, asegura que no tiene intención de controlar la operadora ni interferirá en su negocio pero, ¿seremos tan ingenuos para pensar que una dictadura paga 2.100 millones de euros con el único propósito de avalar la buena gestión de Telefónica y blanquear su autoritarismo?

Pese a ese leve repunte del 0,27% de Telefónica al cierre de la Bolsa de ayer, la inquietud cunde de manera generalizada. Telefónica es una de nuestras compañías estratégicas, con contratos millonarios en Defensa, Sanidad, Energía... El Ibex cayó un 0,4%, la Unión Europea (UE) ha encendido sus alarmas, el Gobierno ya ha anunciado que velará por los intereses de España y, cómo no, la derecha no ha perdido oportunidad de arremeter contra el Ejecutivo por boca de personajes como Rafa Hernando, que tras su paso por el cementerio de elefantes del Senado regresa esta legislatura al Congreso.

Olvida Hernando que fue el PP quien abrió el camino para que una de las empresas que había sido bandera del país pudiera caer en manos ajenas. En 1997 y al más puro estilo de Aznar, esto es, sin ni siquiera pasar por el Congreso, el presidente popular se desprendió del 20,9% que el Estado conservaba de Telefónica, para poner al frente al que había sido compañero de pupitre en el elitista colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid, Juan Villalonga.

A partir de ese momento, el libre mercado que tanto defienden los neoliberales se encargaría del resto, aderezado, claro está, con el blanqueamiento de las dictaduras más atroces que violan los derechos humanos. Ni el libre mercado sale gratis ni asociarse con regímenes asesinos es una ganga. Ambas cosas pasan factura tarde o temprano. STC Group ha jugado con las reglas existentes, en una operación medida y ejecutada bajo el radar, incluso, del CNI, que al parecer ahora sí tendrá un papel fundamental en los tres meses que tiene el Gobierno de España para analizar la operación.

Hay sobrados motivos de preocupación por el hecho de que la principal operadora del país esté controlada por Arabia Saudí. Este tipo de dictaduras árabes ansían diversificar sus fuentes de riqueza, sabedoras de que los petrodólares dejarán de cundir a medida que se combata el cambio climático. Además, llevan años intentando mejorar cosméticamente su imagen, pero al tiempo que lucen patrocinios deportivos y fichan a estrellas del fútbol, cuando se pasa el algodón, salen las torturas y asesinato de periodistas como Jamal Khashoggi. A pesar de ello, países como España y la misma Unión Europea han entrado en el juego, sin medir las consecuencias que esto tendría. Tanto se ha entrado que la huida del rey emérito a Emiratos Árabes es un plato de difícil digestión para el que no existen suficientes sales democráticas que procuren alivio, ni siquiera a los defensores de la Corona, en constante bucle de regurgitación.

Arabia Saudí es uno de los países invitados a sumarse a los BRICS en esa nueva construcción de dos grandes polos geopolíticos que enfrenta a Occidente, liderado por EEUU, y al resto. La arrogancia histórica de la Casa Blanca y el neocolonialismo que sigue practicando Europa, con esos aires de superioridad, han colmado el vaso de África, Oriente y buena parte de Sudamérica. En ese contexto, creer que Arabia Saudí no sacará provecho de un gigante internacional como Telefónica, con tentáculos alcanzando los sectores más estratégicos, es tan ingenuo como pueril.

Todos los caminos terminan por conducirnos a la nacionalización, pero no escarmentamos. Disponer de una energética estatal, una empresa de agua, de telecomunicaciones, una banca, incluso, una farmacéutica se ha demostrado que es crucial para el bienestar de la ciudadanía, que es el fin último de un buen gobierno. Crecer por crecer, la máxima del capitalismo y la guía de nuestros gobiernos aferrados al incremento del PIB, es contraproducente y únicamente conduce a operaciones como la de Telefónica, cuya justificación es precisamente esa, disponer de más medios para seguir creciendo mientras nosotras y nosotros, a pie de calle, menguamos.