En octubre de 2022, el viejo sindicalista metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva protagonizaba una de las resurrecciones políticas más impresionantes de los últimos tiempos. Como si fuera el guion de una película, Lula conseguía pasar de la cárcel a ganar las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia de Brasil desde la vuelta a la democracia. Jair Bolsonaro se convertía así en el primer presidente brasileño que no lograba la reelección, una derrota para la internacional reaccionaria que durante años había tenido en el país sudamericano su principal bastión regional.

La victoria de Lula dio paso a unas semanas de fuerte incertidumbre y movilización social de la ultraderecha, que se negaba a reconocer los resultados, generando un clima pre-golpista: cortes de carreteras, paros de camioneros y, finalmente, el 8 de enero —una semana después de la toma de posesión de Lula—, una turba de bolsonaristas ocupó las sedes de los principales poderes en Brasilia. Como un revival sudamericano del asalto al Capitolio en Washington, los bolsonaristas tomaban la Plaza de los Tres Poderes, incluido el Tribunal Supremo.

Mientras los bolsonaristas ponían en práctica una asonada casi tan ridícula como la de sus homólogos trumpistas, su jefe se encontraba a miles de kilómetros de distancia de Brasilia. Bolsonaro, curiosamente, había aprovechado esos primeros días de enero para viajar a EEUU, una coartada que ha esgrimido su defensa para desvincularlo tanto del intento de golpe como de la violencia desplegada por sus seguidores ese día, intentando que el dirigente ultraderechista no engrosara las filas de las más de seiscientas personas condenadas por la intentona golpista.

Este jueves, la primera sala del Tribunal Supremo alcanzaba la mayoría necesaria —tres de cinco votos— para declarar culpable a Bolsonaro de cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal. Si Bolsonaro fue el primer presidente brasileño que no lograba la reelección, ahora se convertía en el primer expresidente condenado por intento de golpe de Estado. Junto a él, también eran declarados culpables por conspiración golpista varios militares de alta graduación. Un juicio trascendental para la política brasileña, pero también para un continente demasiado acostumbrado a las asonadas reaccionarias. Un mensaje claro contra la impunidad, que tiene muchas lecturas y derivadas en clave nacional, pero también internacional.

La condena a Bolsonaro y su cúpula militar llega en un momento especialmente complicado para la ola reaccionaria en Sudamérica, tras la abultada derrota de Milei y sus partidarios en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo, acorralados por diversos casos de corrupción y estafa. Además, supone un mensaje para la judicatura colombiana, que todavía está pendiente de discernir si el expresidente Álvaro Uribe puede postular a una plaza en el Senado a pesar de tener una condena en firme de doce años.

Aunque quizás la repercusión internacional más importante provenga de EEUU, donde la administración de Donald Trump ha justificado, en un comunicado oficial, la guerra arancelaria contra Brasil por la "persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil" contra "Bolsonaro y miles de sus seguidores". Una situación que, a juicio de la Casa Blanca, supone "graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil".

De hecho, este martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado, y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría "usar medios militares" para defender la libertad de expresión en el mundo. En este sentido, no sería descartable que la Casa Blanca tomara nuevas represalias contra Brasil en los próximos días tras la condena a Bolsonaro. Pero no tanto por ayudar a Bolsonaro, que parece ser más bien la excusa propicia para justificar nuevas medidas contra Brasil en relación con la estrategia económica de Trump en su guerra con China.

En clave de política nacional, la condena de Bolsonaro es un balón de oxígeno para el gobierno de Lula, que no pasaba por sus mejores momentos después de que la mayoría conservadora del Congreso le infringiera importantes derrotas. Asimismo, la guerra arancelaria de Trump contra el país sudamericano ha permitido a la izquierda levantar la bandera de la soberanía nacional en contra de las maniobras de la familia Bolsonaro para conseguir las sanciones de la Casa Blanca. Esto ha aumentado el apoyo popular a la gestión del gobierno de Lula, al mismo tiempo que ha puesto en serios aprietos al bolsonarismo, que se ha dividido ante la estrategia de las sanciones y aranceles trumpistas.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos ha sido el de Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y uno de los cargos más importantes del bolsonarismo, que lleva días haciendo equilibrios dialécticos para criticar el tarifazo de Trump mientras intenta no irritar a sus seguidores más radicales. Incluso el capital político de Eduardo Bolsonaro, como posible recambio de su padre en las próximas elecciones presidenciales, se está viendo seriamente comprometido con esta estrategia, al aparecer como el principal causante del grave perjuicio económico para el país.

Pero no todo son buenas noticias para la izquierda brasileña. Si bien la condena de Bolsonaro y su cúpula militar es un espaldarazo al gobierno, también hay importantes claroscuros que serán fundamentales de aquí a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene. En relación con la defensa de Bolsonaro, sorprendió, especialmente por su contundencia, el voto discrepante del juez Luiz Fux, que llegó a reclamar el pasado miércoles la anulación de todo el proceso y terminó pidiendo la absolución por falta de pruebas. Una posición que no solo se alinea con el bolsonarismo más recalcitrante —en lo que podría ser una maniobra electoral del magistrado—, sino que abre la puerta a que, en un futuro, con un clima político más propicio, la condena a Jair Bolsonaro pueda ser revertida en una estrategia similar a la que utilizó Lula para lograr que el Supremo anulara las condenas contra él.

En este sentido, la bancada bolsonarista en el Congreso está apretando el acelerador para intentar aprobar una amnistía que libre al expresidente y a otros condenados por golpismo y los llamados actos antidemocráticos del castigo penal. No podemos olvidar que el bolsonarismo sigue contando, si no con una mayoría directa, sí con un significativo apoyo en el Congreso. De hecho, la izquierda lleva meses realizando una campaña por la "condena de Bolsonaro sin amnistía"; incluso el propio Lula ha llamado esta semana a la movilización popular para frenar los intentos parlamentarios de aprobar la amnistía. En las próximas semanas se dilucidará una batalla política fundamental en torno a la amnistía, un buen termómetro para medir las fuerzas de cara a la campaña de las presidenciales del próximo año.

A pesar de que Bolsonaro está inhabilitado para presentarse a los comicios hasta 2030, eso no ha impedido que siga ejerciendo de líder indiscutido de la oposición. De hecho, es muy probable que sea él quien decida el nombre del candidato de la ultraderecha para medirse con Lula en 2026. Todos los aspirantes a heredar el puesto de Bolsonaro como candidatos presidenciales ya le han prometido el indulto. Al igual que con el asalto al Capitolio en Washington, los indultos a los golpistas serán un tema central en la campaña brasileña, así como un elemento fundamental de la movilización electoral de la ultraderecha.

Porque a pesar de la condena de Jair Bolsonaro, entre maniobras judiciales, amnistías parlamentarias y pulsos internacionales, el bolsonarismo está demostrando que se encuentra lejos de estar acabado. Y como ya demostró la historia reciente, con el propio Lula, ser condenado no significa estar derrotado. La verdadera disputa se librará, lejos de los juzgados, una vez más, en las calles, en las urnas y en la disputa del relato. Los próximos meses serán fundamentales para el futuro de la democracia en Brasil y por ende en el conjunto del continente sudamericano.