De momento, todavía no se sabe si Pablo Gallart, el imaginativo CEO del grupo Ribera Salud, era la excepción o si más bien era la regla en la gestión privada de recursos públicos en la sanidad madrileña. No se sabe, pero se imagina. Entre lo de alargar listas de espera para maximizar beneficios y lo de reutilizar material médico de un solo uso, hay que echarle mucha imaginación para saber qué más podrían ingeniar los señores con corbata a la hora de ordeñar dinero de un enfermo. A lo mejor la idea, después de volver a usar un catéter sucesivamente en diez pacientes distintos, era transformar el catéter en sonda y luego convertirlo en pajitas de sorber el zumo. Esta gente es que no para de darle al tarro, no es de extrañar los estipendios tan orondos que cobran.  

A falta de un audio indiscreto en el que un día se descubra si los gestores del grupo Quirón son tan creativos como los directivos de Ribera Salud, de momento, en efecto, sólo nos queda la imaginación. Sin embargo, visto el escándalo que se formó a raíz de la filtración, estas reuniones de trabajo en las que los profesionales de la salud deben plegarse a las ocurrencias de los aficionados al regateo deberían realizarse siempre con luz y taquígrafos. Así, con un poco de suerte, a lo mejor sabríamos dónde han ido parar exactamente los cientos de millones que fueron transferidos de los fondos de las residencias públicas de mayores a la Fundación Jiménez Díaz y a otros hospitales del grupo Quirón en la Comunidad de Madrid.  

Dicho de otro modo, se está invirtiendo una ingente cantidad de recursos sanitarios públicos para amortizar los honorarios de directores ejecutivos, responsables de gestión estratégica, consejeros operativos y demás genios empresariales cuyas sabias directrices consisten en que cardiopatías, infecciones, artrosis, neumonías y tumores sean rentables. No es extraño que, con semejantes cuentas, las listas de espera para conseguir una plaza pública en una residencia de ancianos en Madrid sean de entre uno y dos años -según las fuentes más optimistas, ya que otras alargan el plazo hasta tres y cuatro años. Lo que ya no resulta tan extraño es que el 94% de las residencias madrileñas estén gestionadas por empresas privadas. Y eso que, en plena pandemia, una audaz directiva ideada por la cúpula de la sanidad madrileña dejó 7.291 plazas libres en las residencias. 

En abril del año pasado, muchos familiares de esos ancianos -que se iban a morir igual, pero que se murieron antes y de una forma espantosa- recibieron una carta de la Comunidad de Madrid notificándoles las cantidades que adeudaban por el cuidado que su difuntos no recibieron durante los últimos días de agonía. Sería lógico que un poquito de ese remanente de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social -más de 191 millones de euros sólo en un año- hubiese sido destinado a cubrir esos gastos, pero se conoce que el grupo Quirón es un pozo sin fondo. Hay que ver lo pacientes que somos con estas cosas. 

Es el principio rector que anima la política social de Ayuso: un Robin Hood a la inversa, robar a los pobres para dárselo a los ricos. A primeros de enero, se hizo público que buena parte de las becas que deberían garantizar el acceso al sistema educativo madrileño iban a parar a familias pudientes con ingresos superiores a los cien mil euros anuales. No busquen lógica alguna aquí, busquen el olor del dinero. En lo más alto de esa pirámide caníbal, al lado de Quirón, un ciudadano anónimo -Mr. Burnett, el artista anteriormente conocido por Alberto González Amador, alias el novio de Ayuso-, está a la espera de un juicio que se celebrará, con mucha suerte, después de las elecciones autonómicas de 2027. Todos los ciudadanos son iguales, pero, como advertía Orwell, algunos son más iguales que otros. Como se ve, la igualdad bien entendida empieza por Ayuso misma.