Opinión
Cincuenta años de los Acuerdos Tripartitos de Madrid sobre el Sáhara
Por Pepe Taboada
Presidente de honor de CEAS Sahara
-Actualizado a
Hoy 14 de noviembre se cumplen cincuenta años de la firma de los tristemente célebres e ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales el Estado español traicionó al pueblo saharaui, incumpliendo su promesa de respetar su derecho a decidir libremente su futuro. A través de dichos acuerdos, España entregó el territorio del Sahara Occidental a la ocupación de los ejércitos marroquí y mauritano, consumando una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia reciente.
Quienes vivimos aquellos días en El Aaiún, Smara o Villa Cisneros fuimos testigos, entre la indignación y la vergüenza, de cómo se materializaba la letra de aquel pacto: miles de soldados marroquíes ocuparon los cuarteles antes incluso de que pudieran ser desalojados, tomaron posiciones estratégicas y cercaron con alambre de espino los barrios saharauis, impidiendo la huida de la población ante una invasión cobarde. Mientras tanto, la llamada "Marcha Verde" avanzaba envuelta en una gran nube propagandística, destinada a encubrir la intervención militar. Fue una auténtica puesta en escena, una farsa a la que nuestros gobernantes se prestaron para disfrazar lo que, sin duda, constituye una de las mayores traiciones y vilezas políticas de la historia contemporánea española.
El prestigioso catedrático de Derecho Internacional Julio González Campos, ya fallecido, calificó en su día aquellos hechos como un "crimen internacional" y un acto de "genocidio". Con aquella decisión, el Estado español sembró la inestabilidad y la tensión en una región de la que depende en buena medida su propia seguridad. Provocó una guerra devastadora, el exilio y sufrimiento de decenas de miles de personas y la división de innumerables familias.
El Sahara Occidental sigue siendo la asignatura pendiente de la democracia española. Este conflicto debería ocupar un lugar central en nuestra memoria histórica. A día de hoy, la deuda del Estado español con el pueblo saharaui sigue sin saldarse: ningún gobierno democrático ha asumido la responsabilidad que le corresponde. En especial, los tres gobiernos del PSOE han sido cómplices de la prolongada ocupación y represión, al mantener una política de alineamiento con los intereses de Marruecos.
La sociedad española espera —y desea— que un futuro gobierno rectifique esta mancha de nuestra historia reciente, situándose del lado de la legalidad internacional y la justicia, e implicándose con responsabilidad y seriedad en la búsqueda de una solución urgente, justa y definitiva. Ello implica defender la celebración de un referéndum libre y transparente para el pueblo saharaui, tal como exige la Carta de las Naciones Unidas.
No puede aceptarse que se invoque la defensa de los intereses españoles en Marruecos como excusa ante las graves violaciones de derechos humanos que se producen a diario en el Sahara Occidental. Resulta inmoral y políticamente erróneo contraponer intereses económicos y derechos humanos, pues esa postura, además de injusta, no contribuye a defender los auténticos intereses de España.
La decisión del presidente del Gobierno español en marzo de 2022, al apoyar políticamente la propuesta marroquí de autonomía —que parte de la premisa ilegal de que Marruecos ya ejerce soberanía sobre el territorio—, fue inaceptable. Así lo señalaron todos los grupos parlamentarios en el Congreso, recordando que España no puede posicionarse del lado del ocupante sin traicionar su propia historia y su compromiso con el derecho internacional.
El drama del Sahara Occidental también es nuestro. Las y los saharauis son nuestros refugiados, y somos responsables de su sufrimiento, como españoles y como europeos. La paz solo será posible si el Estado español y la Unión Europea abandonan su apoyo a la intransigencia e impunidad marroquí. Mientras se antepongan los intereses económicos a la justicia y al respeto del derecho internacional, la paz en la región —interés fundamental de España— seguirá siendo una quimera.
La MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) fue creada para supervisar el alto el fuego firmado en 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, y para garantizar la organización de un referéndum de autodeterminación. El Polisario aceptó aquel alto el fuego confiando en que se respetarían los acuerdos conforme al derecho internacional. Sin embargo, la reciente Resolución 2979 del Consejo de Seguridad, al destacar la propuesta marroquí como posible base de negociación, ha roto el consenso que sustentaba ese proceso y aleja aún más la posibilidad de una solución justa.
Relacionado con este tema
Cincuenta años después, reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui. Seguiremos luchando y resistiendo juntos el tiempo que sea necesario. Son momentos difíciles y decisivos para un pueblo que lleva medio siglo luchando por la paz y la justicia. Lo que debería ser sencillo —permitirles decidir su futuro— se ha convertido en una lucha interminable porque Marruecos se niega a aceptar una solución basada en el derecho internacional y persiste en mantener el statu quo de una ocupación ilegal en un territorio que nunca le perteneció.
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.