Comer con los pies en la tierra: el decreto que no debe nacer cansado

Cada mañana, miles de persianas se levantan en nuestras escuelas y, casi al unísono, miles de tractores y azadas arrancan su faena en nuestros campos. Parecen dos mundos distantes, separados por el asfalto y la burocracia, pero están unidos por un hilo invisible y poderoso: el plato de comida que cada mediodía se sirve en el comedor escolar. Ahora, en abril de 2026, entrará en vigor el nuevo Real Decreto de comedores escolares sostenibles. Y aunque la norma sobre el papel parece un avance, desde la campaña "Escuelas que saben" —que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales, sindicales, agrarias y educativas— sentimos que nace con el aliento corto. Porque un menú escolar no es solo una bandeja con nutrientes; es, por encima de todo, una decisión política de primer orden.

Nuestra tesis es clara: la compra pública alimentaria debe dejar de ser un trámite administrativo de bajo coste para convertirse en una de las herramientas más potentes de transformación rural, agraria y de salud pública que tenemos en nuestras manos. Solo en el País Valencià se sirven alrededor de 180.000 menús escolares al día. Imaginemos la enorme cantidad de fruta y hortalizas que podría absorber esta demanda si se canalizara directamente desde nuestras productoras, sin pasar por intermediarios.

No podemos conformarnos con porcentajes mínimos de producto ecológico que apenas rozan la superficie del sistema industrializado. Si realmente queremos proteger la infancia, debemos entender que el comedor escolar es el primer espacio de democracia alimentaria.

El Decreto ya está lanzado, es una realidad, pero es apenas un suelo mínimo, no un techo. Ahora la pelota está en el tejado de las administraciones autonómicas y municipales, que son quienes tienen el poder real de redactar los pliegos y decidir quién entra en la cocina. Tienen la legitimidad para ir mucho más allá de la norma estatal y demostrar valentía política a través de sus licitaciones, respondiendo así a la demanda de ese centenar de entidades que exigimos un cambio real.

¿Qué pueden hacer comunidades autónomas y  ayuntamientos hoy mismo? Lo primero es revisar los precios de los menús; no podemos pedir milagros a precios de derribo; la alimentación de calidad y ecológica tiene un coste justo que hay que asumir. En paralelo, es urgente evaluar la producción local y coordinar la logística necesaria para que el campo y la escuela se den la mano sin intermediarios voraces. Esto pasa por establecer calendarios oficiales de temporada que respeten la realidad climática de cada territorio y, sobre todo, por ajustar los pliegos de contratación para que la agricultura familiar y campesina no sea expulsada por las grandes multinacionales de la restauración colectiva.

Pero nada de esto tendrá raíces profundas si no transformamos también las mentes. Debemos incorporar la educación alimentaria de forma transversal en el currículo escolar y, sobre todo, comunicar estos cambios con orgullo a la ciudadanía. La transparencia en lo que comen nuestras hijas es la mejor campaña de sensibilización posible.

Si alguien cree que esto es una utopía técnica, solo tiene que mirar hacia la comarca de Osona. Allí, el Consell Comarcal ha demostrado que es posible diseñar una licitación que prioriza el territorio, la salud y la justicia climática. Si en Osona han podido transformar los comedores en motores de economía local, ¿por qué el resto de nuestras comunidades no habrían de hacerlo?

Proteger la agricultura campesina, como señala la Declaración de Derechos del Campesinado de la ONU (UNDROP), es hoy una cuestión de supervivencia. Transformar los comedores es posible porque ya está ocurriendo en los márgenes. Ahora toca que la norma deje de ser un refugio de mínimos para convertirse en un trampolín. Nos va la salud de nuestras hijas e hijos en ello, y nos va la vida de nuestros campos.

Porque una escuela que sabe es, ante todo, una escuela que cuida lo que nos alimenta a todas: que apuesta por alimentos de calidad, que garantiza que las personas productoras reciban precios dignos por su trabajo y que contribuye a que nuestro medio rural tenga futuro.