Por Manuel Blanco Chivite, miembro de La Comuna.

Recientemente afirmaba el diario “El País”, con la clara intención de engañar a sus inocentes lectores, que: “El Ayuntamiento de Madrid cedió un espacio municipal a un colectivo que apoya la independencia de Cataluña”. Quizás, que no lo sabemos a ciencia cierta, la intención de la afirmación panfletaria era la de referirse a la convocatoria de un acto en la sala Terneras del Matadero donde se iba a celebrar un acto en defensa del Derecho democrático a Decidir; es decir, un acto que reivindica el derecho de los pueblos a decidir y a hacerlo en las urnas. El colectivo convocante, concertado para la ocasión, es el de “Madrileños por el derecho a decidir”. Su breve manifiesto lleva por título: “Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación”.

Por supuesto en el tal referéndum se podrá votar Si o votar NO. Y dicen las encuestas que la mayoría votaría NO.

¿Dónde está, pues, el apoyo a la “independencia de Cataluña”?

El colectivo citado, como su propia denominación deja claro, no apoya, ni siquiera se pronuncia por el SÍ o por el NO a la independencia de Cataluña.

Eso lo sabe el ruinoso País y otros medios que han proporcionado diferentes noticias sesgadas y malintencionadas sobre el asunto, pero su interés antidemocrático es oponerse a un derecho (el de decidir) y por y para ello mienten.

También el mismo panfleto pretende poner en entredicho a la asociación en cuyo nombre se solicitó el uso del espacio público (es decir, de todos) para el acto que, finamente fue, en perfecta connivencia:

-primero, amenazado por La Falange, grupo que se reclama del fascismo español de los años 30 y de toda a Dictadura franquista;

-a continuación, denunciado por la banda corrupta PP, grupo heredero directo de los intereses de la misma Dictadura a la que sigue defendiendo y…

-finalmente prohibido por la sentencia del juez de lo contencioso administrativo José Yusty Bastarreche. Como diría Valle Inclán “vaya tres patas para un banco”.

La asociación solicitante del espacio a que nos referimos es la Asociación La Comuna de represaliados y represaliadas por el franquismo.

La Comuna y “Madrileños por…” convocaron el acto. Y si la segunda es un colectivo circunstancial, aunque cualificado, de ciudadanos, La Comuna lleva siete años trabajando para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo y por el enjuiciamiento de los criminales que todavía viven entre nosotros…

La Comuna no es un partido ni una organización política, de ahí que no se haya pronunciado ni debe hacerlo, por ejemplo, por una u otra opción política electoral, ni por la independencia o no de Cataluña, por poner dos ejemplos fácilmente comprensibles para los lectores habituales de El País.

La Comuna es, como hemos dicho, una asociación legal de una serie de personas que fueron represaliadas por la Dictadura debido a su lucha por la democracia, por la libertad de los pueblos y por una sociedad más justa. Una asociación que se ha querellado contra un buen número de asesinos y torturadores que sirvieron y se beneficiaron de la Dictadura.

En condiciones de clandestinidad y persecución sus miembros lucharon por la democracia y aunque hoy, como tal asociación, no se define por ninguna opción política. Sí seguimos siendo, individual y colectivamente, defensores y luchadores por la democracia y contra los intentos totalizantes de limitarla e incluso de liquidarla paso a paso como ocurre hoy en España.

Es en este sentido, que hemos dado nuestro apoyo a la convocatoria por el derecho a decidir, porque creemos que se trata de un derecho básico y fundamental de todas las personas y de todos los pueblos.

Estamos porque el pueblo catalán decida y porque lo haga libremente en las urnas: SÍ o NO a la unidad con España o a la república independiente.

No vamos a dictar a nadie el SÍ o el NO. Estamos por el ejercicio de ese derecho democrático, sin amenazas, sin invasión policial/militar y sin presiones como las que se están dando en Cataluña por parte de un gobierno que ha puesto el problema en manos de los tribunales, de la policía y de la guardia civil. Y las amenazas son reales y están ya en marcha:

• Amenazas de multas, procesamientos y prisión para los alcaldes que desobedezcan las consignas antidemocráticas de los tribunales nacional-españolistas

• Amenazas de multas y de procesamientos según grados para todos los funcionarios que colaboren en la preparación del referéndum.

• Amenazas de multas a los 40.000 voluntarios para el 1-O de treinta mil euros por cabeza.

• Amenazas, multas, procesamientos y eventual prisión para los diferentes representantes democráticamente elegidos que organicen el 1-O

• Además de registros, aperturas de diligencias, persecuciones varias, interrogatorios y un largo y vergonzoso etcétera que quiere convertir a Cataluña en el reinado del terror nacionalista español. Por todo ello, quienes luchamos contra la Dictadura hoy reincidimos y nos enfrentamos, desde nuestras diferentes historias personales y nuestro pluralismo político, a los sucesores directos y beneficiarios de aquella dictadura y a quienes se han puesto bajo su dictado, en lucha de nuevo por los derechos democráticos, por el derecho a decidir.