Después de que el Tribunal Supremo decidiera retrasar su sentencia sobre el recurso presentado en la causa de los ERE de Andalucía para, según argumentó, no influir en la campaña electoral de esta comunidad autónoma, ha querido el alto tribunal que se hiciera pública el mismo día que el gobierno de mayoría absoluta del PP tomara posesión de sus cargos. Esta polémica decisión ha amplificado aún más el terremoto generado por la ratificación de las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a otros tantos ex altos cargos. Pese a la condena, que en el caso de Griñán implica seis años de cárcel, el PSOE alaba la honorabilidad del barón socialista.

Por ser quien podría regalar al PP la imagen de un expresidente socialista entrando en prisión, Griñán es quien se encuentra en el epicentro de los fraudes de los ERE. Acusado de prevaricación y malversación por diversos tribunales -lo que implica diferentes filtros y más de una década de proceso penal-, es increíble, incluso patológico, que el PSOE continúe subrayando la honorabilidad de Griñán.

Es un hecho innegable que la corrupción campó a sus anchas en el PSOE andaluz, cocinada a fuego lento durante las casi cuatro décadas de gobierno en Andalucía. Aunque incluso reputados juristas plantean dudas sobre la imputación del delito de malversación porque, inicialmente y cuando el Supremo llevó la instrucción de la causa por ser entonces aforado Griñán, sólo le imputó prevaricación, lo cierto es que esto es suficiente para hablar de corrupción, algo incompatible con la honorabilidad.

No hace absolutamente ningún favor al PSOE que sus dirigentes defiendan esa honorabilidad y se escude en que Griñán no se llevó un solo euro para tirar balones fuera. La financiación ilegal de partidos es un delito muy grave y, sin embargo, tampoco tiene por qué implicar que nadie se enriquezca personalmente. Pareciera que el PSOE tuviera tan interiorizado cierto modo de hacer política que hubiera perdido perspectiva sobre qué es y qué no corrupción.

La trama de los ERE por la que ha sido condenado Griñán jugó un papel protagonista a la hora de tejer la red clientelar que durante décadas sostuvo al PSOE en la Junta de Andalucía. Los estómagos agradecidos son una de las peores lacras de nuestra democracia y se dan en todos los niveles de la Administración, siendo en la local el gran secreto a voces donde todo el mundo sabe quién es de la cuerda de quién, pero también en la autonómica, como se evidencia en el periodo socialista de la Junta de Andalucía.

Griñán está decidido a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no parece que vaya a fallar a su favor tampoco; ni siquiera parece que vaya a suspender cautelarmente su entrada en prisión, pues no acostumbra a hacerlo para penas superiores a los cinco años de prisión. Por otro lado, el hecho de que sobrevuele la posibilidad de un indulto es una auténtica aberración. En el fondo, el mismo PSOE lo sabe y, precisamente por ello, el Gobierno evita a toda costa pronunciarse al respecto, ni siquiera para negarlo. Un indulto sería absolutamente incomprensible e injustificable para la opinión pública y extendería al resto de España la penitencia que aún le resta sufrir al PSOE en Andalucía.

Teniendo en cuenta el parón judicial de agosto -algo a lo que también habría que dar una vuelta-, la sentencia completa del Supremo podría no llegar antes de septiembre, siendo entonces cuando la Audiencia Provincial de Sevilla la ejecute. Hasta entonces, como mínimo, Griñán disfrutará de libertad, aunque a efectos legales ya ha sido marcado y desde el PP sacan tajada de ello.

El actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, imposta un profundo penar porque su Andalucía querida vuelva a ser noticia por la corrupción, apostillando que "eso es tiempo pasado", mientras que su líder, Alberto Núñez-Feijóo, cada vez más desnortado, compara la sentencia con la que motivó la moción de censura que apeó a Mariano Rajoy de La Moncloa por liderar lo que los tribunales consideraron una trama criminal desplegada por toda España.

Criticar, señalar y lamentar la corrupción probada con que perjudicó el PSOE a Andalucía es legítimo, incluso saludable para la democracia, pero hacerlo como si no se tuviera mácula alguna en el expediente es de un cinismo supino, más aún cuando si por algo se ha caracterizado el PP es por no combatir la corrupción de manera interna, poner cuantos palos en las ruedas pudo a la Justicia y negarse a dar las explicaciones oportunas a la ciudadanía.

Ojalá tuviera Moreno Bonilla razón al afirmar que la corrupción es cosa del pasado, pero este último martes, la Guardia Civil registraba el ayuntamiento rondeño de Igualeja en Málaga, cuyo alcalde, Francisco Escalona (PP), está acusado de haber cometido supuestamente cuatro delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Y en el PP, de nuevo, callan. Suma y sigue.