Rachid Labrouzi

A pesar de los drásticos cambios en movilidad producidos por la pandemia del Covid-19 que han afectado a miles de migrantes, la extrema derecha sigue atacando a un colectivo que una vez más muestra su labor esencial para la sociedad que lo acoge.

Las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras debido a la pandemia suponen una nueva dificultad en el derecho a migrar. A raíz del cierre de fronteras generalizado en todo el mundo surgieron discursos a favor de una mayor regulación de estos derechos migratorios. Sin embargo, los sectores más conservadores siguen apostando por un discurso que promueve una gestión de fronteras más férrea, controlada y proteccionista, que considera a los migrantes uno de los causantes de la pandemia.

“¡Debemos controlar las fronteras! [...] debemos evitar que las personas que vienen de lugares que son focos de la epidemia puedan llegar a nuestro país”, reclamaba Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional, al inicio de la pandemia. “Nuestra experiencia es que principalmente los extranjeros trajeron la enfermedad y que se está extendiendo entre los extranjeros”, afirmaba Viktor Orbán, primer ministro húngaro el pasado mes de abril. A pesar de que este tipo de discursos fueron más pronunciados en los albores de la pandemia, han sido constantes durante los últimos ocho meses. Santiago Abascal, líder de Vox, criticaba recientemente en un tuit la gestión de fronteras del gobierno de Pedro Sánchez tachando de “asalto de extranjeros, algunos de ellos contagiados” la llegada de migrantes al sur del país. “¡Con todos los problemas que tiene Italia, el gobierno mantiene abiertos sus puertos y gasta cientos de millones para recibir a los inmigrantes ilegales sin reglas y controles todos los días!”, se lamentaba el pasado mes de octubre Matteo Salvini, líder de la Liga.

El problema de este tipo de declaraciones radica en que los datos reales parecen contradecir la narrativa del discurso. Un informe recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca como la Covid-19 “muestra una vez más las contribuciones esenciales (de los migrantes) manteniendo nuestras sociedades en funcionamiento”. En especial se destaca su labor en ámbitos como la salud, la alimentación o el transporte de mercancías. En el caso de EE.UU, casi tres de cada cuatro migrantes indocumentados pero productivos como fuerza de trabajo realizan trabajos que se consideran esenciales para la infraestructura crítica del país, destacaba un informe de The Center for American Progress. En Italia, la aportación de los migrantes a las arcas públicas del país es de un total de 26,6 mil millones de euros, mientras que el coste estatal por los servicios que se les presta es de 26,1 mil millones, es decir, un beneficio neto de 500 millones de euros, según informaba recientemente la Fondazione Leone Moressa.

Otro de los problemas del discurso ultraconservador es que deja entrever que la situación para los migrantes en esta pandemia ha sido favorable o ventajosa para migrar, cosa muy opuesta a la realidad. Primero porque el flujo de migrantes en este 2020 se ha reducido considerablemente respecto al año pasado.

En segundo lugar, porque la situación de los migrantes en algunas fronteras muy transitadas ha sido desfavorable y, sobre todo, arriesgada para los propios migrantes. Este riesgo se manifiesta con la aparición de casos positivos de Covid-19 que no reciben atención médica o que son trasladados a sus países de origen a pesar del riesgo de contagio. Esta fue precisamente la política llevada a cabo en los primeros meses de la pandemia por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, como informaba The New York Times a raíz de una investigación llevada a cabo junto al Marshall Project, mantuvo a cientos de migrantes bajo condiciones de alto riesgo de contagio para posteriormente ser deportados sin apenas recibir asistencia médica o judicial. Yudanys, migrante procedente de Cuba y testigo de los hechos, mencionaba: “Movían a migrantes continuamente, y llegaron a ponernos 96 personas juntas en un mismo bunker”.

Una situación similar se vive en las fronteras del sur de Europa en el Mediterráneo. Uno de estos casos es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situado en Melilla. La situación en el centro se tornó crítica el pasado mes de agosto con la aparición de un brote de Covid-19, y con el tiempo se ha convertido en insostenible por la inacción del gobierno ante las demandas del gobierno de la ciudad de confinar a los acogidos. Los problemas son los mismos que en el caso estadounidense, es decir, hacinamiento y sobreocupación. Muchos migrantes afectados muestran su desesperación, algunos de ellos tras ocho meses atrapados. En Italia, la situación no es muy distinta. En el extremo sur del país se encuentra el Centro de Recepción de Inmigrantes de Lampedusa, con capacidad para 200 personas y que el pasado mes de septiembre alcanzaba los 1.200 huéspedes, con riesgo de contagio no solo de Covid-19 sino de enfermedades como hepatitis, sarna o tuberculosis, destacaba el diario Público.

De ahí que si algo está demostrando esta pandemia es que, incluso en tiempos de crisis donde es la vida humana la que está en riesgo, el anhelo político resulta inalterable. Se evidencian los beneficios de los migrantes para la sociedad de destino a las que consiguen llegar, y se evidencia el calvario de los que quedan atrapados por las restricciones de movilidad. Pero sobre todo se evidencia que, a pesar de recomendaciones por parte de organizaciones internacionales especializadas, los migrantes seguirán siendo un blanco fácil del discurso ultraconservador.

Rachid Labrouzi es especialista en Relaciones Internacionales y colaborador de Fundación por Causa.