En un reciente e interesante sondeo (ver “Dos de cada tres españoles piden más impuestos a los ricos y la renta básica”, en Público, 12/05/2020), se destaca el gran apoyo ciudadano a la justicia fiscal, con mayor gasto público en sanidad y educación (86%), y a las rentas básicas (73%). En este caso, es significativa la gran diferencia entre las personas partidarias de una renta básica universal (el 10%) y una renta social como el Ingreso Mínimo Vital (63%). La proporción es de más de seis a uno, con un gran apoyo al segundo modelo que prioriza a la gente vulnerable y la acción por la igualdad, tal como vengo defendiendo. O sea, la primera, además de inadecuada por su distribución generalizada al margen de las necesidades sociales, es muy minoritaria y tiene poca legitimidad social.

Por mi parte, acabo de publicar un estudio teórico sobre los tres tipos de rentas básicas, con una crítica al modelo ortodoxo de Renta Básica Universal (RBU), que defiende la Red Global de Renta básica, inspirada en su presidente internacional Van Parijs, y la defensa de una renta social contra la vulnerabilidad socioeconómica, la gran prioridad del momento (ver Rentas sociales: igualdad, libertad y reciprocidad). Ambos modelos se presentan como una superación del actual e insuficiente sistema de Rentas Mínimas de Inserción de las Comunidades Autónomas, ante lo que el Gobierno va a aprobar una propuesta de mejora con el citado IMV, complementaria con ellas, centrada en la acción contra la pobreza y cuyo desarrollo en un plan articulado y convergente está por concretar.

Me centro aquí en algunos fundamentos teóricos y éticos de estos dos modelos alternativos, su ideología subyacente y sus efectos culturales, aspectos que, normalmente, no aparecen en los debates públicos. Las diferencias sustanciales entre ellos son, por un lado, las características de la universalidad e incondicionalidad de la RBU y, por otro lado, la fundamentación en los valores de la igualdad social y la reciprocidad, que defiendo junto con otros autores como Claus Offe y Vicenç Navarro.

Universalidad e incondicionalidad frente igualdad y reciprocidad

Los partidarios de ese modelo inflexible de RBU defienden valores positivos como la libertad y la ciudadanía civil, pero dejan en un plano subordinado el objetivo de la igualdad, la cultura de la solidaridad y la consolidación de la ciudadanía social y los derechos colectivos.

El primer aspecto para destacar es su pretensión de superioridad ética y la importancia simbólica y cultural que esa escuela da a su modelo y a su divulgación, ya que conllevaría una nueva cultura alternativa, superior a cualquier otra. Oponen la ‘ética de los derechos’ frente a la ética de los deberes, situando el derecho a la ‘libertad’ por encima del ‘deber de trabajar’. Planteada así la alternativa es atractiva, la inclinación individual por lo primero, por la libertad y el derecho, frente al trabajo y el deber es una opción evidente. Pero, desde una óptica colectiva y solidaria queda sin resolver el sujeto del deber y el reparto negociado, equilibrado y justo de las obligaciones económicas, sociales y cívicas.

En los últimos siglos ha sido fundamental la defensa de los derechos frente a la coacción de un sistema de apropiación privada, un régimen salarial y unas condiciones laborales de subordinación, así como frente a la opresión autoritaria en diferentes ámbitos institucionales y estructuras sociales. Sin embargo, la justificación de ese modelo se apoya en una filosofía individualista, liberal y abstracta (o también ácrata, diferente a la tradición colectivista e igualitaria libertaria). No valora que la base constitutiva de la sociedad, de sus valores, se debe fundamentar en una filosofía realista y social, contemplando una perspectiva más colectiva, común y contractualista.

A mi parecer, se debería partir de los individuos y su pertenencia social y de la negociación y equilibrio de las garantías y las responsabilidades individuales y colectivas, teniendo en cuenta el conjunto de sus necesidades y capacidades. El objetivo igualitario, no como trato sino como ‘resultado’, no es compatible sino conflictivo con la universalidad de una distribución pública igual y para todos los individuos. Estamos en un conflicto de valores en la sociedad y la defensa de la libertad –o no dominación- es insuficiente, y se debe combinar con la igualdad y la solidaridad. El reconocimiento de la tensión, la complementariedad y el necesario equilibrio entre estos tres valores de nuestra tradición ilustrada republicana constituyen un buen marco de referencia.

La ambigüedad ideológica es un punto débil

El segundo aspecto problemático es su ambigüedad ideológica y justificativa que esa escuela ortodoxa considera como buena, al poderse defender su modelo distributivo por personas pertenecientes a diversas corrientes de pensamiento: neoliberalismo, liberalismo, republicanismo o marxismo. Aunque hay que aclarar que desde cada una de esas corrientes también se defienden otro tipo de enfoques y propuestas, a veces contrarios a ese sistema de distribución. En España, la mayoría de los representantes de ese modelo tienen un pensamiento y un talante progresistas; sin embargo, estos mismos autores consideran una ventaja ese eclecticismo ético y teórico, esa coincidencia en una misma alternativa transversal de personas y grupos con intereses socioeconómicos e ideologías contrapuestos.

La coexistencia de defensores del neoliberalismo y el anticapitalismo no les supone incoherencia, sino transversalidad político-ideológica. Infravaloran la incongruencia de que una misma receta distributiva sea funcional para dos dinámicas contrapuestas: consolidar el capitalismo, la dominación y la desigualdad o poner en primer plano a la sociedad y sus necesidades con una dinámica por la igualdad y la no dominación. Algo falla.

Por una parte, hay una definición común, individual, universal e incondicional, que forma el núcleo de sus principios y que constituye su identidad. Pero, por otra, esa pluralidad ideológica expresa la existencia de intereses sociales, posiciones y desarrollos concretos que pueden llegar a oponerse. A mi parecer, esa transversalidad ideológica respecto de una distribución pública en una sociedad desigual no es un punto fuerte de ese modelo, sino débil, ya que refleja la ambigüedad de su doctrina, de los intereses que defiende y de su sentido social.

En consecuencia, otro componente criticable es su individualismo radical. Las tendencias sociales dominantes van hacia la individualización –diferente a individualismo- que tiene rasgos positivos como la afirmación de la autonomía moral de los individuos, y que está diluyendo los viejos compromisos y solidaridades reaccionarios. Pero, ante esa dinámica, el componente unilateral y abstracto de ese individualismo es pernicioso para la educación en los valores igualitarios y solidarios, y ese debate es fundamental para conformar un pensamiento crítico y resaltar lo ‘común’ desde un enfoque relacional.

Un enfoque social, relacional y contractualista

Según mi opinión, es necesario un enfoque social y contractualista frente al individualismo abstracto. Mi crítica a la primera característica fundamental –la universalidad- es que parte del sujeto abstracto, en vez del individuo concreto y de la sociedad segmentada; con respecto a la segunda, tal como expresa el énfasis en la incondicionalidad total, critico su individualismo. El individualismo abstracto es la base filosófica en que se basa ese modelo ortodoxo, que defiende una distribución ex-ante, al margen de las condiciones, recursos y necesidades de los individuos. Contempla el sujeto abstracto, al que el Estado debe aportar una ‘base para su libertad’, desconsiderando las relaciones materiales, socioeconómicas e institucionales, que tienen ya los individuos concretos, y que histórica y socialmente han constituido sus bases de sociabilidad y de libertad.

Esa propuesta de una distribución pública universal, independientemente de las rentas y riquezas de cada cual, puede ser apoyada por ricos, capas acomodadas, intermedias y pobres, por gente neoliberal, socioliberal, republicana o marxista; es decir, es ‘neutral’ para el objetivo de la igualdad y ajena a la solidaridad colectiva. La diferenciación, las ventajas comparativas y la posición política de cada sector se definen en el segundo paso de la financiación y la fiscalidad, es decir, del resultado final distributivo que es el que concreta su orientación social, progresiva o regresiva, no de los principios iniciales que son una doctrina ambigua con justificación liberal.

La alternativa es tener un punto de partida relacional y realista para ejercer una redistribución progresista como garantía de acceso, de todos y todas, a la ciudadanía. Se trata de tener en cuenta las necesidades de los individuos concretos en una sociedad segmentada y desigual y las capacidades diferentes para un reparto equitativo de las responsabilidades. Así, según distintas encuestas de opinión, la mayoría de la población de la UE está de acuerdo con el principio de que "los recursos deberían asignarse según la necesidad de cada ciudadano, y financiarse según la capacidad y habilidad de cada uno".

Los criterios distributivos deben basarse en un enfoque relacional y social, con la interacción de los tres valores fundamentales: igualdad, libertad y solidaridad (o reciprocidad). Así, considerando que estamos ante una distribución pública que debe corregir la desigualdad del mercado, es decir, que debe ser progresiva, el sentido de la igualdad debe definirse por sus objetivos y resultados igualitarios, no por una previa distribución pública igual para todas las personas. La igualdad de trato distributivo se debe realizar en condiciones iguales; ante situaciones y necesidades desiguales el Estado debe ser compensador o redistribuidor, con un trato equitativo para conseguir la igualdad y garantizar un soporte para la emancipación y la autonomía personal y grupal.

En definitiva, el énfasis en la universalidad y la incondicionalidad totales del modelo dogmático de la RBU y su doctrina justificativa no facilitan un proyecto de reforma social progresiva y de avance hacia una sociedad de bienestar, y no recogen el sentido social de la redistribución de una renta pública y de la protección social. Sólo en la medida que ese discurso pasa a un segundo plano y se sustituye por otra orientación, más igualitaria, relacional y solidaria, puede contribuir a la educación cultural y la reforma social progresivas.

Por último, en algunos casos, aun manteniendo referencias genéricas a ese modelo, algunos autores introducen otros objetivos –la prioridad a las necesidades sociales y a la lucha contra la pobreza, la gestión fiscal progresiva…- similares a los que propongo. Incorporan criterios sociales a la universalidad y abordan el tema de la necesaria aportación a la sociedad. Se suaviza el énfasis en la doctrina del modelo oficial de RBU, quitándole relevancia al discurso teórico, renunciando a una justificación tan individualista y unilateral o a una aplicación estricta y generalizada sin suficientes correcciones fiscales, e introducen una visión más realista, social y transformadora. Por tanto, llegan a similares resultados en su concreción -tras la gestión fiscal correspondiente- hacia las personas con bajos o nulos ingresos: combatir la vulnerabilidad socioeconómica. Es un marco favorable al entendimiento práctico y la aproximación teórica. En esa medida, llegamos a unas propuestas similares de la política social y el papel reformador progresivo de una renta pública.