A medida que avanzaba la crisis, las críticas -constructivas o no- a la gestión del Gobierno se ha ido tornando en acusaciones. Entre ellas, han destacado la de mentirnos con los datos de contagio y de fallecidos, a pesar de que esos datos los facilitan las Comunidades Autónomas y el Gobierno central tan sólo los consolida. Ahora, en los albores de un desconfinamiento, estas acusaciones se vuelven en contra de las autonomías.

Sin tomar partido por ninguna de las dos partes, no me negarán que no deja de ser curioso cómo quienes vierten acusaciones al Gobierno de España desconfían de los datos que éste facilita y, sin embargo, creen a pies juntillas las de otros países, incluidas las de China. Con esos mimbres construyen un cesto para tirar por tierra la gestión del Ejecutivo español.

Algunos de los gobiernos autonómicos acusaron al de España de maquillar las cifras de fallecidos y de contagios para tapar sus vergüenzas en la gestión. Esas cifras, sin embargo, proceden de las que suministran las distintas consejerías de Sanidad autonómicas, por lo que desmentir los datos habría resultado sencillo. No pareció serlo, como tampoco facilitar datos de muertes en el que se ha convertido en el mayor foco de mortandad durante la crisis, esto es, las residencias de mayores, cuyos datos para regiones como Madrid llevó casi semanas obtenerlo.

Ahora toca planificar el desconfinamiento y parece que se quiere proceder a una desescalada asimétrica por territorios en función de sus cifras de contagios. Haber acusado al Gobierno de haber mentido sobre las cifras juega en contra de quienes vertían acusaciones, que ahora ven cómo sus propias afirmaciones son las que podrían retrasar el levantamiento del cierre de muchos negocios.

Esa circunstancia no es óbice para que Comunidades como Andalucía quieran abrir este mismo verano la hostelería; bares, chiringuitos y restaurantes, según el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín (Cs), deberían poder abrir este mismo mes de mayo. Precisamente esta Comunidad que se ha negado a facilitar datos de contagio por municipio, en contra de lo que hacen otras CCAA. La gran pregunta es, ¿si se producen esas aperturas, se hará responsable la Junta de Andalucía de un posible repunte de enfermos por Covid-19? ¿Sucederá como con las residencias de mayores, que hasta ayer no habíamos escuchado a Juan Manuel Moreno (PP), presidente de Andalucía, reconocer que éstas, que eran responsabilidad de la Junta, no contaban ni con los materiales ni con tan siquiera los protocolos necesarios para hacer frente a la pandemia? Las CCAA huyen de la corresponsabilidad, apuntándose únicamente los méritos y no los desméritos, como acostumbran a hacer con los datos del desempleo, vaya.

En la cuestión concreta de bares y chiringuitos su apertura es especialmente complicada. Se pone el acento en la distancia entre mesas pero lo realmente crucial es la bebida y la comida. ¿Comerán con tranquilidad sabiendo que el coronavirus está en el ambiente? ¿Tomarán el pan con su mano, en contacto con la silla, con la mesa, y se lo llevarán a la boca? La decisión de apertura de este tipo de establecimientos es, sin duda alguna, tan compleja como dramática, porque cada día que están cerrados hunde más en la ruina a l@s propietari@s y trabajador@s -muchos de los cuales, además, cobrabán en B-. En esta desescalada habrá que balancear mucho los beneficios versus potenciales riesgos. En ese sentido, de nuevo, habrá que apelar a la corresponsabilidad, en lugar de presentarse como el 'poli bueno' que defiende al chiringuito dejando el papel de 'poli malo' al Gobierno central.