'Despartidizar' el Poder Judicial y pedir perdón a Rosell

El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicia (CGPJ) está a punto de caramelo, dijo el presidente del Gobierno este jueves, y el PP de Alberto Núñez Feijóo lo rompió pocas horas después, porque la reforma del delito de sedición no es constitucional. Lo constitucional es, según el Partido Popular, incumplir la Constitución y tener en funciones al CGPJ durante cuatro años, forzando la dimisión de su presidente (¡uno de los tuyos!) y provocando una reprimenda de Bruselas y la vergüenza internacional.

Pero pelillos a la mar, que quienes conocemos que Feijóo es menos "hombre de Estado" que Pablo Casado -con éste se estuvo más a punto que con aquel- sabíamos que solo necesitaban tiempo para encontrar una excusa que no fueran los indultos a independentistas catalanes, Podemos en el Gobierno, el juez De Prada, la fiscal general Delgado, que Iglesias pidiera un referéndum sobre la monarquía estando en el Gobierno o que se renovase el CGPJ sin cambiar la ley. Y ya la tienen; y si no es la sedición, será la ley trans o el sexo del ángel Marcelo, que existe y uno de ellos lo ha visto y lo lleva de mascota. Todo esto ocurre cuando la corrupción vuelve a cercar al PP con las cloacas de Interior, la Púnica, Andorra y Zaplana, no lo olviden, que no es casualidad.

Mientras tanto, y pese a que el Partido Popular ha demostrado con reiteración y alevosía que es el único culpable de que se incumpla un mandato constitucional, la izquierda a la izquierda del PSOE (Podemos sin Unidas) ha decidio inmolarse en la plaza sacando a la palestra el nombre de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell, y planteándolo como línea roja, al tiempo que divide a su espacio, como siempre, entre blancos y negros, entre partidarios y detractores. Es lo más inteligente, sin duda, y permítanme la retranca: es lo más inteligente ... para ahondar en la maldición de la izquierda, a la que ya apelé en mi artículo anterior sobre el Proyecto Drago de Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos y exdiputado por arte del lawfare español, "y mucho español".

Es legítimo y hasta obligado que la gente decente apueste por Vicky Rosell, yo también lo hago: magistrada feminista, mucho más capaz que la media, persona brillante, honrada hasta el tuétano, trabajadora incansable y con una trayectoria contrastada que incluye derrotar una conspiración corrupta hasta la náusea de un juez y a un poderoso exministro del PP, José Manuel Soria, en tiempos de su íntimo amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Nada hay más repulsivo que la corrupción institucional, política, judicial ... Me provoca un rechazo tan visceral que he tenido que canalizar mi rabia con una novela, precisamente, Chantaje a una jueza (Espasa) No trata el caso Rosell, pero bien podría; sí trata la corrupción judicial y política en Galicia, tierra de Feijóo y esta plumilla. Porque estamos rodeadas.

La corrupción se produce, sobre todo, por el intercambio de intereses de poder y/o dinero entre políticos, partidos, instituciones, empresas o todos a la vez. El Consejo General del Poder Judicial tiene la capacidad, entre otras muchas, de poner y sacar jueces al frente de tribunales territoriales. Si es el interés partidista quien maneja a su antojo al CGPJ y no el interés público de justicia, el órgano empieza a corromperse sin remedio. A lo largo de la historia de la democracia postfranquista, hemos asistido a acciones sangrantes en este sentido, desde los grandes casos de la monarquía (Nóos o el del propio Juan Carlos de Borbón), los GAL, el procés, o las cloacas de Kitchen y Villarejo en toda su amplitud de acción, hasta multitud de sentencias en distintos territorios, con tribunales apestando a partidismo para beneficiar a sus afines.

Se ha pedido reiteradamente la "despolitización" del Poder Judicial, sobre todo, desde que el 15-M estalló el movimiento indignado, cuyas reivindicaciones recogió una formación política de nueva creación, Podemos, que si no fuera por las cloacas del Estado y sus terminales mediáticas, es posible que hubiera dado el cacareado sorpasso al PSOE. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que ha sido Unidas Podemos, el espacio de izquierdas posterior que unió a la formación morada con sus confluencias, quien ha pedido hasta la saciedad que PP y PSOE saquen sus manazas del Poder Judicial y dejen de utilizarlo como puerta giratoria para satisfacer sus intereses.

Esta es la cuestión y no otra: el afán democrático que imprime el hecho de que una parte del Gobierno, la muy minoritaria (PSOE 120 / UP 35), pida la despartidización del Poder Judicial en la medida de lo posible: jueces, juezas y juristas sin carné de partido, que no salten directamente de un cargo público ni vuelvan a un cargo público los salientes. Desconozco si estas líneas rojas son finitas o no, si la incompatibilidad es por X años o para siempre, habrá que determinarlo en su justa medida. En todo caso, es un buen comienzo, porque el Poder Judicial está tan tomado por el PP que hay que empezar por nombrar a una cúpula de mayoría progresista que cumpla a raja tabla estos supuestos. Y seguir trabajando, no olviden que llevamos 40 años con estas estructuras, y en el caso del Poder Judicial, sin una transición mínima del franquismo a la democracia, más allá de que se aceptara como ejercicio de fe que "jueces que eran franquistas se levantaran demócratas", como recuerda siempre el sabio Martín Pallín.

Sí, yo también creo que Vicky Rosell es hoy en día una de las mejores opciones para integrar el Poder Judicial y que si se hiciera una excepción con ella, no pasaría nada, al revés: el CGPJ ganaría enteros. Creo que es, además, una injusticia tremenda que el PP la vetara en su día -que no ahora, insisto: que no ahora- junto al juez De Prada, encima, sabiendo el intento de acoso y derribo que sufrió ella y sufrió su familia por culpa del exministro Soria, del PP, y por los que nadie de este partido le ha pedido jamás algo parecido a una disculpa. Es indecente, y creo firmemente que el PSOE debería exigirlo al PP si finalmente este acepta continuar la negociación, cosa que personalmente dudo mucho.

Si Unidas Podemos cree que debe diferenciarse de todo este contubernio institucional del bipartidismo que ya no existe, aunque sigan ostentando la Presidencia del Gobierno PP o PSOE, la despartidización del CGPJ es inevitable, también para ellos. Renunciar a ella implicaría permitir que también el PP siguiese su acción colonizadora del Poder Judicial con exaltos cargos o trabajadores a sueldo del PP. Como Enrique Arnaldo, ¿recuerdan? El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le dio el visto bueno para el Constitucional a cambio de nada. Pero eran otros tiempos.