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Del 'whatsapp' del PP jactándose de controlar el Supremo a la rebeldía de los jueces conservadores: cuatro años de crisis

Hace cuatro años la renovación del gobierno de los jueces se frustró al quedar en evidencia la intención del PP de controlar el Tribunal Supremo "desde detrás". Ahora, tras la dimisión de Lesmes, el problema se puede cronificar aún más si el sector conservador del CGPJ no depone su actitud obstaculizadora.

09/09/2019. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial 2019/2020 en el Palacio de Justicia de Madrid.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial 2019/2020. Eduardo Parra / EUROPA PRESS

Noviembre de 2018. El Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato estaba a punto de caducar. Se han elegido a los nuevos 20 vocales y al presidente: el magistrado Manuel Marchena, conocido por su afinidad al PP. La balanza está equilibrada: hay 11 vocales de tendencia progresista, mientras que los conservadores son nueve, más el presidente. Sólo queda un trámite: la ratificación por el Congreso y el Senado de los vocales elegidos. 

Pero una indiscreción del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía con Mariano Rajoy, frustra la renovación en plazo del CGPJ. Cuatro años después, el gobierno de los jueces sigue en funciones y sin poder hacer nombramientos en la cúpula judicial, con el consiguiente colapso sobre todo en el Tribunal Supremo (TS); el presidente, Carlos Lesmes, ha dimitido, sin que esté claro quién será su sucesor y la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sigue en vilo, ante la obstaculización del sector conservador.

¿Por qué se frustró la renovación del CGPJ hace cuatro años?

Ignacio Cosidó envió un 'WhatsApp' al chat de un grupo de senadores del PP, en el que pretendía 'vender' a los suyos el pacto entre el Gobierno de Sánchez y el PP para renovar el CGPJ: "Con la negociación, el PP tiene nueve vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11". Respecto a la  elección de Manuel Marchena como nuevo presidente, escribió: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas [autoridad]para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61". 

Cosidó se refirió también a otras ventajas del pacto de renovación: "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". 

Aquel 'whatsapp', que fue filtrado, provocando un mayúsculo escándalo,  evidenció las más oscuras intenciones del PP: controlar la Justicia, en especial, la Sala Segunda del Supremo, encargada de enjuiciar a los aforados, y dirigir los nombramientos en el Tribunal. 

El pacto de renovación del CGPJ se rompió al quedar al descubierto el plan del PP. Marchena se desvinculó del acuerdo y Pablo Casado, líder del partido, dijo que tenía que cambiarse el sistema de elección de los vocales del CGPJ, algo que el PP había llevado en el programa electoral pero que nunca materializó al llegar al poder. 

¿Por qué no ha sido posible llegar a otro acuerdo?

Desde que se abortó el acuerdo de noviembre de 2018, el Partido Popular se ha enrocado en bloquear la renovación del CGPJ, provocando una crisis institucional de primera magnitud. Hasta 19 excusas diferentes han manejado los 'populares' para no proceder a la negociación con el Gobierno, según informó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders en su reciente visita a España. La designación de los vocales del CGPJ por ambas Cámaras necesita las tres quintas partes del Congreso y del Senado para ser ratificada, es decir, se necesitan los votos del PSOE y del PP. 

¿Qué excusas ha puesto el PP para no renovar el CGPJ?

"No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos", decía en un tuit Pablo Casado en agosto de 2020. La composición del Gobierno de coalición, sus apoyos parlamentarios, y en especial, cualquier declaración de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, han servido en todo este tiempo a los conservadores para impedir la renovación. 

"Podemos no puede formar parte de unas negociaciones que competen a la mayoría parlamentaria de 3/5 (PP y PSOE) y no tenemos por qué asumir que el PSOE haya pactado con Podemos para estar en el Gobierno" es otra de las excusas difundidas por la dirección del PP en octubre de 2020. 

La no concesión de indultos para los líderes del 'procés' fue otra de las condiciones impuestas; igual que los vetos a los jueces José Ricardo de Prada por su participación en la sentencia que condenó al PP por lucrarse de la trama 'Gürtel', y a la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

¿Cuál es la actual condición que impone el PP?

Tras variar en su argumentario para no proceder al mandato constitucional que exige la renovación cada cinco año del CGPJ, el Partido Popular ahora pide que se renueve el órgano de gobierno de los jueces con el sistema actual, que implica que el Parlamento designe a los 20 vocales, doce de los cuales son de origen judicial y son elegidos de una lista previa de candidatos previamente avalados por la carrera judicial, y que después, en el plazo de seis meses se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces los que elijan a los doce vocales judiciales. 

Esta exigencia es la misma que la formulada por la Comisión Europea en la reciente visita del comisario de Justicia, Didier Reynders. 

¿Cuál es la postura del Gobierno?

El Ejecutivo considera que el sistema actual de renovación del CGPJ es válido y que encarna el espíritu constitucional que sitúa a la soberanía popular como la titular del Poder Judicial, por lo que el gobierno que administra ese poder, el CGPJ, debe ser elegido por el Parlamento. Pero, según ha podido saber Público, el Gobierno estaría abierto a estudiar otras opciones tras la renovación del CGPJ. Este lunes el Gobierno y el PP han decidido darse una "última oportunidad" y han informado de que se ponen a trabajar para llegar a un "acuerdo rápido".

¿Por qué ha dimitido Carlos Lesmes?

Carlos Lesmes fue nombrado presidente del CGPJ y del TS en diciembre de 2013. Ha tardado casi cuatro años en dimitir. Podría haberlo hecho mucho antes si con ello pretendía, como ha asegurado, forzar un acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación. Hay que recordar que durante el primer año con el mandato caducado hizo los nombramientos en el Tribunal Supremo que el PP esperaba que hiciera a su favor el que iba a ser el sucesor de Lesmes, Manuel Marchena; comprometiendo así la Justicia para las próximas dos décadas, con una cúpula eminentemente conservadora. 

Lesmes ha renunciado a sus cargos este lunes y regresará como magistrado a la Sala Tercera del Supremo, donde le esperan varios de los magistrados que fueron aupados durante su mandato. 

Hace un mes anunció su intención de dimitir si no se producía en "semanas" un acercamiento de las posturas entre el Gobierno y el PP. Entonces aseguró que de producirse su renuncia sería después de dejar encauzada la renovación del Tribunal Constitucional, algo que no ha cumplido.

¿Por qué está bloqueada también la renovación del TC?

El 20 de julio pasado quedó aprobada la reforma exprés de la LOPJ que permitía al CGPJ hacer nombramientos en el Tribunal Constitucional, una modificación que sentó mal en el seno del gobierno de los jueces, limitado desde marzo de 2021 para hacer nombramientos estando en funciones. La reforma tenía por objetivo evitar el bloqueo del TC. Un tercio de sus magistrados debe ser elegido por el Ejecutivo (dos magistrados) y por el CGPJ (otros dos) cada nueve años. 

Ocho de los diez vocales del sector conservador del CGPJ --los progresistas suman siete votos-- se oponen a esa reforma legislativa, que impone un plazo de tres meses para que el Consejo designe a sus dos magistrados. Este grupo ha logrado que el plazo legal fuera sobrepasado sin llegar a un acuerdo para designar a los dos miembros del TC. Es la primera vez que el gobierno de los jueces se sitúa abiertamente en la ilegalidad. 

Los contactos entre los conservadores y progresistas del Consejo son infructuosos, de momento. Se necesitan doce votos para que salgan elegidos los candidatos. Este jueves está convocado un pleno extraordinario para intentar alcanzar un consenso en el seno del CGPJ, pero los conservadores ni siquiera han puesto encima de la mesa los nombres de sus candidatos, alegando que no encuentran magistrados del Supremo que quieran ir al TC. 

Puede que la dimisión de Lesmes, aplaudida por la mayoría de los miembros del CGPJ, posibilite un cambio de postura de los conservadores. Estos veían en el empeño de Lesmes de renovar a tiempo el TC una especie de traición, que beneficiaba al Gobierno de Sánchez, de ahí que alentaran su dimisión.

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