Mucho me temo que a Moreno Bonilla, el "moderado" presidente andaluz, se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza. En lo de los regadíos de Doñana vio una oportunidad de tocarle las narices al gobierno central y conseguir los asientos que le faltan para que el Partido Popular mande en la Diputación de Huelva. Decidió pues remover el patio a las madrileñas maneras y parece que le está saliendo el tiro por la culata.

Cuando el pasado 13 de abril su partido, con el innecesario apoyo de Vox, aprobó en el Parlamento andaluz cambiar las reglas del juego en los regadíos de las tierras que rodean al Parque Nacional, Bonilla quizás no sabía aún (o puede que sí) que acababa de abrir la caja de los truenos al proponer la amnistía para agricultores que llevan diez años cultivando cientos de hectáreas de frutos rojos (fresas, arándanos y frambuesas) extrayendo de pozos ilegales el agua necesaria para regarlas.

Si no se imaginó la tormenta que iba a desencadenar, malo; y si contaba con ello… peor. La verdad es que hace falta mucho arte para situar a tanta gente en contra al mismo tiempo: los conservacionistas han puesto el grito en el cielo, también un considerable número de juristas especializados en el tema; el Gobierno de la nación ha dicho hasta aquí hemos llegado y los órganos europeos que en Bruselas se ocupan de los temas ambientales han desautorizado la propuesta de manera contundente.

El PP andaluz se ha quedado solo (con Vox de la manita), entre otras cosas, porque nadie entiende que haya que tramitar por el procedimiento de urgencia la ley que permitiría tamaño desmán. Aunque parece que empiezan a recular, en principio querían tenerla aprobada, y publicada en el Boletín Oficial andaluz, antes de las vacaciones de verano.

Resumen de este embrollo: O la muerte de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional por culpa de las extracciones ilegales que PP y Vox pretenden amnistiar, o la reducción de casi dos mil hectáreas de cultivo entre los cinco municipios del entorno de Doñana (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) que chupan agua del llamado "acuífero 27", cuyo cada vez más precario caudal es imprescindible para la supervivencia del espacio natural protegido.

Yo estaba en la tribuna del Parlamento andaluz el día que se aprobó la tramitación urgente de la ley. Durante el debate previo, cuando la portavoz de Adelante Andalucía vertió arena en el escaño de Moreno Bonilla ("así, como un desierto quedará pronto todo Doñana", dijo mientras extendía el contenido de un frasco por todo el asiento del presidente ausente), una veintena de presuntos agricultores sentados muy cerca de donde me encontraba, encorbatados y bien alimentados todos ellos, se levantaron indignados de sus asientos y comenzaron a insultar a Maribel Mora mientras el presidente de la cámara regional intentaba poner orden sin éxito pidiendo "¡un poquito de por favor!". Las banderitas españolas que lucían en pulseras y relojes dejaban bien a las claras a quién acabará beneficiando la ley si finalmente sale adelante.

Que Bonilla empezó pronto a percatarse de que se ha metido en un buen charco lo demuestra que envió a Bruselas a su consejero de Sostenibilidad (así no se quema él) con la complicada misión de defender lo indefendible. Han querido emular en la capital europea las astracanadas de Feijoó y Casado cuando se presentan en Bruselas para atacar al Gobierno de su país, y han salido trasquilados. Bueno, ha salido trasquilado el consejero Ramón Fernández Pacheco, cuyo equipo de comunicación no sabe cómo hacer para que su jefe salga de este entuerto lo menos chamuscado posible.

El comunicado del comisario europeo de Medio Ambiente (el lituano Virginijus Sinkevicius) no pudo ser más claro: lo que quiere Moreno Bonilla con el apoyo de Vox "degradaría el humedal protegido. Un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea, añadía, tendría efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE".

Es lo mismo que sostiene el Gobierno de coalición, que ya ha anunciado que llevará la norma andaluza al Tribunal Constitucional si Moreno Bonilla se empeña en continuar con la tramitación urgente. Según los especialistas, la ley de PP y Vox daría el visto bueno a la ampliación de los regadíos de la zona en un 20 por ciento, exactamente 1.903 hectáreas, como pormenorizaba Raúl Bocanegra el pasado miércoles en este diario.

En una cosa tiene razón el PP: El PSOE también es responsable del desastre actual: tanto Chaves como Griñán y Susana Díaz tiraron la piedra y escondieron la mano durante años promulgando leyes confusas en torno a los pozos ilegales y dejando pasar el tiempo con sanciones ambiguas. El miedo a perder votos los hizo indolentes y ahora el PP intenta ganarse el favor de los paisanos haciéndoles la pelota y de paso conseguir así los cuatro escaños que le faltan de cara a contar con mayoría en la Diputación provincial.

El agua es competencia del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no de la Diputación, pero igual deben de creer que así pueden ejercer más presión. Saben que el asunto se les ha ido de las manos, que han jugado con fuego y se han quemado, pero de momento continúan con el raca-raca.

Y con esa especie de primo de Zumosol que de súbito ha aparecido en Bruselas, el presidente del PP europeo (Manfred Weber), que acusa al Comisario de Medio Ambiente de hacer, con su comunicado contra el proyecto de ley andaluz, ni más ni menos que campaña a favor… ¡de Pedro Sánchez! Me parece que nos estamos volviendo todos un poco locos.

J.T.