La ONG conservacionista WWF ha cifrado en 1.903,7 hectáreas las que, de aprobarse tal y como está hoy la ley que promueve Juan Manuel Moreno Bonilla de la mano de Vox, podrían declararse como regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Ahora mismo, el Plan de la Fresa establece como regadíos 9.418 hectáreas. Si se sumasen estas 1.903,7, la cifra total ascendería a 11.322 hectáreas, por lo que habría prácticamente un 20% más de regadíos en la zona. El Gobierno andaluz había venido estimando que serían unas 700 hectáreas.

Para WWF, la presión que generaría sobre el agua en la comarca este aumento de tierras regables que hoy son forestales o agrícolas de secano, es insostenible. "No hay agua": "No existen en el marco de la actual planificación hidrológica 2022-2027 recursos hídricos disponibles, ni superficiales ni subterráneos".

La ONG aseguró que enviarán su estudio a la Comisión Europea y a la UNESCO. WWF ha utilizado un sistema de teledetección, con metodologías avaladas por la justicia que "reflejan lo que está ocurriendo". "Es un trabajo técnico, no es la opinión de WWF ni de los ecologistas, es un trabajo que debía haber hecho el PP antes de presentar su ley o la Junta de Andalucía", aseguraron en rueda de prensa Felipe Fuentelsaz y Juanjo Carmona, de la ONG: "La ley se presentó sin estudio previo. La vía de la proposición de ley carece de los informes técnicos mínimos que permitan conocer la superficie real a amnistiar o evaluar el impacto y el alcance real de esta norma".

El uso de los suelos en la comarca está regulado en el POTAD, aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2004. Esta es la normativa básica que está en vigor desde hace casi dos décadas y es la que se ha incumplido sistemáticamente desde entonces. En ella se clasifican los suelos y sus usos: unos son regables, otros de secano, otros forestales. La memoria de ordenación de este plan ya recogía hace 19 años la preocupación por el agua: "Se pretende eliminar el riesgo de que se produzcan desequilibrios en el sistema hídrico debido a la proliferación de nuevas captaciones, evitar el incremento de los procesos erosivos y nuevas afecciones sobre ecosistemas de valor".

Diez años después –bajo la cobertura del POTAD– se desarrolló lo que hoy se conoce como el Plan de la Fresa, que en 2014 cerró el mapa de regadíos. A este plan no se le han destinado presupuestos adecuados y tiene la mayoría de sus medidas aún por ejecutar, según WWF. El plan, sin embargo, se aprobó con un alto grado de consenso –del que hoy carece la norma de Moreno y Vox– y después de numerosas discusiones, el Consejo de Participación de Doñana lo avaló con 37 votos a favor, una abstención y cinco noes, los de las organizaciones ecologistas. Estas dos fechas, la de 2004, cuando se aprueba el POTAD, y la de 2014, cuando se aprueba el plan de la fresa, son claves para comprender lo que hoy quiere hacer Moreno de la mano de Vox.

Cruce de datos

El POTAD establece tres categorías de protección para los suelos, la máxima es la A, donde está prohibidos los usos agrícolas, después vienen la B, que establece limitaciones específicas al uso, y la C, que se ocupa de las limitaciones generales. Si se aprueba la idea de PP y Vox tal y como está hoy redactada, quien haya regado antes de 2014 –y su tierra esté en esas zonas B y C– verá recalificada su finca. Así lo recoge la proposición de ley, en tramitación en el Parlamento de Andalucía: "Se integrarán en la zona agrícola regable los terrenos agrícolas de las zonas B y C que hubieran estado en regadío con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del plan Especial [30 de diciembre de 2014]. Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentran estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

Esto es lo que ha analizado WWF en su trabajo. Ha cruzado los datos de las imágenes con lo que dice hoy exactamente la norma. De este modo, le salen 1432,4 hectáreas agrícolas de secano y otras 471,3 forestales, a los que se aplica otra modificación de la norma, que cambia la Ley y el reglamento forestal de Andalucía, por lo que estos terrenos pasarían también a ser considerados zonas B y C y, por tanto, regables. "Es un doble paso. Se les aplicaría la modificación de la ley forestal y como se pusieron en regadío entre 2004 y 2014, entrarían también en la amnistía", asegura Carmona.

"En contra de lo que argumenta la Junta de Andalucía, esta investigación muestra que las fincas ilegales que se beneficiarían de la amnistía se pusieron en regadío después de la aprobación en 2004 del POTAD, es decir, con conocimiento pleno de que eran ilegales en materia de ordenación del territorio y de que no tenían derecho legal al agua. Estas hectáreas no cuentan con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua, por lo que deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios", considera WWF.

WWF ha tachado la medida de Vox y Moreno de "amnistía" porque, consideran, "una vez se declaren tierras agrícolas de regadío, si siguen regando ilegalmente, no estarán vulnerando la normativa de ordenación del territorio, la Junta de Andalucía no les tendrá que abrir expediente ni aplicarles el régimen sancionador de la Ley Urbanística. A efectos legales estarán vulnerando la normativa de aguas y deberá ser la Confederación Hidrográfica la que tenga que actuar en solitario contra el uso ilegal del agua, porque para la Junta de Andalucía el uso del suelo estará acorde con la planificación territorial".