La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros que se cerrarán todos los pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La dirigente socialista ha presentado una actualización del plan de choque presentado en 2022 para intensificar los controles en el humedal y aplicar medidas de conservación. Para ello, el Gobierno ha aprobado una dotación de 356 millones de euros. El Ejecutivo contempla también la compra de terrenos en en el Parque con el fin de paralizar el regadío y proceder a la renaturalización del espacio.

En julio de 2020 se declararon "en riesgo" las tres masas de agua subterránea de Doñana, lo que ha permitido que el Ejecutivo haya podido incrementar los controles. Por el momento se han cerrado 701 pozos ilegales y, según informa Transición Ecológica, hay 428 en proceso de clausura. Se espera que con la inversión anunciada todos las infraestructuras de extracción de agua estén cerrados en 2025.

Para garantizar que los agricultores que sí operan de acuerdo a la ley no se vean afectados, Transición Ecológica sustituirá el uso de aguas subterráneas por aguas superficiales. No obstante, el gabinete de Ribera ha dejado claro que no se aumentarán las hectáreas de regadío. 

La decisión llega un día después de que el Gobierno de Andalucía, tras una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, haya anunciado que continuará con su plan para amnistiar más de mil hectáreas de regadío ilegal. Desde la Junta insisten en que el proyecto de ley no afectará a Doñana, algo que ha sido criticado por Ribera en la rueda de prensa del Consejo de Ministros: "Yo creo que o bien el consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas ni las implicaciones o bien es un comentario tan frívolo que no está legitimado para representar su cargo. Hay que dejar de menospreciar al impacto de lo que están haciendo".

La Junta insiste en que su plan no repercutirá a Doñana

Ribera, asimismo, ha insistido en lo que ya dijo el lunes tras la comparecencia del Consejero de Sostenibilidad andaluz: el Gobierno no va a dialogar sobre un proyecto de ley que cuenta con la repulsa de Europa, la comunidad científica y los colectivos ecologistas. "No vamos a negociar ilegalidades", ha dicho Ribera. "Moreno Bonilla conocía perfectamente esta situación. Nos encontramos con este proyecto de ley registrado al margen de la sentencia. Yo le había advertido y también el secretario de Estado de Medio Ambiente. Tan pronto se retire esta ley que tanto daño está causando, no tendremos inconveniente [en hablar]", ha zanjado.

En paralelo a ello, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha quitado peso al plan de regadío de la Junta y ha insistido en la idea de que el Gobierno de España se niega a entablar diálogo. "El siguiente paso sería poder entablar un diálogo constructivo con el Gobierno de España", ha espetado, para dejar claro que la proposición de ley seguirá tramitándose. 

Europa ya ha avisado de posibles sanciones

La postura de la Junta no confronta únicamente con la del Ejecutivo español. Este lunes la Comisión Europea advertía por enésima vez de que, si la proposición de ley termina aprobada, habrá consecuencias. España ya fue sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021, en relación a los planes hidrológicos aprobados en 2015. Bruselas, con aquella sentencia, instaba a España y a Andalucía a preservar Doñana.

Ahora, con el plan de Moreno Bonilla sobre la mesa, las autoridades europeas entienden que se está yendo en dirección contraria y, según anunciaron el lunes, podrían acudir al TJUE de nuevo para imponer sanciones económicas al Reino de España. La multa, según técnicos del Parlamento Europeo, podría ascender hasta los 300 millones de euros. 

El 59% de las grandes lagunas de Doñana se han secado

La Estación Biológica de Doñana, centro adscrito al CSIC, ha publicado un artículo científico en la revista Science of The Total Environment donde revela que al menos el 59% de las grandes lagunas de Doñana no se inundan desde 2013. Además, según adelantó Público, todas las masas de agua del Parque Nacional han disminuido cuantitativamente desde la década de 1970 y perdido una media de 3 metros.

Los expertos señalan directamente al modelo de agricultura intensiva y a la expansión del regadío en la zona. "Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas", dicen los científicos del CSIC. Y es que, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar. En la última década los cultivos de riego han incrementado un 30%, pasando de 2.162 hectáreas en 2004 a 3.543 hectáreas en 2014.

Esta situación ya genera tensiones importantes en la biodiversidad del entorno. Las aves que lo habitan son, quizá, el indicador que mejor revela la crisis que padece Doñana. Sus procesos de cría están en recesión y algunas de las especies voladoras están abocadas a desaparecer. Según los datos publicados en febrero por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), de las 22 especies reproductoras que viven en este parque natural, sólo dos han registrado una tendencia poblacional positiva entre los años 2004-2022.