Más de mil hectáreas de invernaderos en el entorno de Doñana usan riego ilegal

La dimensión del problema de los regadíos ilegales en el entorno de Doñana es enorme. El 15,8% de los invernaderos en que se cultivó el año pasado son ilegales: se levantan en suelos que no son regables, según recoge el último informe de seguimiento del plan de la fresa en su página 26, de finales del año pasado. Eran a mediados de 2022 un total de 6.634 hectáreas dedicadas a cultivos bajo plástico, de las que 5.576 estaban en superficies agrícolas regables y 1.046 fuera de ellas (otras 11 están parcialmente fuera de la zona regulada por el plan).

Tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –el Gobierno de España– como la Junta de Andalucía, cada una en su ámbito de competencias, tiene potestad para imponer sanciones y cerrar fincas. Y aunque se abren expedientes –lo hacen de hecho constantemente ambas administraciones – y se cierran en efecto pozos ilegales, su actuación inspectora se ha revelado claramente insuficiente desde que en 2014 se aprobó el plan de la fresa, que cerró el mapa de regadíos, en cumplimiento de la legislación urbanística específica aprobada diez años antes, en 2004.

Desde 2016, según el Ministerio para la Transición Ecológica, la CHG ha realizado nueve campañas de teledetección que han permitido identificar una media anual de 1.013 hectáreas de invernaderos situadas fuera de suelo agrícola regable.

Las causas de que no se haya acabado desde entonces, a la fecha del último análisis oficial, con las miles de hectáreas ocupadas por invernaderos ilegales, que son perfectamente identificables –y lo están de hecho en los informes de la Junta de Andalucía– son diversas y profundas y revelan severos problemas que hoy, con el plan de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) para ampliar las zonas legalmente regables, han aflorado en su plenitud.

La presión de los regantes, unida a la falta de resolución del abastecimiento de agua para consumo humano en Matalascañas, localidad en la costa de Huelva, que en verano recibe a cientos de miles de personas, provocó una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021 por lo sucedido antes del plan de la fresa. Desde 2014 hasta hoy prosiguen las extracciones irregulares y proliferan los plásticos irregulares, que no se han frenado.

"Todo está mezclado", apunta Juanjo Carmona, jurista de WWF. No hay medios suficientes, no hay guardas suficientes, ha habido desgana política ante el temor de enfrentarse a agricultores enfadados, ha habido inacción administrativa, apunta. También ha habido épocas diferentes y consejeros y ministros más implicados que otros, valora Carmona. El letrado de WWF afirma también que ni Gobierno ni Junta se han decidido a aplicar el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que prevé, de forma motivada, la imposición de medidas provisionales, y que el letrado de WWF resume de este modo: "Hay una finca regada, llego y la cierro. Y ahora, usted, agricultor, explique al tribunal en un contexto como el que estamos, de escasez, de sequía por qué tiene usted que seguir regando sin tener un solo papel. No hay juez en España que levante eso. La finca se cierra".

Juan Romero, de Ecologistas en Acción, dice más o menos lo mismo: "No se cierran porque no hay dios que le meta el diente. Los anteriores gestores de la Confederación decían que el acuífero estaba bien y es después cuando se reconoce que está sobreexplotado. Cerrar un pozo tiene un trámite, que es lento, porque son muy garantistas y con las fincas pasa lo mismo. Y como hay cierta ambigüedad, y los agricultores tienen abogados, no se cierra una finca. Hasta que los tribunales no vayan pronunciándose, no se cierran. Y también hay mucha presión e intereses políticos .Durante años han fomentado esta barbaridad".

Amnistía

Esta es la situación ante la que el Gobierno andaluz, apenas un año y unos meses después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lugar de profundizar en lo que le habían reclamado la Comisión, la Unesco y la comunidad científica –cerrar los pozos y proseguir con la clausura de las captaciones de agua ilegales y utilizar los trasvases de agua de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras para, por lo menos, aliviar los acuíferos desgastados–, ha elegido el camino contrario, de la mano de la ultraderecha y a las bravas, sin informes ni estudios previos y sin consenso alguno: abrir la mano y recalificar el uso de todas aquellas fincas que hubieran regado –en la proposición de ley no se especifican cuántas, pero el Gobierno ha hablado de unas 700 hectáreas y WWF de unas mil– antes del plan de la fresa de 2014, que pasarán de un plumazo a ser zonas agrícolas regables, lo que supondrá una revalorización automática del precio de los terrenos –como mínimo el triple, según WWF– y una mayor presión sobre el acuífero.

La proposición de ley, al contrario de lo que dice el Gobierno andaluz, no se limita a permitir el uso de aguas superficiales, sino que, una vez que se apruebe la norma, si lo hace con la forma que hoy recoge, avalará a los agricultores a acceder a cualquier tipo de agua, si así lo autoriza la confederación de cuenca, incluida por tanto la del acuífero de Doñana. Por tanto, la presión sobre el Parque Nacional, lejos de reducirse, se incrementará.

"Los nuevos regadíos, esos que quedan a la espera, saldrían beneficiados después de años de incumplimiento. Y se produciría una clara situación de injusticia para los que han cumplido la ley, una ruptura del principio de igualdad entre los agricultores de la zona. Y además se está produciendo un efecto llamada, porque se demuestra que incumpliendo las leyes se puede salir ganando, que los listos son premiados. Si todos los que han incumplido la ley entre 2004 [fecha del y 2014 se ven beneficiados con este premio, ¿por qué no van a entrar los que lo hagan en 2023?", se pregunta Carmona.

Para WWF, se trata de una "amnistía": "Una vez se declaren tierras agrícolas de regadío, si siguen regando [sin derechos de agua concedidos], no estarán vulnerando la normativa de ordenación del territorio, la Junta de Andalucía no les tendrá que abrir expediente ni aplicarles el régimen sancionador [de la Ley Urbanística de Andalucía]. A efectos legales estarán vulnerando la normativa de aguas y deberá ser la Confederación Hidrográfica la que tenga que actuar en solitario contra el uso ilegal del agua, porque para la Junta de Andalucía el uso del suelo estará acorde con la planificación territorial".