Encaramos la última semana hasta la investidura del gobierno con un panorama muy negro: Casi con total seguridad, no habrá nuevo Ejecutivo, lo que podría llevarnos a una segunda oportunidad en septiembre y, quizás, a la convocatoria de nuevas elecciones. Mientras, España parada.

La parálisis institucional se extiende a todos los niveles, pues del gobierno central dependen en gran medida los autonómicos y locales. El ralentí en el que está sumida España, con decenas de iniciativas legislativas en la nevera, con el horizonte de nuevos presupuestos cada vez más lejano, sitúa al país en una posición que en nada nos beneficia.

Al desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y el oportunismo de PP y Ciudadanos, que continúan aplicando sus propias doctrinas sólo cuando éstas les dan poder, se suma ahora la posibilidad de que Íñigo Errejón acudiera a una nueva cita electoral allanando un pacto a la socialista si tuviera suficiente representación. El voto de la izquierda, aún más fragmentado.

Así las cosas, la idea de que encaremos 2020 aún sin gobierno no es descabellada, a pesar de haber votado por primera vez el 28 de abril. La nueva cita electoral sería el 10 de noviembre, con lo que la investidura tardaría aún en llegar. ¿Merecemos esto?

Que hayan transcurrido dos meses y medios desde que votamos hasta que se materialice el primer intento de investidura evidencia que nuestra democracia no es tan madura como presumen algunas personas. El hecho de padecer una ley electoral y una Constitución obsoletas y desfasadas no es sinónimo de madurez y brinda un motivo para meterle mano cuanto antes. Más pronto que tarde es preciso reformarla y dar con la mejor fórmula para que la formación de un gobierno tras las elecciones no pueda demorarse tantos meses. España no se lo puede permitir, tan necesitada de timonel en una época de zozofra como la actual.