La pobreza avanza en España, con una inflación galopante y la cerrazón de la CEOE a subir sueldos, a pesar de que sus sobrecostes comenzaron a ser repercutidos a los precios antes, incluso, de que llegaran. Sin embargo y por una vez, la estadística va a jugar a favor de quienes menos tienen, de quienes peor lo están pasando. Si para frenar las subidas de las remuneraciones el empresariado se escuda en el salario medio en España, que es de unos 25.000 euros, y obvia el sueldo más frecuente, que no llega a 19.000 euros, esta vez se ha disparado en un pie: antes de que acabe este legislatura, el Gobierno tomará esa referencia para subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

Hablar a los millones de personas que no llegan a fin de mes del salario medio no es que resulte utópico, es que puede llegar a ser insultante. Los 19.000 euros del sueldo más frecuente ya se antoja una cifra inalcanzable, como prueba el hecho de que se haya aplaudido la noticia de que los 50.000 trabajadores y trabajadores de una serie de cadenas de comida rápida cobrarán un mínimo de 16.000 euros para 2024, es decir, 3.000 euros menos del sueldo más frecuente de 2022.

Los promedios es lo que tienen: acostumbran a maquillar la desigualdad, porque los desorbitados sueldos de esa élite más rica, a la que el PP regala bonificaciones fiscales, compensan los ingresos precarios de quienes viven en condiciones de extrema pobreza. El resultado dibuja una ficción que nada tiene que ver con la realidad, a la que tampoco se llega a acercar la magnitud del sueldo más frecuente. Ese ejercicio de compensación se produce, incluso, en el mismo salario medio, dónde la brecha de género vuelve a avergonzarnos con una diferencia entre hombres y mujeres de más de 5.000 euros al año a favor de los primeros. Si los hombres perciben un sueldo medio de más de 27.600 euros, las mujeres no llegan a 22.500 euros anuales.

Sin embargo, por una vez, esa referencia que puede llegar a parecer tan despreciable como es el salario medio va a inclinar la balanza del lado de las personas más pobres. De aquí a 2023, cuando finalice esta legislatura, el SMI alcanzará los 1.049 euros brutos al mes en 2023, unos 14.686 euros brutos al año. Es el resultado de equipararlo al 60% del salario medio, y no al del más frecuente. La patronal, obviamente, se negará a ello, porque continúa anclada en su defensa de la desigualdad. El mismo sueldo medio del que ha presumido, con el que se ha golpeado el pecho, retorciendo la estadística y jactándose de buena pagadora, se volverá en su contra y a favor de la mayoría.

Es una carrera de fondo, una de las medidas más positivas que, indiscutiblemente, este gobierno de coalición progresista y sus socios de investidura están materializando. Pese a los avances sociales que se han producido en España cuando ha gobernado el PSOE, no ha sido hasta la llegada al poder de Unidas Podemos (UP) cuando el SMI se ha comenzado a dignificar. Negar eso es ponerse una venda en los ojos o vivir de las rentas pasadas, algo que en nada ayuda a mejorar la vida de la ciudadanía. Sucede con la Ley de la Vivienda, que el PSOE ha decidido guardar en el cajón. ¿Formará parte del calendario electoral a un año de las generales? Hay que admitir que Pedro Sánchez ha hecho gala de un mejor manejo de la estrategia electoral que UP -y los resultados avalan tal información-, pero que no olvide el socialista que mientras él juega al ajedrez, millones de personas se quedan fueran del tablero.