Felipe VI, el legislador

En un reportaje muy interesante del periodista Chema Molina en este periódico, publicado el domingo, el investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), especialista en derechas radicales europeas y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional, Guillermo Fernández, alerta de que, frente a la guerra cultural que mantienen los radicales ultraderechistas fuera de las instituciones, tal vez la izquierda y los partidos demócratas deberían "retomar la agenda de democratización y transparencia que surgió con el 15-M y que parece que se ha diluido".

Efectivamente, como señala Fernández y es verdad que acuciado con una pandemia mundial sin precedentes y de gravísimas consecuencias en los ámbitos sanitario, social, económico y laboral, el Gobierno ha priorizado la agenda de la recuperación socioeconómica y ha aparcado sus compromisos con los derechos y las libertades maltratados por el Ejecutivo anterior del PP, como la derogación de la ley mordaza, de la reforma laboral o las leyes y/o medidas para hacer de la Jefatura de Estado una institución transparente y sometida a los mismos baremos democráticos que el resto, ya que por fuerza -y mientras el PSOE no apoye lo contrario-, debemos hacer la vista gorda ante el sistema hereditario de elección del jefe de Estado.

A este respecto y preguntado por el rey emérito, el presidente del Gobierno dijo en la entrevista que dio el 5 de septiembre a El País: "(...) reconozco los esfuerzos y los avances que se están haciendo por parte del actual jefe del Estado y la Casa Real en transparencia y en ejemplaridad". Pedro Sánchez no enumeró ni uno solo de esos "esfuerzos y avances" y, como periodista, puedo constatar que solicitar información a la Casa Real sobre el patrimonio de la real familia o de los gastos que se adjudican a distintos ministerios fuera de los presupuestos generales del Estado es lo mismo que pedírselos a mi gato, aunque éste, al menos, tiene la deferencia de mirarme a los ojos cuando le hablo e incluso, contestar con un maullido.

Este domingo, en otra entrevista de Esther Palomera en El Diario.es, Félix Bolaños, que ostenta el exótico récord del ministro al que más veces se le ha pedido la dimisión (dos) en menos tiempo (dos meses en el Ministerio de la Presidencia) desde PP y Vox, volvió con las buenas intenciones del rey Felipe VI, aunque tampoco fue capaz de enumerar una sola cuestión con la que se constanten "avances" o "esfuerzos" de la Casa Real, más allá de una web que incluye un apartado de "Transparencia" que no aporta nada nuevo o del desglose de las cuentas de los presupuestos públicos, "la paguita", como los llamó Eva Belmonte, directora de Civio y experta en destripar el Boletín Oficial del Estado (BOE), en La Marea: "Según el presupuesto oficial, la Casa Real recibe unos 8 millones de euros al año, pero eso es sólo la paguita que se les da a los reyes. Como la paga que le das a un niño el fin de semana… ¡pero el niño te cuesta muchísimo más dinero!".

Pese a todo, y la evidente incomodidad del Gobierno cuando se les pregunta qué están haciendo para legislar o tomar medidas que garanticen que una institución no se utiliza para el lucro de quien la ostenta, como ocurrió durante 40 años con Juan Carlos I, lo que más sorprende es que experimentados juristas como Bolaños, pero también el jefe del Ejecutivo, destaquen el trabajo que está haciendo el rey, el esfuerzo por ofrecer propuestas más democráticas y transparentes para la Jefatura del Estado: "La Casa Real estudiará, trabajará y pensará en medidas que puedan profundizar en su transparencia y nosotros como Gobierno lo que haremos será acompañar a la Casa Real en las decisiones que vaya adoptando en esa materia".

¿La Casa Real diseñando leyes y medidas y el Ejecutivo acompañando? ¿Desde cuándo entra en las funciones de la Casa Real establecer una política de control público en la que es el primer vigilado? ¿Qué injerencia es ésta que se presenta con total naturalidad? El rey debe asumir las leyes que se aprueben democráticamente en el Parlamento para garantizar su buen comportamiento, no en un ejercicio de fe, sino en una vigilancia democrática, que, además, debe ser extremadamente escrupulosa y llegar, si me lo permiten, hasta las cocinas de palacio. Lo que nos faltaba por oír y asumir ahora es que será el rey quien diseñe la vigilancia de su actividad desarrollada fondos públicos, con nuestro dinero y a mayores, con los precedentes eméritos que adornan su Casa y a España entera. Estamos apañadas.