Nunca he entendido muy bien la emoción de la Fórmula 1, un deporte que en mi infancia homenajeábamos a base de chapas, luego con el Scalextric, después con videojuegos y ya por último con los minicar, una modalidad en cortometraje en la cual cuesta bastante no imaginarse a Ayuso y Almeida echando una carrera a pedales. Yo resultaba pésimo en todas y cada una de las variantes, aunque mi torpeza iba aumentando exponencialmente a medida que se complicaba la tecnología del vehículo: las chapas eran lo que mejor se me daba. Ahora que los juguetes juegan prácticamente ellos solos, da vértigo pensar que fui uno de los últimos niños occidentales que se divirtieron con palos, piedras, cuerdas, gomas, muñecos, cerbatanas y peonzas.

Sucede, sin embargo, que con esos pasatiempos tercermundistas no les resulta fácil a los políticos embolsarse montañas de dinero público. En un circuito de Fórmula 1, por ejemplo, lo de menos son los cochecitos, no te digo ya los pilotos, sino el circuito propiamente dicho, el terreno donde va a levantarse y los constructores que van a forrarse gracias a los contratos. Al final, no importa mucho si allí se celebran carreras o no, menos aún si la gente vendrá algún día a verlas; se trata del mismo negocio típicamente hispánico por el cual se levanta un aeropuerto en mitad de la nada, se enriquecen unos cuantos gracias al chorreo autonómico de billetes, se arruina la economía de la zona por unos cuantos años y después los aviones se miran desde la pista con unos prismáticos. Hay unos cuantos repartidos por toda la geografía española, pero Fabra hizo uno en Castellón sólo para presumir con los nietos, un auténtico coliseo aéreo, un aeropuerto posmoderno, sin despegues ni aterrizajes, hecho para que la gente se pasee por las instalaciones.

El Grupo Municipal de Más Madrid ha denunciado graves deficiencias e irregularidades en la tramitación del proyecto del Gran Premio Fórmula 1 en Madrid, una denuncia que tampoco se entiende muy bien, teniendo en cuenta que deficiencias e irregularidades son el pan nuestro de cada día en los planes urbanísticos de la capital. Aparte del impacto medioambiental, la turbiedad de los contratos y la ausencia de notificaciones a los vecinos afectados, lo más gordo viene con los 190 millones de euros que se calcula costarán las obras al erario público: una pequeña discrepancia sobre los cero euros que Ayuso y Almeida prometieron hace un año. Por aquel entonces el proyecto iba a financiarse mediante capital privado, ya que se trataba de un negocio redondo, tan redondo que los inversores decidieron invertir cero euros. En Valencia la Fórmula 1 acabó suponiendo una ruina de 300 millones para las arcas públicas, sí, pero como decía Woody Allen, los récords están para superarlos. Lo van a llamar Madring porque llamarlo Florencar sonaba feo.

Confieso mi total analfabetismo en lo que se refiere a la gramática de la velocidad, las estrategias de carrera, los adelantamientos, la destreza al tomar las curvas y los cambios de neumáticos, una deficiencia cognitiva que explica mi aversión al automovilismo en general y a la Fórmula 1 en particular. No sé si fue un caballero inglés o un jeque árabe el que rehusó amablemente la invitación a asistir a una carrera de caballos: “Gracias, ya sé que unos caballos corren más que otros”. Es difícil correr más que Almeida y Ayuso a la hora de exprimir la teta pública en nombre de la libertad. Lógico que digan que somos unos tristes: y más tristes que vamos a estar cuando nos saqueen los primeros 190 millones de euros al estilo del Torete pegando un tirón al bolso de una señora desde un Seat.

Lo de la Fórmula 1 madrileña ya se veía venir desde que Miguel Ángel Rodríguez cuadruplicó la tasa de alcohol al volante tras provocar un choque a tres bandas cerca del Retiro. Le faltaba únicamente cuadruplicar la velocidad, pero poco después Ayuso comentaba por arte de ventriloquía que los atascos en la Gran Vía son una de las señas de identidad en la capital. Entre Rodríguez conduciendo borracho, Aguirre atropellando agentes de movilidad y Carromero diezmando a la disidencia cubana a topetazos, el PP madrileño es un spin-off de Los Autos Locos en el que conducen igual que gobiernan: con patente de corso, saltándose las leyes de tráfico y las del Código Penal. Faltaban únicamente Ayuso y Almeida para rentabilizar la autoescuela.