Hace tres años, cuando Gustavo Petro asumía la presidencia de Colombia como el primer mandatario progresista de la historia democrática del país, la esperanza por recuperar la senda iniciada con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, suscrito en noviembre de 2016, era inevitable. Cuatro años de gobierno ominoso de Iván Duque, obstaculizando, cuando no saboteando el Acuerdo de Paz, habían servido como escenario de proliferación de nuevas violencias recicladas. Esto, más allá de las mal llamadas disidencias de las FARC-EP -pues la mayoría de los excombatientes prosigue en el proceso de reincorporación a la vida civil que inició en 2017-, las cuales, por decenas, pasaban a sumarse a otras estructuras criminales herederas del paramilitarismo, y otras formaciones violentas de viejo cuño, como Los Pelusos o, sobre todo, el ELN.

El nuevo Ejecutivo, por ende, ubicó a la paz como uno de los elementos centrales de su gobierno, toda vez que no tardaron en llegar las primeras normas al respecto, así como la formalización de un proceso de diálogo con el ELN que, en inicio, era la punta de lanza de lo que se conocería como la "paz total". Este terminó, dispuesto por el mejor senador que tiene la izquierda colombiana desde hace años, Iván Cepeda, sin embargo, alimentaba un craso error. Esto es, partir de una denominación tan ambiciosa como imposible, que asumía que cualquier ejercicio de paz para el país pasaba por negociar con el ELN, pero también con todas las formaciones continuadoras de algún modo con las siglas FARC-EP, a la par que con las estructuras post-paramilitares -de muy diferente naturaleza y significado-. Todo, sin olvidar la recuperación del compromiso y el valor de la palabra recogido en el Acuerdo con las extintas FARC-EP.

Recuerdo que entre mis numerosos viajes a Colombia y conversaciones con quienes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, habían liderado buena parte del proceso de paz, aparecían críticas fundamentadas sobre la aspiración de la "paz total". El hecho de negociar con multitud de actores armados a la vez, bajo diferentes lógicas, distintos calendarios, singulares mesas de diálogo y diferentes prerrogativas y condiciones eran algunas de ellas. Aparte de no requerir gran perspicacia política, lo cierto es que todas ellas, sorprendentemente, desdecían décadas de trabajo académico que, más allá de la excepcionalidad colombiana, han permitido la publicación de miles de páginas con respecto a cómo entender los elementos vertebradores -siempre, sin garantía de éxito-, de lo que debe ser un proceso de paz.

También me entrevisté con muchos de los férreos opositores a Gustavo Petro que, como primeras espadas del gobierno de Iván Duque, habían edificado la muy cuestionable idea de "paz con legalidad", vigente entre 2018 y 2022. En realidad, y desde la antípoda ideológica en la que me encuentro con estos, había una crítica que, repetidamente, encontré en ellos y, también, en muchos generales de la fuerza pública, en activo y en retiro. Su fundamento era claro: una política de paz no es excluyente, en ningún momento, de una política de seguridad. Y es que, más allá de algunos operativos importantes, en estos últimos tres años, política de seguridad en Colombia no ha habido.

En un libro de conversaciones con Rodrigo Londoño Timochenko, último comandante de las FARC-EP, y que el año pasado publiqué en Sílex Ediciones, hablábamos de lo que supuso para esta guerrilla el perder a su comandante jefe, "Alfonso Cano", y a su jefe militar, "Mono Jojoy", en la contienda militar contra el Estado, y a sabiendas de las intenciones por negociar políticamente un posible Acuerdo de Paz. En el fondo, se trataba de negociar la paz como si no hubiera guerra y, a la vez, hacer la guerra como si no hubiera, en paralelo, un diálogo de paz.

Gustavo Petro siempre consideró que su halo de exguerrillero del M-19 y su innegable voluntarismo por la paz en Colombia eran elementos tan puramente singulares que podían ser casi una condición suficiente como para avanzar en las negociaciones como nunca. Nada más alejado de la realidad. Tres años después, las decenas de miles de personas enroladas en campo y ciudad a la violencia superan cualquier registro de la etapa de Iván Duque. Las dos primeras disidencias de las FARC-EP, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, han engrosado notablemente sus recursos. Más allá del baile de cifras, la Inteligencia colombiana ubica por encima de 5.000 su número de integrantes, con presencia en más de una tercera parte de los algo más de 1.100 municipios que tiene el país. A esto hay que sumar las capacidades de un ELN que ha duplicado su capacidad operativa con respecto a hace una década, especialmente en los últimos años, y un Clan del Golfo que, junto con otras formaciones post-paramilitares, es el principal actor de la criminalidad urbana, inclusive, con casi 10.000 integrantes. En otras palabras, las 35.000 personas que estaban vinculadas con estructuras violentas en Colombia a mediados de 2023, según los reportes de la Oficina del Alto Comisionado, hoy son un número impredeciblemente innegablemente superior.

Lo que queda por delante, por si lo anterior fuera poco, no invita al optimismo. Muchos de los elementos que soportan la violencia colombiana, como el narcotráfico, la falta de presencia de un Estado con más territorio que capacidades institucionales, y la preservación de una cultura de la violencia irreductible, amparada por la falta de oportunidades y la desigualdad acuciante, no son problemas que un gobierno, en el corto plazo, pueda resolver sin más. Sin embargo, sí que son condiciones que pueden precipitar una aceleración del curso de la violencia como, de igual modo, hemos observado en Ecuador en los últimos años.

La mayor concentración de violencia en la Colombia periférica, poco a poco, se ha ido resignificando. La transfronterización de la misma, su representación en los márgenes urbanos o la necesidad de respuestas que escapan del nivel gubernamental central, son innegables. Sin embargo, en todo lo anterior, un agravante es que el actual gobierno, en estos tres años, no haya logrado escapar de una condición errática, desvirtuada por la ausencia de una hoja de ruta que los diferentes actores armados -la casi totalidad, en su conjunto- ha sabido aprovechar en beneficio propio y en detrimento de la paz. En un conflicto como el colombiano, los enemigos que necesitan resignificarse en adversarios para avanzar en el reconocimiento y el intercambio que exige un proceso de diálogo, demanda de unas condiciones de madurez y credibilidad que, para el caso de Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro, nunca se tuvieron. No se cuestiona el voluntarismo, pero solo con este no se transforma la violencia. Así lo alertaron muchos, como Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle o Rafael Pardo. Tal vez no los escuchamos lo suficiente. Hoy en día, por todo lo anterior, el panorama que tenemos ante nosotros muestra una violencia reciclada y fragmentada, que cambia rápidamente, con alianzas y enfrentamientos marcados por condiciones locales y urgencias coyunturales frente a las cuales al Estado le cuesta responder. Si a eso sumamos un horizonte, en el corto plazo, de concurrencia electoral, resulta muy posible que el tipo de manifestaciones de violencia vividas en los últimos días pasen a disponer de un mayor protagonismo y de una preocupante cotidianeidad que hace tan solo una década parecían impensables.