El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2018 es un escupitajo a la cara de todas las mujeres de España, de todas aquellas que llevan años luchando por acabar con el terrorismo machista ante la pasividad de los diferentes Gobiernos que pasan por La Moncloa. El recorte de 120 millones de euros sobre lo comprometido para dotar de financiación suficiente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una muestra más de cómo Rajoy y sus secuaces tienen otras prioridades. ¿Sucedería lo mismo si se mataran de media a 60 políticos al año?

Imaginen que, por el mero hecho de ser político, se atropellara repetidas veces a un representante en una autovía. Visualicen en su mente cómo cualquier ciudadano tomara a un diputado y lo rociara con gasolina para después quemarlo vivo, o que cosiera puñaladas a un ministro, lo descuartizara y lo abandonara en un descampado metido en una maleta. ¿Cuál creen que sería el grado de protección que tendría los políticos?

Se destinarían cuantas partidas presupuestarias fueran necesarias; no habría debate al respecto porque el consenso sobre la atrocidad sería tal, que ni siquiera sería preciso un Pacto de Estado. ¿Por qué no sucede lo mismo con los asesinatos machistas que sufren las mujeres? ¿Por qué los hipotéticos crímines expuestos a políticos suenan tan terribles y, a pesar de que son asesinatos reales a mujeres, el Gobierno de Rajoy incumple su palabra?

El ministerio de Interior cuantifica en 49 las víctimas mortales por violencia de género en 2017. Son muchas más, evidentemente, y no es necesario bucear en los casos nos reportados; basta revisar algunos de los casos que el ministerio no incluye, sencillamente, porque el asesino no era pareja. Casos como el de una joven de 18 años matada por el asesino de su madre o una mujer asesinada por defender a su sobrina cuando el agresor intentaba estrangularla.

2017 cerró con más mujeres asesinadas por violencia de género que 2016. Con las cifras oficiales, cinco más que el año anterior, alcanzando las 49. En lo que va de año, ya han sido asesinadas siete mujeres y hoy mismo, en Málaga, se ha detenido a la pareja de una mujer después de que la amenazara y quemara la casa donde vivían ella y sus dos hijos (afortunadamente, se salvaron).

Y Montoro recorta en 120 millones la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género... Y si esas siete víctimas mortales fueran un ministro, dos diputados, un senador, dos alcaldes y un presidente regional... ¿habría más consternación en España? ¿Tendría mayor sensibilidad este Gobierno tan dado a faltar a su palabra? ¿Qué será necesario que haga la sociedad civil para que la clase política pare este terrorismo machista?