Pues ya tenemos otra fuerza política de extrema derecha en el panorama patrio. La Conferencia Episcopal ha elegido como presidente al ultraconservador Luis Argüello, y no es precisamente una buena noticia. Misógino, homófobo, tránsfobo, contrario a la eutanasia y al aborto, cuenta entre sus palmeros con personajes como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aquel que quería obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de que interrumpieran su embarazo. Y en cuanto a la pederastia en la Iglesia católica, bastan estas declaraciones suyas de hace solo año y medio: “No realizaremos ningún informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”. Decía que “solo son pequeños casos”.

“Estoy seguro de que Luis Argüello será ese líder que la iglesia necesita”, ha publicado el de VOX. Yo de lo que estoy segura es de que se trata de una fuerza política más que se suma al azote que estamos sufriendo y vamos a sufrir las mujeres en gran parte de la geografía española, y no solo. Porque a veces se nos olvida que en más de la mitad del país gobiernan fuerzas de derecha y extrema derecha, que son lo mismo. Súmale a eso la victoria de Javier Milei en Argentina, la victoria de Donald Trump hacia la Casa Blanca y, ya puestas, las funestas previsiones de cara a las europeas en toda la Unión.

Que la Iglesia es, entre otras cosas —ninguna buena—, una fuerza política resulta una obviedad. Más aún con este señor al frente, un personaje que ha llegado incluso a darle las gracias al dictador Francisco Franco: “La Iglesia agradece al general Franco el que se hubiera puesto fin a una situación en la que parte de ella sufrió una persecución”.

Así que vamos a hacer recuento: misoginia, machismo, homofobia, transfobia, franquismo, contrario a los derechos de las mujeres… Lo dicho, una nueva fuerza política de extrema derecha en España. Con un matiz podrido: es una fuerza ultra que pagamos entre todas, entre todos. Ahí van las cifras: según estimaciones de Europa Laica, que son quienes saben de esto, la Iglesia católica recibe cada año del Estado alrededor de 12.000 millones de euros. Insisto: 12.000 millones. De ellos, 6.000 millones están destinados solo a un concepto que llaman Educación.

Quien reste importancia a la nueva cúpula de la Conferencia episcopal española se equivoca. Como fuerza política son más poderosos que VOX, y a la vez son VOX. Son más poderosos que el PP, y a la vez son el PP. Su influencia en la Educación en general, y las universidades en particular, su poder en grandes corporaciones y, sobre todo, en los medios de comunicación, es mayor que la de los partidos políticos. Estaban antes que ellos y estarán cuando los abascales y las ayusos de turno desaparezcan. Y en España hacen y deshacen a su antojo porque ningún Gobierno de ningún color o coalición se ha atrevido a rescindir el Concordato franquista del Estado español con el Vaticano.

El problema, un problemón, lo empezamos a tener nosotras. Para este señor, el derecho de las mujeres a abortar “es un drama personal, demográfico, ecológico, moral, político y, sobre todo, espiritual: falta de fe, de esperanza y de amor a la vida”. Actuarán contra nuestros derechos, contra la autonomía de nuestros cuerpos, contra nuestros usos del tiempo y el trabajo, contra nuestra capacidad de decisión sobre nuestra propia sexualidad, nuestra maternidad o no… Para hacerlo manejan cantidades ingentes de dinero —porque se trata de eso, de dinero—. Y lo más grave, es que esa pasta procede de nuestros bolsillos, de lo que se le quita a Cultura, Educación pública, Sanidad pública, Servicios sociales o Igualdad.

Los acuerdos del Estado español con la Iglesia católica a estas alturas no solo ponen los pelos de punta a cualquier persona civilizada y demócrata, sino que nos convierte a todas, a todos, en cómplices de las actuaciones de un lobby ultra cuyos fines son destrozar cualquier avance en los derechos sociales, y muy particularmente los de las mujeres.