Genealogías del Lawfare

El otro día murió Sabino Ormazabal. Fuera de la geografía vasca, el asunto no ha merecido mucho más que alguna pincelada necrológica, las lágrimas digitales de aquellos que lo conocieron y llegaron a quererlo o admirarlo. Lo lloran Paca Blanco, Santiago Martín Barajas y Tom Kucharz desde la barricada de las luchas ecologistas. Lo honra Carlos Taibo en calidad de lector. Público ha difundido un obituario firmado por Juantxo López de Uralde. El Salto ha publicado sendas piezas de Imanol Zubero y José Manuel Ferradás. Y poco más. Para la audiencia española, ha muerto un soberano desconocido. Un anónimo sin solución.

Quien quiera conocer a Ormazabal por la vía del prejuicio estará condenado a no entender nada. Hoy en tierras vascas lo despiden las familias más dispares: excompañeros del diario Egin, víctimas de ETA, pacifistas recalcitrantes, veteranos de la izquierda abertzale y activistas de la izquierda federal. Estos elogios fúnebres ofrecen una idea sintética de toda una vida. El itinerario de Ormazabal atraviesa las protestas contra la central nuclear de Lemoiz, la muerte de Gladys del Estal, el "no" a la OTAN, la insumisión al servicio militar, la Fundación Joxemi Zumalabe, el fin de ETA y la reconciliación de las diferentes tradiciones políticas.

Pero este artículo no quiere ser una semblanza póstuma, sino la radiografía de un episodio que ya casi nadie recuerda y que allanó el terreno a otros episodios más actuales. Aún no se había popularizado la palabra lawfare. En octubre de 2000, el juez Baltasar Garzón encarceló a cinco militantes vascos bajo la acusación de actuar al compás de ETA. A los ojos del discurso oficial y sobre la base de un auto delirante, Sabino Ormazabal no era un defensor de la no violencia sino un despiadado terrorista sepultado por fin tras los muros de Soto del Real. Eran los tiempos oscuros del "todo es ETA".

Madrid no conoce a Ormazabal, pero Ormazabal conoció Madrid más de lo que hubiera deseado. Las víctimas de la Operación Itzali recordarían después el viacrucis de las detenciones, agentes encapuchados registran tu vivienda de madrugada, los fotógrafos te aguardan en el portal para ilustrar de forma fehaciente la palabra "terrorista" de los titulares ("¡quitadle el anorak de la cabeza!"), te trasladan esposado a la capital del reino, te empujan a una celda de aislamiento y te llevan a declarar ante un juez que no te mira a los ojos y que parece tener escrito el auto antes de haber escuchado tus razones.

Sabino Ormazabal cumplió casi ocho meses de castigo preventivo en la prisión de Soto del Real, donde tuvo tiempo de escribir su interpretación de la redada: "se pretende criminalizar las ideas, la libertad de pensamiento, de reunión, de militancia social". Lo volvieron a detener en 2007 tras el juicio del macrosumario 18/98. La Audiencia Nacional, con una ponencia de Ángela Murillo, iba a condenarlo a nueve años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista. Amnistía Internacional denunció que la sentencia se basaba en pruebas insuficientes y contradictorias con la militancia pacifista de Ormazabal.

Hubo que esperar a 2009 para que el Tribunal Supremo revocara la condena. Las almas más cándidas afirmarán que la razón siempre encuentra su camino y que la justicia funciona. Los miembros de la pieza Joxemi Zumalabe, al contrario, denunciaron nueve años de violencia jurídica, demonización de los movimientos sociales y hostigamiento contra aquellos que asumieron la estrategia pacífica de la desobediencia civil. Por no hablar de la campaña de desinformación. Muchos medios de comunicación, explicaba Ormazabal, se limitaron a reproducir acríticamente la nota de prensa del Ministerio del Interior.

Hoy la hemeroteca no se sostiene. En una pieza de La Voz de Galicia, Ormazabal aparece como "responsable de la red de ETA para promover la desobediencia civil”. También El País orilla la presunción de inocencia en un titular sobre la "trama de desobediencia civil de ETA". Antes de la sentencia, Libertad Digital había ubicado a las víctimas dentro del “entramado etarra". Con la sentencia ya en la mano, La Razón celebraba la consagración del "todo es ETA" y anunciaba que los condenados del 18/98 iban a tener "525 años para reírse en la cárcel". Tras las absoluciones del Tribunal Supremo, Libertad Digital continuó llamando "etarra" al proyecto de la Fundación Joxemi Zumalabe.

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EFE

En cuanto acabó el calvario judicial, Amador Fernández-Savater entrevistó a Sabino Ormazabal para las páginas de Público. ¿Cómo se sentía? Contento y enojado. Contento por la absolución y enojado por los nueve años de secuestro. Queda demostrado que cualquiera puede terminar como Josef K. en El proceso. Una gran parte de la sociedad, dice Ormazabal, está derechizada hasta tal extremo que ha aceptado con normalidad las formas más descarnadas de la injusticia. Eso que ahora llamamos lawfare no es una obra exclusiva de las policías, los tribunales y las televisiones. Hay también una parte del cuerpo social que repudia el Estado de derecho.

Entre otras cosas, la Fundación Joxemi Zumalabe arrancó una formulación histórica al Tribunal Supremo: "La desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática". Es el precedente jurídico que invocó Jordi Cuixart para defender su inocencia ante el juez Manuel Marchena. El lawfare no nace ayer, sino que tiene una larga dinastía. Pero también la resistencia tiene sus padrinos. Sabino Ormazabal vive. Lo explicaba él mismo con palabras prestadas: podrán quitarnos los instrumentos, pero nuestra música nunca dejará de sonar.