Estas semanas se han visualizado las grandes grietas que padece el Estado de derecho en España. Obedece a dos circunstancias. Por un lado, a la persistencia desde la transición política de grupos de poder derechista y ultraconservadores. Está derivado de los déficits democratizadores de una Transición no modélica, con diversos lastres de la reforma pactada: conservación de los principales grupos de poder del franquismo, en particular el poder judicial, junto con el militar y de seguridad, los grupos económicos oligárquicos, la alta burocracia del Estado y el aparato mediático. 

Por otro lado, el bloqueo reformador y legislativo progresista y la impaciencia acosadora de las derechas, en un marco de cierta frustración social por la persistencia de graves problemas socioeconómicos y democráticos, junto con la ofensiva ultra y de sectores del aparato judicial.

Está derivado de la encrucijada estratégica en que se encuentra el proceso político, entre la primacía gubernamental de un gobierno de izquierda, con apoyo democrático parlamentario a su investidura, y la gran ofensiva derechista, con fuertes apoyos fácticos. Existe una dinámica de gestión reformadora limitada, menor en esta segunda legislatura dada la composición parlamentaria más escorada hacia la derecha, junto con la persistencia de un campo socioelectoral progresista, debilitado en su articulación y con una presencia menor de su izquierda, pero todavía suficiente para contrarrestar el campo social de las derechas.

El carácter antipluralista de las derechas  

En este equilibrio inestable, producto, por un lado, de la frágil mayoría parlamentaria con la que cuenta el gobierno de coalición que, a veces, ante los emplazamientos de Junts (y Podemos), se torna en minoría, y por otro lado, la prepotencia derechista de deslegitimación permanente del Ejecutivo presidido por el socialista Sánchez y su gestión regresiva en sus comunidades autónomas, utilizando las derechas todos sus recursos de poder para conseguir el recambio gubernamental y la reorientación del ciclo político.

Ante la imposibilidad de una moción de censura exitosa para su acceso al poder gubernamental, las derechas están configurando un clima político y mediático que permita articular golpes ‘blandos’ de raíz jurídico-política, para hacer insostenible la gobernabilidad, activar a su base socioelectoral junto con la inhibición del electorado de izquierdas y, así, asegurarse la próxima victoria electoral. 

Las derechas tienen un sentido antipluralista, consideran al Estado de su propiedad y su derecho a su primacía política, al creer, de forma esencialista, que son los auténticos representantes de la nación o del pueblo. Así, descalifican al sanchismo y estigmatizan a todas las izquierdas, particularmente a la transformadora y la nacionalista. Fortalecen su legitimidad utilizando un nacionalismo supremacista, excluyente y conservador y, ante nuevas realidades inmigratorias, refuerzan el racismo segregador para imponer la subordinación de la creciente población inmigrante, su control social y su asimilación cultural. La estrategia derechista configura su enemigo y se polariza, ahora, con el sanchismo, como actor dominante dentro del bloque democrático, tras la neutralización del procés independentista y la acción transformadora y plurinacional de su izquierda.

 Por tanto, existe un giro de los poderes fácticos españoles (y occidentales) hacia la derechización política, el desmantelamiento del Estado de bienestar y por el mayor control social y la homogeneización étnico-cultural, con el intento de recomposición y relegitimación de sus élites dirigentes en un régimen más regresivo y autoritario.

La quiebra del Estado de derecho  

El hecho más significativo del actual acoso judicial/político/mediático de las derechas ha sido la condena al fiscal general, sin pruebas. Se trata, además, de tapar la (presunta) corrupción del entorno de la presidenta Ayuso y advertir al Gobierno de quién manda, la derecha y su partido judicial. El mensaje es claro: hay que cerrar el (limitado) ciclo de progreso con hegemonía socialista, estigmatizado como ‘sanchismo’, y abrir un nuevo ciclo regresivo y autoritario de manos del pacto PP-VOX.

Se veía venir el plan para inhabilitar al Fiscal General, como paso relevante para deslegitimar al Ejecutivo y demostrar el poder fáctico de la derecha. El Tribunal Supremo lo ha hecho con una sentencia política, sin suficiente respeto a los fundamentos jurídicos: la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial, la desconsideración de pruebas favorables a la defensa, como las declaraciones de periodistas, o la no demostración de la existencia de pruebas acusatorias reales y justificadas.

La derecha política, judicial, económica y mediática quiere mandar e imponer otra etapa regresiva y de involución política, siendo para ellos un estorbo su falta de legitimidad parlamentaria. Tenemos mucha derecha antidemocrática en España, sin reciclar, y ahora se une a la nueva ola ultra europea y mundial.

La ofensiva derechista -discursiva, política y judicial-, siguiendo el plan trumpista, va invirtiendo el sentido político e ideológico de ambos bloques, conservador-autoritario y progresista-democrático: El sanchismo y sus aliados, el nacionalismo y la izquierda alternativa, estarían implantando una dictadura; las derechas estarían defendiendo la libertad y el Estado de derecho. Es la versión de la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, ante la pretensión de la fiscalía de juzgar a su entorno (su novio como presunto delincuente, con pruebas fehacientes de Hacienda) y su deseo de levantar una alternativa trumpista en España.

El objetivo de las derechas es batir a Sánchez y el gobierno de coalición, debilitar a las izquierdas y neutralizar y revertir este ciclo de progreso. Visto en perspectiva, este cambio progresista ha sido limitado: cierta reforma social y laboral, feminista e institucional/democrática, con la amnistía, la convivencia y la articulación territorial de Catalunya (y plurinacional) como especial revulsivo para las derechas y su nacionalismo excluyente, así como factor decisivo para consolidar la actual mayoría parlamentaria e impedir la investidura de Feijóo tras el 23J y durante esta legislatura.

Para las derechas es insoportable. Persiguen el recambio de poder gubernamental como sea, con la cada vez mayor presión ultra. Pero ante su impotencia para conseguir suficientes apoyos parlamentarios para una moción de censura se encuentran ante dos dinámicas: la frustración total, dependiendo del ritmo y las condiciones decididos por el Gobierno y su -frágil- mayoría parlamentaria; o la tentación de ir hacia un golpe de Estado blando que sea efectivo.

No obstante, la última raya roja que separa la democracia liberal de una dictadura es la legitimidad de unas elecciones generales libres y el correspondiente aval parlamentario. Y dada la mayoritaria conciencia democrática de la sociedad española y el marco europeo, todavía sujeto al Estado de derecho, es difícil que haya suficientes fuerzas autoritarias y estamentos de poderes fácticos con la determinación de imponer un golpe de Estado (político-judicial) exitoso, y que no revierta en su fracaso -incluido para la Corona- y en una reafirmación democrática.

Quizá el ascenso de VOX y las tensiones en la dirección del PP, tengan que ver con el cálculo de los riesgos de esa apuesta golpista, cuando en Europa (y EEUU), avanzan en un proceso gradualista hacia el autoritarismo: por una parte, con ocupación y control de los órganos del Estado, judicial y mediáticos, aparte de los económicos, gubernamentales y de la Administración pública; y por otra parte, con mayor control social, reducción de las libertades civiles y contención de los grupos sociales y políticos progresistas. Sin embargo, todavía hay algunos límites a esa involución política de las nuevas élites dirigentes: la persistencia de elecciones parlamentarias y libertades políticas básicas. Hay algunas diferencias con el fascismo de entreguerras, más totalitario y militarista.

La conclusión es que la actual dirección socialista y el presidente del Gobierno son quienes están fijando el calendario político-electoral. Aunque haya cierto parón legislativo y presupuestario, parece que se entra en una prolongada campaña preelectoral, con las elecciones autonómicas inmediatas que darán nuevos datos demoscópicos y de equilibrios institucionales. Junto con sus expectativas electorales y las dificultades de la gobernabilidad, Sánchez decidirá la oportunidad de la convocatoria electoral, más o menos anticipada, en sus mejores condiciones ventajosas y con la impaciencia de las derechas, que van a ir con todo para ganar. El peligro involucionista es serio y desde la perspectiva progresista y democrática hay que seguir preparándose contra ello en el doble campo, político-institucional y socioelectoral.