Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Se puede encontrar justificación que en la lucha para combatir la pandemia del Covid-19, el Gobierno y sus portavoces hayan utilizado la metáfora de que se trata de una “guerra”, pero lo que no se justifica es que hayan utilizado un lenguaje belicista con el agravante de pedir a la ciudadanía que se comporten como soldados en combate.

La responsabilidad de que esto haya ocurrido recae en un Gobierno que ha puesto en el mismo nivel a los militares que a los cuerpos civiles que combaten la pandemia. Así, se ha visto en las ruedas de prensa del Gobierno como la ministra de Defensa, el JEMAD (Jefe de Estado Mayor de Defensa) o al general que dirige la Unidad Militar de Emergencias (UME), tuvieran un lugar igual de destacado que el ministro de Sanidad, ministros y secretarios generales de otros ministerios que dirigen las operaciones de control sobre el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Así, se ha oído a los militares utilizar expresiones belicistas como, por ejemplo, que estamos sufriendo un “estado de guerra” o que se trata de “ganar la guerra”. O peores, cuando se han lanzado proclamas de que se está librando “una guerra no convencional”, que “todos somos soldados en esta guerra”, que hay que mantener “virtudes militares” y que la población ha mostrado “disciplina y se han comportado como soldados”.

Un lenguaje que tiene perversas consecuencias pues legitima unas formas de proceder que pueden conducir a actuar como si realmente se estuviera sufriendo un estado de guerra, y que inducen a la población a pensar que se han de someter a un estado de vigilancia y control como así ocurre en situaciones de guerra real en que la población se ve sometida a un recorte real de derechos y libertades que se justifican por el peligro de que se infiltren discursos y sujetos del bando enemigo. Algo que en la situación actual no tiene justificación porque el ejército no tiene las mismas capacidades para combatir el coronavirus que el personal sanitario y los otros muchos cuerpos civiles que están implicados en combatir la pandemia del Covid-19.

Además, en una situación real de “estado de guerra”, toda la economía productiva del país como la vida de las personas se pone en función de la guerra, cambios en los modelos de producción, movilización general de jóvenes para encuadrarlos en el ejército, etc. Una situación que deseamos que nunca se produzca.

Cierto es que se necesitan medidas de seguridad para impedir la movilidad de la población, pero esto es misión de los cuerpos de seguridad, no del ejército, pues en el caso de habilitarlo para tal función comportaría la militarización de la vida pública algo totalmente indeseable. Es por ello muy preocupante haber visto los primeros días la presencia del ejército por las calles patrullando armados con subfusiles en misiones de control y vigilancia, como si realmente estuviéramos en una situación de guerra. Aunque posteriormente el patrullaje lo han hecho sin armas.

Una cuestión muy diferente es que la UME u otras unidades del ejército no puedan prestar ayuda en la situación de emergencia que se vive en España, como por ejemplo, el transporte con aviones militares de material sanitario desde otros países; llevar a cabo tareas de desinfección de hospitales y espacios públicos; ayuda en la instalación de hospitales de campaña; traslados de enfermos y fallecidos… Pero esto no justifica que se sobredimensionen sus actuaciones poniéndolas al mismo nivel que las del personal sanitario y otros servicios de cuidado a las personas.

No son despreciables, pero sí hay que aclarar que estas funciones no son propias de militares y tendrían que recaer en los servicios de protección civil que seguro están mejor preparados. Porque no hay que olvidar que el ejército ha sido formado en estrategias militares y en el aprendizaje del uso de armas para hacer la guerra, pero no como un cuerpo de seguridad ciudadana y mucho menos para prestar ayuda humanitaria.

Además, hay otra cuestión importante, el despliegue de la UME ha sido de 2.682 militares, una cifra que además de la UME, a partir del 30 de marzo, se amplió a 6.282 militares que pasan a ser coordinados por el ministro del Interior. Mientras que el personal sanitario, de servicios sociales y de seguridad que están trabajando contra la pandemia suma centenares de miles de personas. Entonces no se entiende que se ponga en el mismo nivel el personal militar que el personal civil.

Lo que pone de manifiesto la pandemia del Covid-19 es que las funciones del ejército con respecto a la seguridad de la población son irrelevantes, pues cuándo en realidad se necesita de él por motivos de una emergencia, sea sanitaria o por catástrofes naturales, se le exigen funciones de carácter civil. Entonces, ¿por qué no llevar a cabo una reconversión de buena parte de esos 120.000 militares y convertirlos en un cuerpo de protección civil?.

Combatir la pandemia del Covid-19 es una obligación, pero si se saben las causas que virólogos y científicos han señalado y que surge de un comportamiento irresponsable de los humanos con la naturaleza. Entonces, ¿Por qué no ponerse a hacer las paces con la naturaleza? Y, en ese sentido, se empieza a reducir el consumo de proteína animal y la utilización de fertilizantes en la agricultura, ambos causantes de la pérdida de la biodiversidad que, a su vez, son las causas de la propagación del Covid-19. Entonces, lo que cabe es abandonar el sistema depredador que lo ha hecho posible, un capitalismo que en su afán de expansión y control invierte billonarias cifras en producir armamentos para el control de los recursos no renovables y, a cambio, ponernos a trabajar para recuperar las paces con la naturaleza, sin duda, el mejor antídoto contra los virus.