Los historiadores y las historiadoras empezamos a parecernos a la gente del campo. O al menos ese es el complejo que estoy empezando a arrastrar. Uno o una tiende a simpatizar con el campesino: de hecho, suele sonreír benévolo cuando aquel hace lo esperado, lo que todo el mundo espera de él: quejarse. Si el campesino se queja del tiempo, de que no llueve lo suficiente, o cuándo debería… eso es lo que se espera de él.

La única diferencia es que nosotros no nos quejamos del tiempo, sino del acceso a los documentos que nos permiten armar un relato histórico que también tiene que ver con la memoria: la memoria de los que hicieron y sufrieron la historia. Hoy homenajeamos al colectivo Memoria y Libertad por los años que dedicó a rescatar y documentar los nombres de las 2.936 personas ejecutadas por la dictadura franquista, la gran mayoría fusiladas muy cerca de donde estamos ahora. Imaginémonos ahora el periplo carcelario anterior de todas esas personas que pasaron por las cárceles de Madrid: a cada una de ellas le fue abierto un expediente personal, un expediente penitenciario cargado de datos valiosos. Datos de filiación, fecha de ingreso, incidencias durante su estancia en cárcel, salida y regreso del consejo de guerra, salida a capilla y recogida por el pelotón de ejecución.

Hace veintiséis años, el historiador, con complejo de quejoso campesino que está leyendo esto, no tuvo mayor problema en consultar toda esta documentación: los expedientes penitenciarios depositados entonces en una cárcel, la antigua prisión de mujeres de Yeserías, dependiente por entonces de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Cuando allá por el 2004 esa documentación pasó a las manos directas del Ministerio del Interior para acabar en el llamado Archivo general del mismo, un archivo de carácter “no público”, en la calle Amador de los Ríos, todo cambió. Una instrucción de 2006 procedente de una orden de la Dirección General de Policía restringió drásticamente las condiciones de consulta y reproducción que en teoría estaban garantizadas por la Ley de Patrimonio de 1986, una norma de rango teóricamente superior. El resultado fue, desde entonces y hasta el momento, la imposibilidad continuada de acceder a una documentación singularmente valiosa mediante una coartada que tiene que ver con la ocultación, a investigadores y público en general, de los nombres de los funcionarios policiales y carcelarios de aquel régimen. Tuve ocasión de referirme a esta instrucción varias veces, en más de un congreso sobre archivos de la represión, a modo de denuncia pública.

Desde entonces, la investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se ha visto gravemente frenada. Han pasado ya casi veinte años desde que se echó aquel freno. Se da la paradoja de que hoy día, los alumnos y alumnas de este historiador con complejo de quejoso campesino no pueden acceder a una documentación a la que él mismo accedió hace más de un cuarto de siglo, y todo ello después de una Ley de Memoria Histórica y otra de Memoria Democrática que contiene un rimbombante artículo sobre el derecho al acceso universal a los archivos de la represión. Como los campesinos muchas veces, más de las que nos imaginamos, creo sinceramente que este historiador quejoso tiene razón. Ojalá los poderosos, aquellos que tienen poder, hagan esta vez algo útil al respecto, en vez de sonreír con benevolencia y dejar que esta situación se prolongue un año más… precisamente, por cierto, el del cincuentenario histórico que andan celebrando.

Aunque bien es cierto que este historiador quejoso tampoco se engaña, y menos a estas alturas: tiene claro que hay poderosos más poderosos que otros, y entre los primeros está el actual ministro responsable de la documentación policial y penitenciaria de Madrid, el de Interior. Fernando Grande-Marlaska. Hace meses que este historiador quejoso informó con todo detalle de esta situación a otro poderoso menor, el secretario de Estado de Memoria Democrática, que por cierto también es historiador, aunque no se queja. Y nada. Continúan sonriéndonos benévolos. Y mientras tanto, historiadores y familiares, los nietos ya de aquellos fusilados, esperan. Esperamos. Con la mirada levantada al cielo, como la gente del campo, a la espera de que por fin llueva.