Al fin conocimos la sentencia de la pieza política de los ERE de Andalucía y, lamentablemente, no se cumplió ninguna de las circunstancias deseadas, más allá de una sentencia condenatoria que no deja lugar a dudas. Ni el PSOE, en concreto el PSOE andaluz, agachó la cabeza y pidió perdón, ni la oposición anduvo moderada con unas exigencias que trascienden el terreno de lo razonable.

Comenzaremos por el PSOE. La decisión de que no comparecieran los números 1 del PSOE a nivel nacional (Pedro Sánchez) y andaluz (Susana Díaz) es un error, por ser diplomáticos, porque lo que uno siente más bien es que se trata de una ofensa. Es un mal endémico en todos los partidos políticos: eludir la responsabilidad y no exponerse cuando, en realidad, han de estar en primera línea.

Por su parte, la intervención del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, fue tan nauseabunda como la rueda de prensa tras el 10-N, cuando tuvo la desfachatez de asegurar que el PSOE había frenado a la extrema-derecha después de haber propiciado el escenario para que se convierta en la tercera fuerza política. Escuchar a Ábalos asegurar que "no es un caso del PSOE porque el PSOE de Andalucía nunca ha sido investigado, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía" debería ser motivo suficiente para que él sí, se pensase en dimitir. Ábalos, con sus últimas intervenciones ha hecho gala de ser absolutamente indigno de una democracia limpia y honesta.

Si bajamos al PSOE andaluz, la situación no mejora. Su secretario de Organización, Juan Cornejo, también se cubrió de gloria. Después de que Griñán fuera condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y Chaves a 9 años de inhabilitación, y que la sentencia asegure que ambos conocían sobradamente el mecanismo opaco montado durante una década, Cornejo subrayó la "honorabilidad y honradez" de ambos. Dicho de otro modo, Cornejo desconoce el significado de esas palabras o, lo que todavía es aún peor, el hecho de que su medida de tales cualidades sea únicamente si uno se enriquece personalmente, si literalmente se lo lleva crudo a casa, debería encender todas las alarmas en Andalucía.

Aunque no se enriquecieran directamente con la trama montada, ésta sirvió para tejer una red clientelar que, en último extremo, perseguía perpetuar al PSOE en la Junta de Andalucía, lo que indirectamente claro que enriquecía a Chaves y Griñán, al tiempo que estafaba al pueblo andaluz. Si Cornejo y el PSOE andaluz no es capaz de ver eso, tienen un serio problema con la decencia más esencial.

Dicho esto, las declaraciones de la oposición fueron un disparate. Escuchar a PP, Cs y Vox exigir la dimisión de Pedro Sánchez es la constatación de su fracaso electoral y cuánto les escuece la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierdas. Todos ellos tienen sobrados motivos de arremeter contra el PSOE andaluz por el caso de los ERE, cuya sentencia es demoledora. De ahí, a exigir la marcha de Sánchez, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid cuando sucedió todo, hay un largo trecho.

La comparación de Gürtel y ERE y la moción de censura que la primera sentencia provocó tan sólo son legítimas en el sentido de que ni PP ni PSOE se responsabilizan de ellos. Ambas formaciones escurren el bulto porque ambas hacen gala de una moral esclerótica. La diferencia entre ambos casos es que mientras que Gürtel era una trama a nivel nacional, que salpicaba a Génova y Rajoy, hubo enriquecimiento personal y financiación ilegal del partido y sus campañas; los ERE se circunscribían únicamente a Andalucía, no salpicaron a Ferraz ni a su secretario general de entonces (que no era Sánchez) y no implicaron financiación ilegal del PSOE. Parece evidente que la comparación es forzar demasiado.

En cuanto a la cantidad de dinero estafado, 680 millones de euros, que efectivamente lo convierte en el caso más grande de corrupción por cuantía, que no por metástasis de la corrupción, en parte fue debido a que la trama funcionó durante una década. Y ahí, más allá de cargar de munición la artillería dialéctica de los partidos, la gran preocupación debiera ser por qué no funcionaron los métodos de control para detectarlo y pararlo y si estos controles deficitarios siguen en marcha.

La conclusión general es que en España la clase política tiene un largo margen de mejora de lo más básico, que es honestidad. Sin esa honestidad no se puede ser buen gestor y ninguno de los partidos mayoritarios han demostrado estar a la altura... ni siquiera el reaparecido ayer en redes sociales Albert Rivera, que lejos de asumir responsabilidades y hacer autocrítica en su dimisión, la justificó en que quiere ser feliz. Lamentable.