Imaginemos un país

Luis Suárez,

integrante de La Comuna

Supongamos un país que mantiene en situación de rehén a una población de más de 4 millones de personas solo por razón de su naturaleza étnica y religiosa, en un territorio ocupado ilegalmente a punta de fusil. Y que lleva haciéndolo 50 años desoyendo reiteradamente los llamamientos y condenas de los organismos internacionales de derechos humanos.

Un país que instala una extensa red de poblaciones doblemente ilegales en territorio ocupado, en forma de recintos habitados por cientos de miles de colonos, aislados respecto a la población autóctona y conectados mediante una red exclusiva de infraestructuras, confiscando para ello las tierras y cercenando la continuidad geográfica del país invadido, expoliando sus recursos naturales, en primer lugar el agua, y ahogando su viabilidad económica.

Imaginemos que ese país practica la opresión y represalia sistemática sobre la población civil colonizada, por ejemplo mediante la destrucción de viviendas y medios de subsistencia de los familiares y vecinos de quienes responden con actos de resistencia o confrontación desesperada.

País ese que administra arbitraria y restrictivamente la libertad de movimiento de la población ocupada, incluso de personas gravemente enfermas que requieren atención solo disponible más allá del territorio ocupado y cercado, hasta el punto de dejar morir a quien rechaza el chantaje de delatar a cambio de tratamiento médico.

Pues bien, siguiendo con el ejercicio, ¿resultaría imaginable que un país que actuara así no solo gozara de total impunidad, sino que fuera admitido y respetado en los foros ‘democráticos’ internacionales sin rechistar?

Más aun, ¿sería posible que tal país fuera históricamente el mayor receptor de ayuda militar de la que pretende ser gran reserva occidental de los valores democráticos, los Estados Unidos, y que en estos mismos días esta potencia le hubiera beneficiado con ‘el mayor acuerdo militar de su historia’?

Pues increíblemente la respuesta a estas preguntas es sí: no solo es imaginable y posible, sino un hecho en ambos casos. Y, sí, lo ha adivinado, el país imaginario es real y se llama Israel.

Y es también un hecho igualmente lamentable que esta prolongada y sistemática violación de los derechos más elementales, cargada además de odio xenófobo y supremacista, así como la reiterada hipocresía cómplice de occidente, no reciben apenas atención por parte de los adalides de los valores democráticos, sean estos medios de comunicación o ‘líderes’ políticos, en contraste con la que suscita, por ejemplo en nuestro país, la situación en Venezuela.

Desde La Comuna, como asociación de ex-represaliados del franquismo en pie por la exigencia de una justicia aún debida y negada, sentimos una especial simpatía solidaria hacia la situación de los presos y presas palestinos en cárceles israelíes. No hay en esta columna espacio para describir adecuadamente la arbitrariedad y crueldad que aplica Israel a la población palestina encarcelada por motivos políticos, que se eleva a unas 7.000 personas. Solo se pueden ofrecer algunos trazos generales.

La asociación pro derechos humanos de los presos palestinos (PHROC-ADDAMEER) estima que desde la ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967, unos 800.000 palestinos, o lo que es lo mismo, un 20% de la población total, han sido encarcelados en algún momento por Israel. Actualmente hay unos 400 niños presos; y más de 700 presos se encuentran bajo ‘detención administrativa’, una figura legal contraria a cualquier noción de un estado de derecho utilizada de forma creciente por el gobierno israelí que permite privar de libertad sin proceso y sin acusación concreta durante tiempo indefinido.

Un informe del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas del mes de mayo pasado exige al gobierno israelí poner término a la práctica de las detenciones administrativas, así como asegurar que todas las personas actualmente sujetas a esa medida reciben las garantías jurídicas básicas. Pero no hay duda de que Israel ignorará una vez más los pronunciamientos internacionales.

La represión política israelí se asienta por una parte en la negación de los derechos civiles palestinos, por lo que prácticamente toda forma de organización o expresión social o política de esta población es considerada ilegal y motivo de detención; y por otra en la impunidad con la que se emplea con crueldad contra los prisioneros, privados de derechos, de atención sanitaria y de condiciones humanas, y sujetos a torturas en los interrogatorios en los centros de detención, bajo el principio de que se trata de enemigos del estado de Israel, ciudadanos en definitiva de segunda y sospechosos simplemente por su condición de palestinos.

Las cifras de prisioneros palestinos que mueren en las cárceles son escalofriantes: un total de 203 acumulados según las organizaciones humanitarias, de los que 71 lo han sido por torturas, 51 por falta de atención médica, 74 asesinados en algún momento entre su detención y la entrada en prisión, y 7 directamente tiroteados en sus celdas.

Uno de los últimos presos asesinados es Abu al-Iz Halaweh, miembro de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, de Nablus, golpeado hasta morir a finales del pasado mes de agosto en el centro de detención de Juneid. En la foto adjunta de Halaweh, difundida por twiter, se puede hacer una idea del trato conducente a su fallecimiento.

En ese contexto, los presos palestinos luchan a menudo a la desesperada con las únicas armas que les quedan, esto es, con sus vidas. Estos son algunos ejemplos de ahora mismo:

Mahmoud Al-Balboul, 22 años, sicólogo de Belén, en huelga desde el 4 de julio, actualmente en una unidad de cuidados intensivos.

Mohamed Al-Balboul, de 25 años, dentista y hermano de Mahmoud, en huelga de hambre desde el 7 de julio y víctima de malos tratos, también se encuentra en cuidados intensivos, ha perdido la visión y ha sido amenazado por el personal médico con alimentarle a la fuerza.

Malek Al-Qadi, estudiante de medios audiovisuales de 20 años, en huelga desde el 15 de julio y en condiciones penosas, está siendo alimentado a la fuerza.

Para finalizar, me gustaría lanzar al aire una pregunta ingenua: ¿cuándo podremos ver a alguno de nuestros ex-presidentes viajando a Israel y Palestina para interesarse por las flagrantes y persistentes violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población árabe?