Los incendios ponen a prueba la seguridad colectiva y la democracia

La valoración sociopolítica de una catástrofe como los incendios recientes en diferentes puntos de España (y de los países mediterráneos y del mundo) es difícil separarla de la experiencia vital de inseguridad que embarga a las personas directamente afectadas y, en general, a gran parte de la población susceptible de ese riesgo, cada vez más frecuente, virulento y de impacto masivo para la gente, la naturaleza y la gestión institucional.

Este desastre muestra la vinculación entre la sostenibilidad medioambiental y la seguridad colectiva de la gente, la interacción entre naturaleza y humanidad, la tensión entre calidad de las relaciones sociales cooperativas y el elitismo corporativo. Se ha hecho presente el trauma de una subjetividad condicionada por la incertidumbre y el miedo que, sin garantía de una respuesta consistente y participativa del Estado (o la comunidad), es manipulable por el autoritarismo ultra; o bien, se abandona a la inercia del mercado y las distintas relaciones de poder.

Esta experiencia ofrece enseñanzas sobre la necesidad del refuerzo de las instituciones públicas y la democracia, con sus límites, como medios colectivos de abordar los riesgos colectivos. En particular, destaca la ejemplaridad de muchos servidores públicos, frente a la reacción autoritaria y demagógica de las derechas que instrumentalizan las dificultades sociales para salvar los intereses de los grandes poderes económicos, atacar las estrategias ecologistas e impulsar la regresión social y política.

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Antonio Antón

La coordinación institucional entre Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha sido razonable… pero dando por supuesto las insuficiencias de las políticas preventivas y los recursos presentes, algunos recortados por las propias derechas. La gestión política, como es habitual en los demás campos en los últimos tiempos, también ha estado sometida a la estrategia reaccionaria contra el Gobierno progresista. No ha tenido demasiado fundamento ya que, en las deficiencias de fondo, son todavía más responsables los Ejecutivos derechistas.

Tampoco han tenido mucho eco ciudadano los intentos ultras de desbordar, de forma descalificadora, la estructura institucional y la articulación de los distintos servicios públicos que, dados sus escasos recursos, han tenido que suplirlos con el sobreesfuerzo de su personal y la colaboración comunitaria.

Una experiencia social traumática y cooperativa

Se han hecho diversos estudios de expertos. Me centro en la combinación entre una experiencia personal y colectiva ambivalente, traumática y cooperativa, y la mejora de una respuesta institucional, positiva en lo inmediato, pero con deficiencias estructurales evidentes.

Soy una de las personas desalojadas, entre las cien mil afectadas por evacuación o confinamiento forzosos, del incendio en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y Ávila. Es el tercer incendio sufrido en los últimos quince años. El primero de ellos con el fuego de todo el monte próximo y hasta la puerta de mi casa (y varias urbanizaciones), y sofocado por medios aéreos. Éste último, de una semana de duración, ha sido el más dañino y amplio en España, en lo que va de siglo.

El desalojo habitacional, más allá del susto inicial, la incomodidad y la incertidumbre por las consecuencias del incendio, no ha sido problemático. El realojo en algunas instancias deportivas municipales y, sobre todo, con la acogida y la colaboración cívica de amistades y familiares ha sido ejemplar, así como la vuelta.

Voy camino hacia los ochenta, y tengo que mencionar el recuerdo de mi experiencia infantil. Pasé los veranos de mi infancia entre los grandes pinares de la provincia de Soria, con mis abuelas y tíos. Allí, en los años cincuenta, de niño, descubrí el trauma de los incendios y, también, la solidaridad de la gente de todos los pueblos para combatirlos, así como el aprovechamiento colectivo y el cuidado permanente de los bosques. Compensaba mi socialización urbana en Zaragoza.

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Antonio Antón

Procedente de una familia trabajadora humilde, empecé a trabajar al día siguiente de cumplir los catorce años —la edad mínima legal entonces—, precisamente en el organismo estatal de protección del patrimonio forestal en Aragón. Aprendí los rudimentos básicos de ecología y de conservación de los montes.

La sensación tras estas siete décadas, de grandes avances científicos y económicos y cambios institucionales, es que se mantiene ese riesgo del fuego, ese desamparo vital ante la potencia cada vez mayor de las llamas y la convergencia de amenazas existenciales.

Persiste una relativa impotencia del Estado frente a los grandes incendios, sin las adecuadas políticas preventivas, los imprescindibles medios para combatirlas y la capacidad regulatoria sobre los factores socioeconómicos y productivos que los favorecen. La pregunta es cómo evitarlos, y garantizar la seguridad de la sociedad y la sostenibilidad medioambiental.

Creo que enlaza con la percepción social de la mayoría de gente joven, perpleja ante la disociación entre los grandes avances tecnológicos y la escasez de capacidades políticas para garantizar el bienestar colectivo de la población. Se acentúa la desconfianza en las élites institucionales.

Una estrategia para garantizar la seguridad y el bienestar 

Afecta a la responsabilidad del conjunto de la clase política y, en particular, de la mayoría progresista: desarrollar una estrategia prolongada y de fondo, capaz de afrontar estos riesgos medioambientales y dar seguridad a la población. La solución no vendrá del simple desarrollo económico-productivo, todo lo contrario; es la sociedad organizada, a través del Estado democrático y con la propia participación pública y cooperativa, quien debe retomar esa tarea.

Según informes expertos, hasta más de ocho millones de personas, el 20% de la población española, están en riesgo de verse afectados por un fuerte incendio al estar sus domicilios próximos a una gran masa forestal con gran potencial de combustión.

No es la única incertidumbre derivada del cambio climático y la crisis medioambiental. Hace poco sufrimos la experiencia de la DANA en Valencia y las consecuencias de inundaciones. Hace unos años vivimos el masivo impacto de la pandemia del covid y el confinamiento generalizado.

A esos peligros biológicos y medioambientales, agravados por la mala intervención humana en la naturaleza, le podemos añadir los riesgos geopolíticos, incluidas las guerras y la amenaza nuclear, y los económicos-productivos-tecnológicos causantes de precariedad laboral, desigualdad social y relaciones neocoloniales.

Se completa un panorama de aceleración de la incertidumbre vital, la fragmentación social y la reorganización de las estructuras sociales básicas, como la familia o las relaciones interétnicas. Es la tendencia neoliberal hacia la individualización, la pérdida de sentido comunitario y convivencia intercultural, y el incremento de la mercantilización y la segregación.

Vivimos en una 'sociedad del riesgo', como ya acuñó, entre otros, el sociólogo alemán Ulrich Beck hace tres décadas. De esa percepción social deriva la necesidad imperiosa de aplicar el principio de precaución y las correspondientes dinámicas económicas y productivas, en beneficio de la humanidad, así como la orientación progresista de las políticas públicas.

No obstante, a la ampliación de esos diferentes tipos de riesgos, se añaden las debilidades de los distintos mecanismos reguladores y protectores de las sociedades. Ante el declive de la hegemonía imperial estadounidense, el trumpismo y la nueva derecha ultra, grandes defensores de la energía fósil y los intereses de las grandes petroleras, apuestan por una nueva fase de acumulación de beneficios, en base de la revolución tecnológica, pero subordinando la sostenibilidad del planeta, el derecho internacional y la equidad en sus sociedades.

Existe una pugna profunda por la orientación y la recomposición de un nuevo orden con el reequilibrio de ganadores —la minoría de sectores acomodados ascendentes— y perdedores —la mayoría popular, especialmente en el ámbito mundial—, con una nueva dinámica social segregadora, racista y antifeminista, y una nueva primacía política de los sectores ultras y conservadores. La actitud ante el cambio climático es un campo de pugna política.

El Estado de bienestar europeo está en proceso de reestructuración de sus funciones reguladoras y protectoras, con continuados recortes sociales, privatización y segmentación asistencial. Se había construido como respuesta institucional a los riesgos sociales de la enfermedad, la vejez y el paro. Los sistemas de seguridad social, la sanidad pública, el sistema de pensiones y de prestaciones por desempleo… todavía perviven y constituyen para la población la joya de la corona de las garantías públicas frente a esas incertidumbres vitales. Junto con la educación pública y los derechos laborales constituyen logros históricos. Ahora se han incorporado los derechos medioambientales, al igual que los feministas o la convivencia intercultural y el pacifismo.

Fueron conformadas tras los conflictos sociales de entreguerras, el esfuerzo popular y de las izquierdas contra la ofensiva nazi-fascista y la necesaria cohesión social y estabilidad política. Esa etapa está terminando, pero los ejes de la nueva etapa están por definir. Están sometidos al conflicto social y al dilema del futuro de la propia civilización: avance en la emancipación popular, la libertad cívica y la solidaridad social, o bien retroceso autoritario y segregador.

Pero esta vez, en la perspectiva, se va imponiendo lo crucial de asegurar conjuntamente el porvenir de la propia humanidad y del planeta. La solución a la crisis medioambiental y la reproducción de la vida va ligada a una democracia social y democrática avanzada. Supone un nuevo modelo europeo.